El proyecto de la nueva “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” comenzará a tratarse este lunes en la Cámara de Diputados y promete una sesión maratónica. Se incorporó una reforma laboral acotada y acordada por el Gobierno y sus aliados. También se quitó al Banco Nación de la lista de empresas a privatizar. Por otro lado, se adjuntó un paquete fiscal, con varias iniciativas en términos impositivos, que dotarán al fisco nacional y las provincias de mayores recursos.

Será la segunda vez que el oficialismo intentará aprobar en la Cámara Baja la ley ómnibus, tras el ensayo fracasado durante el verano, en sesiones extraordinarias, que terminaron con una aprobación en general, pero en un naufragio al momento de los votos necesarios durante la discusión en particular. Tras varias semanas de renegociación, llegó al Congreso una segunda versión, más acotada, del mismo proyecto.

Delegaciones

Se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año.

Disolución, fusión o modificación de organismos públicos

El proyecto faculta al Ejecutivo a disponer la disolución total o parcial, fusión, escisión, modificación o transferencia de organismos de la administración central o descentralizada del Estado. Sin embargo, a pedido de la oposición, se escribió un listado con los órganos que el estado no va a "poder tocar". No podrá disponer la disolución del Conicet; el Laboratorio Malbrán, la Anmat, el Incaa, el Enacom, el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau); la Comisión Nacional de Valores (CNV); el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai); la Unidad de Información Financiera (UIF); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Intervenciones

Se faculta al Ejecutivo a poder intervenir, por el plazo de un año, organismos descentralizados, con exclusión de las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan; la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat); el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán (Anlis); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau); la Unidad de Información Financiera (UIF) y las instituciones de la seguridad social.

Dictamen de mayoría del proyecto del Poder Ejecutivo de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Foto: @DiputadosAR
 

Sistema previsional

La nueva ley ómnibus contempla la derogación de la moratoria previsional y crea la figura Prestación de Retiro Proporcional para aquellas personas que cumplieron 65 años y que no completaron los 30 años de aportes necesarios para jubilarse. Quienes se encuadren en esa figura cobrarán a partir de esa edad un haber mínimo equivalente a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80 % de la jubilación mínima ($ 260.141,60 contemplando el refuerzo) y no deja derecho a pensión por viudez. En mayo, los beneficiarios de la PUAM cobrarán $ 222.113 divididos en $ 152.113 y $ 70.000 del bono que anunció el Gobierno.

Según la cantidad de años de aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Ejecutivo deberá definir qué adicionales percibirán sobre ese piso.

Reforma laboral

El cambio quedó finalmente reducido a la extensión del período de prueba, que actualmente es de tres meses. La propuesta nueva consiste en llevarlo a seis meses para empresas de más de 100 trabajadores, de ocho meses para pymes de seis a 99 trabajadores, y de un año para minipymes de hasta cinco trabajadores.

La empresa solamente podrá contratar a un trabajador o a una trabajadora bajo la figura del período de prueba una sola vez. La utilización abusiva del período de prueba para evitar la efectivización del personal será pasible de sanciones.

En cuanto al fondo de cese laboral optativo, este se determinará en los convenios colectivos de trabajo como alternativa a las indemnizaciones (de hasta el 8 % de las remuneraciones).

Empleadores del sector privado deberán regularizar vínculos laborales que comenzaron antes de que la ley entre en vigor, concediéndoles un período de 90 días para hacerlo. Los empresarios quedarán eximidos de cualquier acción legal y deudas relacionadas con infracciones, multas y sanciones, y también serán eliminados del Registro de Sanciones Laborales.

En cuanto al empleo público, entre las modificaciones, se dispone que los sindicatos estatales no podrán descontar parte del salario de trabajadoras y trabajadores que no estén afiliados o que no hayan expresado de forma explícita su acuerdo para que el gremio realice dicho descuento. También determina que a aquellos trabajadores que realicen una huelga se les descontará un proporcional por las horas no trabajadas, sin ningún tipo de sanción administrativa, y establece que aquellos funcionarios de órganos u organismos que sean eliminados serán pasados a disponibilidad por hasta 12 meses y que después serán desvinculados de la Administración Pública Nacional si no consiguen otro puesto.

Privatizaciones

Dentro del capítulo referido a la “reforma del Estado” se incluyen las privatizaciones. El proyecto declara empresas sujetas a privatización a Aerolíneas Argentinas S.A., Energía Argentina S.A., Radio y Televisión Argentina S.E., e Intercargo SAU. También declara sujeta a privatización a Nucleoeléctrica Argentina SA y a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, aunque, en estos dos casos, establece que el Estado debe mantener el control o la participación accionaria mayoritaria.

Por otro lado, se propone un esquema de concesión privada para las empresas Agua y Saneamientos Argentinos S.A., Correo Oficial de la República Argentina S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (Sofse) y Corredores Viales S.A.

Régimen de inversiones

La ley de Bases establece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos de inversión que superen los USD 200 millones. Además, impone una alícuota única del impuesto a las ganancias del 25 %; la actualización de quebrantos por IPC en Ganancias; tratamientos tributarios preferenciales para las utilidades y dividendos; la contabilización del 100 % del impuesto a los débitos y créditos como pago a cuenta de Ganancias y la posibilidad de pagar el IVA a proveedores y a la AFIP con certificados de créditos fiscales.

Paquete fiscal

El proyecto adjunto establece numerosos cambios en el paisaje impositivo, con el regreso de la cuarta categoría de Ganancias, una baja de Bienes Personales a lo largo de los próximos años, una actualización de las escalas del monotributo, una amplia moratoria de deudas tributarias y un blanqueo de capitales.

-Ganancias y monotributo

El impuesto a las ganancias empieza a pagarse a partir de un sueldo de $1.800.000 en el caso de solteros y de $2,2 millones para casados. Después de una ardua discusión –porque el oficialismo quería que la actualización sea anual–, se fijó que, en lo que queda del año, el ajuste por inflación (IPC) será trimestral (en septiembre) y después cada seis meses.

El Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo) actualiza los topes de facturación y cuotas, con subas de entre el 300 % y el 330 %. El ingreso tope anual sería de $ 68 millones, con la novedad de que será para actividades de comercio y servicios por igual.

-Bienes Personales

Los cambios contemplan una reducción del piso a partir del cual se empieza a pagar el impuesto y una disminución en las alícuotas. Según el proyecto, el mínimo no imponible subirá de $ 11 a $ 100 millones y la deducción por la vivienda familiar pasará de $ 56 a $ 350 millones.

Hay un programa de pago adelantado de cinco años con una tasa reducida, que después habilita el "equilibrio fiscal", con el pago de un porcentaje muy bajo para el contribuyente hasta 2038. Se incluyó un beneficio para el contribuyente cumplidor, de medio punto de alícuota.

-Blanqueo y Moratoria Fiscal

El blanqueo permite regularizar activos no declarados hasta UDS 100.000 sin pagar el impuesto especial. Contempla alícuotas progresivas hasta el 15 % para montos superiores a UDS 100.000. En la primera etapa, que se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2024, la tasa sobre el excedente será del 5 %; en la segunda etapa, hasta el 31 de diciembre de 2024, será del 10 %; y en la tercera, hasta el 31 de marzo de 2025, del 15 %.

La moratoria permitirá pagar las obligaciones impositivas y de la seguridad social vencidas al 31 de marzo de 2024 en hasta 84 cuotas con diversos beneficios, como la condonación de la totalidad de las multas y de hasta el 70 % de los intereses por los saldos adeudados, dependiendo de la modalidad de pago.

Fondos fiduciarios

Se autoriza al Poder Ejecutivo a unificar, modificar, o liquidar los fondos fiduciarios públicos. Para que, como pasó en febrero, este artículo no haga fracasar la ley, se fijó –a pedido de la oposición y, sobre todo, de los gobernadores– que, si disuelven un fondo que era financiado por una asignación específica, se coparticipe. Si se disuelve un fondo financiado por una asignación específica de un tributo no coparticipable, el tributo volverá a ser destinado al Tesoro Nacional. Otro punto importante: quedó excluido el Fondo de Subsidios "Zonas frías", que es el que beneficia a los consumos residenciales de gas de las provincias del sur.