El diputado provincial Pablo Priore (PRO) presentó un proyecto en la Legislatura por el que el gobernador de Mendoza, vice, legisladores, jueces, policías y otros miembros del Estado se sometan a pruebas de drogas y en caso de que resulten positivo, se sometan a un tratamiento o a una sanción, según el caso. El proyecto también contempla el cese de actividades, en caso de haber sido electo y la sanción estará establecida por la Contitución

"La idea es que haya un análisis anual a todo funcionario y si sale positivo, se lo deriva a una tratamiento para su recuperación", explicó Priore. "Hay varias provincias que ya lo tienen, en Tierra del Fuego ya es ley", manifestó el legislador, que señaló que el funcionario que sea adicto tendrá una licencia por enfermedad mientras dure el tratamiento.

Igualmente, en caso de repetirse la situación, el proyecto también contempla el cese de actividades, o en caso de haber sido electo, la sanción estará establecida por la Constitución Provincial.

Qué contempla

El proyecto obliga a toda persona que ocupe los cargos de gobernador, subsecretario, director, autoridades de entes autárquicos, centralizados y descentralizados, empresas del Estado o en las que el Estado sea parte; como así también, al personal superior y subalterno de la Policía de Mendoza y Servicio Penitenciario a realizarse un control anual.

No son los únicos, ya que también están obligados los miembros de organismos de control, el Poder Legislativo hasta el rango de prosecretarios/as, y en el Poder Judicial, jueces, magistrados y funcionarios, incluidos los del Ministerio Público Fiscal y de la defensa. La norma aclara que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud o autoridad que este designe, y que cada uno de los poderes del Estado designará al responsable de la aplicación.

Según el proyecto, el análisis se hará cada año y se citará a cada persona con tres días de antelación y "sólo podrá postergarse el control anual de consumo de drogas acreditando un impedimento insoslayable que dará lugar a una nueva citación". En el caso de que la prueba arroje un resultado positivo, la persona tendrá derecho a exigir una contraprueba en un plazo de cinco días hábiles desde la notificación, para lo cual el interesado podrá designar un perito bioquímico de parte.

Para el caso de que se detecte la presencia de sustancias ilegales consumidas, se deberá establecer un sistema confidencial que brinde cobertura médica suficiente para la recuperación del sujeto obligado. En el supuesto de que se haya sucedido el alta médica y la misma situación persista, previo dictamen de peritos, será causa del cese en la función pública; en caso de ser electo, el funcionario podrá ser sancionado según el procedimiento que establece la Constitución de la Provincia.