Negocio borra grieta: la estatización de Impsa
Lo que sucedió con esta empresa constituye un claro ejemplo de cómo la ficticia grieta, nutrida por los partidos mayoritarios para fines electorales, se desdibuja cuando hay negocios y cargos de por medio.
Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
La estatización de Impsa constituye un claro ejemplo de cómo la ficticia grieta, nutrida por los partidos mayoritarios para fines electorales, se desdibuja cuando hay negocios y cargos de por medio. Impsa ha sido un emblema de la gran potencialidad mendocina y, a la vez, es un emblema de cómo las empresas que han interactuado con los populismos latinoamericanos, signados por la inseguridad jurídica y la corrupción, han entrado en el ocaso. Un populismo que, desde el Estado nacional y hoy con la anuencia del Gobierno provincial, se terminará apropiando de una compañía que supo configurar en Mendoza un fuerte y simbólico polo tecnológico y que la terminará por fundir, lo que afectará también a todas las pymes con las que interactúa.
La estatización no es la solución indicada. Las empresas públicas se han terminado convirtiendo en fuentes de trabajo y de prebendas en beneficio de familiares y acólitos políticos. En nuestro país y provincia, las empresas en manos del Estado devienen en un festival de déficit, de despilfarro de recursos y de pésima gestión, que terminan redundando en la provisión de servicios de bajísima calidad para los ciudadanos. Aerolíneas y Aysam son dos casos paradigmáticos de inoperancia estatal.
Una empresa de altísima sofisticación será manejada por directores políticos kirchneristas designados desde Buenos Aires, lo que dará lugar al futuro proceso de “morenización” de la empresa. Salvo que se produzca una rara excepción, el gerenciamiento político de Impsa va a terminar por quebrar y vaciar definitivamente a la empresa a raíz de las profundas y arraigadas fallas del Estado.
No le estamos proporcionando un salvataje a Impsa, le estamos tirando desde el Estado un salvavidas de plomo. Basta de buscar las soluciones por el lado de un Estado cada día más omnipresente, inepto y gigantesco. Estos problemas se subsanan con más mercado y menos injerencia del sector público.
No se comprende por qué el Estado nacional y el provincial financian una empresa cuyos accionistas (BID, Banco Nación, BICE, bonistas, etc.) cuentan con amplia solvencia para poder capitalizar a la empresa. Tampoco se entiende, similarmente a lo sucedido con VALE, por qué el Estado provincial debe hacerse cargo de una compañía en la que ningún privado pretende invertir. O, quizás, la entrega de Impsa al kirchnerismo, grupo que dominará la empresa, sea el precio que la provincia deba pagar por la obra de Portezuelo del Viento...
Además, no es racional sacrificar fiscalmente a los mendocinos para aventurarse en un negocio cuyas ganancias se desconocen. Nadie en su sano juicio va a invertir a ciegas. El Estado no puede asignar recursos a destinos inciertos ante la grave crisis social, económica y sanitaria por la que Mendoza está atravesando y, principalmente, frente al alarmante índice de pobreza registrado por nuestra provincia (del 44 %), valor ubicado por encima de la media nacional.
En este escenario, entendemos que el Estado debe disponer del dinero para apoyar a pequeños empresarios, a productores, a comerciantes, a personas con oficios que no tienen acceso alguno al crédito. O invertir esos abultados fondos en infraestructura escolar, en conectividad, en obra pública, en la adquisición de vacunas y en la alimentación de nuestros niños, muchos de los cuales están pasando hambre.
Esta medida, anclada en una filosofía Nac & Pop, va a transformar a Impsa en una agencia de colocación de amigos políticos y en un gran elefante estatal que los mendocinos van a tener que sustentar, a lo largo del tiempo, con el pago de sus impuestos. La apropiación populista de Impsa es un claro indicio de que nos estamos aproximando cada día más al modelo venezolano. Con este proyecto, se está siendo cómplice de la ambición y la aspiración kirchnerista de apropiarse y adueñarse de un núcleo de empresas privadas.
La nota de opinión lleva los nombres de Mercedes Llano, diputada provincial por el Partido Demócrata; Roberto Ajo, presidente del Partido Demócrata; Hugo Laricchia, de MendoExit; Damián Wegner, del Partido Libertario; Luis Giachino, concejal de la Ciudad de Mendoza por Servir; Jorge Chiogna, de Unidos, y Alejandro Vargas y Walter Tobares, de UNIR.
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