Mendoza lanzó tres nuevas líneas de créditos para acceder a viviendas del IPV

Sociedad

“A partir del 2013, dejaron de llegarle los impuestos, entonces se dirigen al municipio de Godoy Cruz para consultar y se enteraron que les habían desviado el domicilio de los servicios. Se dirigen al IPV y allí les sugieren que esperen al cambio de gobierno porque había elecciones. Cuando vuelven, se enteraron que el ex dueño de la casa la había recuperado, escriturado y no sabían cómo”, agregó la Directora del Observatorio de Discapacidad.

Frente a esta situación, la familia de Alexia buscó asesoramiento legal y realizaron un juicio, pero se perdió. Por este motivo, se dirigieron al Observatorio de Discapacidad de Mendoza para pedir asesoramiento. “Nuestro abogado pudo poner un recurso de amparo, pero no cambia que ellos deban entregar esa casa porque un juez se la otorgó a los ex dueños”.

En tanto, la acción de amparo recayó en el Tribunal de Gestión 1 de la Primera Circunscripción Judicial, e intimó al Gobierno de Mendoza, al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y a la Municipalidad de Godoy Cruz a “que se les conceda en forma urgente una solución habitacional que satisfaga su derecho a una vivienda digna acorde a su condición de personas vulnerables, por padecer discapacidad motriz y por ser mujer transgénero”, indicó la sentencia. Sin embargo, las ofertas provenientes desde el municipio fueron insuficientes para la jueza: un subsidio de $ 25 mil por única vez.

“Cuando los exdueños escrituran, apareció el representante legal para decirles que debían irse. Desde allí empieza un hostigamiento y amenazas que afectó la vida de Marcos y Alexia. La jueza pidió la intervención a la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema, la Agencia Nacional de Discapacidad está al tanto de la situación, el Ministerio de Género y Diversidad de la Nación también está informado del tema”, dijo Bascuñán.