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02 DE DICIEMBRE DE 2024
El gobernador firmó el decreto. Fue un pedido del fiscal de Estado. Las declaraciones serán de libre acceso. Si no las presentan, los sancionarán. Alcanza a mandos del actual gobierno.
Antes de dejar su lugar en Casa de Gobierno el 10 de diciembre, los funcionarios de Francisco Pérez deberán presentar su declaración jurada patrimonial, y si no cumplen podrán ser sancionados. Así lo establece el decreto que firmó el mandatario.
La medida fue establecida a través del decreto 1789, firmado por el gobernador Francisco Pérez el 17 de octubre pero publicado hoy miércoles 28 en el Boletín Oficial. Esta fue la respuesta del mandatario a un pedido que le cursó el fiscal de Estado, Fernando Simón.
La medida alcanza al gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios y subsecretarios, directores, escribano de Gobierno, fiscal de Estado, jefes de gabinete, asesores y el tesorero de la Provincia. Además, están comprendidos los contadores y tesoreros habilitados de todas las jurisdicciones y unidades organizativas o de la autoridad que sea responsable ante el Tribunal de Cuentas, el jefe y subjefe de Policías, prefecto general y del Servicio Penitenciario y todo el personal que intervenga en el manejo de los fondos públicos.
El escrito detalla que los funcionarios o empleados que no presenten la declaración jurada en el plazo previsto podrán ser intimados por Fiscalía de Estado y deberán presentarlo en cinco días hábiles y que el incumplimiento de este llamado de atención será considerado una falta grave. Además, los agentes podrán ser sancionados y hasta se podrá tramitar la separación de sus cargos.
La norma establece que las declaraciones juradas que presenten los funcionarios deberán tener los mismos datos que los solicitados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) para la declaración de ganancias y bienes personales. También indica que la información deberá actualizarse en forma anual.
El decreto, publicado en el Boletín Oficial, crea el Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales de la Función Pública, cuya autoridad de aplicación será la Fiscalía de Estado, que dará publicidad a los escritos, al mismo tiempo que los nombres de aquellos los funcionarios que no quieren transparentar su situación patrimonial. Las declaraciones juradas serán publicadas en la página oficial de la Fiscalía de Estado y serán de libre acceso para cualquier ciudadano que desee consultarlas.
En los considerandos del decreto se asegura que la declaración jurada es una herramienta más para transparentar el accionar de las personas que ejercen la función pública. También aclara que existen varios proyectos en la legislatura que contemplan esta obligación, los que nunca fueron aprobados por falta de acuerdo entre las fuerzas políticas.
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