Organizaciones rechazaron “un nuevo embate de la megaminería sobre los territorios”

Cincuenta entidades de todo el país firmaron un comunicado. Fue la repuesta al lanzamiento de la Mesa Nacional que puso en marcha la Nación.

Organizaciones rechazaron "un nuevo embate de la megaminería sobre los territorios"

Mendoza es una de las 7 provincias que tiene una ley (7722) que restringe el uso de sustancias tóxicas en proyectos mineros. Foto: Unidiversidad

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Publicado el 04 DE MAYO DE 2022

Organizaciones y asambleas de todo el país, incluida Mendoza, firmaron un comunicado en el que aseguran estar preocupados, pero no sorprendidos, ante lo que consideraron un “nuevo embate del Gobierno y las transnacionales mineras sobre los territorios”. El escrito fue la respuesta al lanzamiento de la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac), que la Nación concretó ayer.

Luego del primer encuentro de Memac, las organizaciones dieron a conocer el comunicado, en el que destacaron: “Nos preocupa, aunque no nos sorprende, ya que han intentado exactamente lo mismo en varias oportunidades desde que se instaló la gran minería en nuestro país en la década de los 90”. En el escrito aseguraron que no rechazan el diálogo ni el debate, sino lo que consideran un espacio de “falso diálogo, que tiene como destino prefijado avanzar con la megaminería, subestimando los saberes territoriales y populares, e invisibilizar 20 años de resistencia”.  

“El único y exclusivo objetivo de esta Mesa es romper las resistencias territoriales y avanzar en las 7 provincias de Argentina que limitan el uso de sustancias tóxicas y peligrosas en la actividad minera y que fueron obtenidas [esas limitaciones] a través de verdaderos procesos participativos, democráticos, informados y populares. Porque, sobre este punto, es importante destacar que la historia del movimiento socioambiental en Argentina está plagada de participaciones populares en instancias institucionales y gubernamentales”, explicita el comunicado.

Previo al lanzamiento de la Mesa, desde el Ejecutivo nacional hicieron una autocrítica sobre su estrategia de comunicación respecto del tema, con especial énfasis en los beneficios de la actividad. En este sentido, en el primer encuentro, funcionarias y funcionarios de distintas áreas informaron sobre la cantidad de puestos de trabajo que genera y las divisas que dejan al país.

Frente a este objetivo oficial, las organizaciones respondieron que la estrategia de comunicación oficial no es la causa por la que rechazan a la gran minería. “No es por falta de información o de información errónea que rechazamos a la gran minería, ni por falta de control; lo hacemos porque en todo el mundo se impone sin licencia social, con gran conflictividad y represión, con destrucción ambiental, con saqueo económico, con corrupción política y con persecuciones físicas y judiciales (ayer mismo llegaron citaciones judiciales a vecinos y vecinas de Andalgalá en Catamarca). Y es por eso por lo que, con los ecos cercanos del Mendozazo y el Chubutazo, seguiremos defendiendo nuestros territorios, nuestra agua, nuestra vida”, aseguran.

En el escrito también afirman: “Pretenden desconocer que hay provincias enteras que han tenido un verdadero, pacífico y respetuoso debate social, y que han rechazado democráticamente esta figura extrema del extractivismo. El debate ya se ha dado. En suma, repudiamos el falso diálogo con organizaciones que se definen como 'ambientalistas' mientras legitiman una actividad que destruye, contamina y saquea los territorios”.

El comunicado está rubricado por 50 organizaciones, muchas de ellas de Mendoza –incluidas las Asambleas Populares por el Agua de distintos departamentos–, además de la adhesión de profesionales, como la socióloga y escritora Maristella Svampa.

 

Vigencia de la Ley 7722

Mendoza es una de las 7 provincias argentinas que cuenta con una ley (7722) que restringe el uso de sustancias tóxicas en los proyectos mineros. Las cámaras del sector presentaron acciones de inconstitucionalidad contra la norma, pero en diciembre de 2015, la Suprema Corte de Justicia la consideró constitucional. Los empresarios insistieron ante el máximo tribunal nacional, que en noviembre de 2021 consideró constitucional la ley en general, pero al mismo tiempo, determinó la inconstitucionalidad del párrafo del artículo 1 que hace referencia a la prohibición de “otras sustancias”, por considerar que, al ser indeterminado, es decir que no dice específicamente a qué sustancias se refiere, tiene “invalidez constitucional”.

El Ejecutivo provincial también intentó modificar la norma, una promesa de campaña del gobernador, Rodolfo Suarez, que cumplió poco después de asumir, al presentar un proyecto. Este se aprobó, pero la movilización popular que se visibilizó con marchas en las calles hizo que se diera marcha atrás. Días después, los y las legisladoras vetaron los cambios, por lo que actualmente la ley está vigente.

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