La detención del sindicalista Roberto Macho bajo la insólita acusación de “delitos contra el tránsito” muestra una lamentable condición represiva desde el gobierno provincial, que ante su falta de respuestas satisfactorias a las demandas de los trabajadores estatales, responde de la manera más beligerante y menos conveniente.

La imputación de “delitos contra el tránsito” a quienes ejercen protesta social, desnuda la maniobra de leyes impuestas bajo el manto de Código contravencional, el cual no es sino una tapadera para el ejercicio del poder estatal contra la oposición sindical y política. En medio de una provincia convulsionada por movilizaciones y huelgas masivas, la respuesta es encarcelar a uno de los líderes sindicales, bajo pretexto de haber ocupado la calle para la protesta. Como si se pudiera protestar eficazmente desde la propia casa, o al interior del edificio sindical.

Apenas a unas horas de la detención de Macho se organizó una marcha que finalizó en la mañana del miércoles frente al Palacio de Justicia. A esa hora la detención de Macho había ya aparecido en varios medios de información de alcance nacional, como pudo verse en C5N en la noche del martes, cuando el gremialista Omar Plaini denunció lo sucedido.

La inacción del actual gobierno provincial –del que suele saberse sólo por cuestiones como la insólita cesión de 12000 hectáreas de Malargüe a una ignota sociedad, o el subsidio político al pastor Bonarrico-, suele resolverse discursivamente echando la culpa de cuanta cosa exista al gobierno nacional, en actitud infantil. Y ahora se refuerza una actitud represiva que en su momento se advirtió con el ataque realizado contra la organización Tupac durante el gobierno anterior, del cual la presente gestión es mera continuidad.

Esta vez el enfrentamiento es contra un sector importante de la sociedad. Se percibe cansancio frente a un gobierno que gasta fortunas en manejo de pauta para los medios y manifiesta tener cuentas en superávit, mientras va retrasando los salarios del personal estatal, de educación, de justicia, de seguridad y de salud a niveles inéditos.

El paro docente ha contado con notable apoyo de la sociedad: la mayoría de los padres decidió no enviar sus hijos a los colegios. Mientras, la manifestación del día 25 fue llamativamente multitudinaria cubriendo quince cuadras de trabajadores, que totalizaron  no menos de 25000 personas: una expresión colectiva enorme.

A pesar de estas claras muestras de que hay un amplio sector social que apoya las medidas de fuerza –además de los trabajadores sindicalizados- la respuesta gubernativa no puede ser menos equilibrada: una especie de declaración de guerra a los sindicatos, que probablemente transforme a Macho (hasta hace poco gremialista preferido desde el sector oficial) en un inesperado héroe de la clase trabajadora mendocina.

Echar kerosén al fuego no parece ser una política razonable. La situación social es difícil, y el aumento de la tensión implica jugar con fuego. La población de Mendoza está cansada de caminar sin rumbo, de advertir la total falta de plan estratégico que deja a nuestra provincia cada vez más en desfavor, lo que se hace notorio al comparar con las provincias vecinas de San Luis o San Juan. Como en aquellas viejas canciones, no sabemos si “Córdoba va”, pero es claro que “Mendoza está”, que no va a ninguna parte. Y reduciendo el valor adquisitivo de los salarios, peor aún. Se necesita menos dinero para los Bonarrico y la pauta de manejo periodístico, y más para los trabajadores. Porque si la respuesta a las demandas salariales es encarcelar sindicalistas, vamos en una espiral de ceguera y enfrentamiento crecientes.-