La actualización de la Ley de Arbolado Público de Mendoza modifica cinco artículos de la normativa vigente y otorga mayor autonomía a los municipios para intervenir sobre los árboles de la vía pública. Así lo explicó Ignacio Haudet, director del Ecoparque, en diálogo con Podría ser Peor, de Radio U.

“Lo que está haciendo la provincia con el arbolado público es delegar facultades en los municipios para poder accionar”, señaló. Hasta ahora, ante determinados reclamos, las comunas debían iniciar un expediente y solicitar la autorización provincial. Con el nuevo esquema, podrán resolver estas situaciones de manera directa, aunque deberán presentar una planificación a cuatro años y elaborar informes anuales sobre las acciones realizadas.

El árbol de la vereda es un bien común

Uno de los principales cambios alcanza a los reclamos de los vecinos por árboles ubicados frente a sus viviendas. Haudet remarcó que estos ejemplares no son propiedad de los frentistas y que cualquier intervención debe ser autorizada por la autoridad competente. “El árbol no es de dominio propio, no es propiedad privada, es un bien común”, afirmó. Por eso, si un ejemplar levanta una vereda, genera una interferencia o está seco, el vecino debe realizar el reclamo ante el municipio y esperar una evaluación técnica. “No corresponde que el vecino haga o tome cartas en el asunto porque no es su responsabilidad. Tiene que hacer sí o sí el reclamo en la municipalidad”, explicó. La evaluación también permitirá determinar si el árbol debe ser retirado o si puede conservarse mediante otra intervención.

Más árboles y control sobre las podas

La normativa busca preservar el bosque urbano y establece como criterio que, por cada árbol que se erradique, se planten al menos tres nuevos ejemplares. Haudet aclaró que no necesariamente deben ubicarse en el mismo lugar, sino que pueden distribuirse en las inmediaciones o en otros espacios verdes según la planificación municipal.

También advirtió que no cualquier especie es adecuada para las veredas y que las empresas de electricidad, telefonía o cable no pueden podar árboles públicos sin autorización. “Mostrame el certificado y mostrame la habilitación que te estén dando los municipios o la autoridad de aplicación”, ejemplificó.

En ese sentido, destacó que el arbolado debe ser entendido como un servicio público por los beneficios que aporta: “El árbol es un ser vivo que tiene un valor ecosistémico muy importante”, afirmó. La plataforma Mi Árbol, que reúne información sobre el arbolado público, será otra herramienta para actualizar el registro y mejorar la planificación de las intervenciones.

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