El plan territorial que quieren trabajadores rurales sin tierra

La Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra expone, través de un comunicado público, sus lineamientos acerca de la necesidad de que Mendoza cuente con una Ley de Ordenamiento Territorial basada en un modelo de desarrollo provincial, de carácter popular, articulado con el modelo nacional y de cara a la Patria Grande Latinoamericana.

El plan territorial que quieren trabajadores rurales sin tierra

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Escribe el Lector Unidiversidad por Unión de Trabajadores Sin Tierra / Publicado el 15 DE ABRIL 2014



En el actual marco de crisis y globalización neoliberal, con hegemonía del capital financiero, los países del Sur del planeta asistimos a una gran ofensiva de las corporaciones transnacionales y del capital especulativo sobre nuestras tierras, aguas y bienes naturales. La subordinación de nuestras riquezas bajo esa dinámica impide el desarrollo sustentable de nuestros pueblos. La falta de planes de ordenamiento territorial y de políticas de protección de nuestras economías y bienes, favorece claramente la estrategia imperial y neocolonial de EEUU y sus aliados.

Dimos pasos importantes con la sanción de la Ley de Ordenamiento Territorial y al establecer, luego de un proceso de discusión y participación, el Plan Estratégico de la Provincia, sintetizado en Los compromisos del Bicentenario.

En ese marco queremos reivindicar que, para los campesinos indígenas nucleados en nuestro Movimiento, el Ordenamiento Territorial debe apuntar a que sean la institucionalidad democrática y el poder popular establecido a través de la participación de organizaciones sociales quienes definan los destinos y uso de nuestros suelos y no, como viene siendo hasta ahora, que en el marco del libre mercado, sean el capital y el dinero quienes lo hacen.

El Plan de Ordenamiento Territorial debe poner fin a la especulación inmobiliaria y en el precio de los alimentos, brindar un nuevo escenario para la lucha contra la pobreza y generar que derechos básicos como alimentación, trabajo y vivienda se tornen efectivos para la totalidad del pueblo mendocino.

Tal como establece el Plan Estratégico de Desarrollo, aprobado por el Consejo de Estado y luego por la legislatura reivindicamos que este plan debe:

Promover los valores que sostengan el modelo de desarrollo buscando: el bien común y la justicia social; la valoración de las personas, los grupos, las comunidades y los bienes comunes; el respeto por el trabajo y la convicción sobre la oportunidad de construir un destino compartido.

Avanzar en la construcción de acuerdos básicos en lo económico, lo social y lo territorial que garanticen la igualdad de oportunidades, la mayor generación y la mejor distribución de la riqueza, la disminución radical de la pobreza, la inclusión y el respeto a la naturaleza y al medio ambiente.

Crear oportunidades de pervivencia y desarrollo para los sistemas productivos de pequeña escala, que afirman los procesos de desarrollo local y sus estilos de vida (productores artesanales, agricultores familiares, puesteros, pueblos originarios, pequeños chacareros, trabajadores sin tierra).

Promover y regular el acceso a la tierra y al agua para la producción local de acuerdo a las modalidades productivas de cada región, considerando la función social de la propiedad y la potencialidad de las tierras fiscales y de las tierras en situación de abandono. Propender a la regularización dominial en todo el territorio de la provincia.

En este sentido tenemos la certeza de que estos objetivos estratégicos no pueden llevarse a cabo de la mano de las corporaciones transnacionales, y que los bienes naturales, así como la tierra y el agua, deben estar protegidos para que cumplan su función social y ecológica de manera que nuestro desarrollo sea sustentable.

Como lo hemos señalado anteriormente, es prioritario democratizar el acceso a la tierra (para el hábitat y la producción) como también el acceso al agua, tanto en consumo doméstico como productivo. Acciones básicas para establecer condiciones de vida digna en el campo. Esto, acompañado de una apuesta en la inversión pública para infraestructura y servicios en el campo, fortaleciendo el acceso a la salud y la educación, así como la conectividad para la población rural, el desarrollo de dispositivos de apoyo la producción de los campesinos y agricultores familiares, así como el impulso a mercados populares para comercializar sus productos.

El agregado de valor a la producción debe ser local, de modo que potencie la agroindustria de pequeña y mediana escala, genere fuentes de trabajo en el ámbito rural y democratice las ganancias a lo largo de toda la cadena productiva.

El fomento de la asociatividad y la cooperativización de los productores es otro elemento fundamental.

El desarrollo de la agricultura campesina y familiar es la base para que la ruralidad se desarrolle, y atraiga a los pobladores para que migren de la Ciudad al campo.

Frente a la Audiencia pública y el momento actual del proceso sostenemos:

•    Como es de público conocimiento, el documento preliminar que se difundió en primera instancia contiene contradicciones y conceptos que van en contra de estos principios.

•    El ministro Guillermo Elizalde ha reconocido públicamente esas contradicciones y se ha comprometido a que sean rectificadas, garantizando el cuidado de los bienes naturales, especialmente el agua.

•    Los sectores corporativos, vinculados a la megaminería y a la especulación inmobiliaria, han presionado para que el proceso del Plan de Ordenamiento Territorial se vuelva a estancar, lo que en términos de la coyuntura favorece al capital financiero, su proceso de subordinación de la agricultura y la explotación de bienes naturales en desmedro de los intereses populares.

Es por esto que dejamos expreso nuestro apoyo al proceso de discusión y aprobación al Plan de Ordenamiento Territorial condicionando a:

•  Que se eliminen del documento los párrafos que cuestionan o apuntan a la revisión o derogación de la ley 7722, conquista del pueblo mendocino.

•  Que se garanticen los espacios de participación popular, de aquí en adelante, para todas las instancias próximas en el desarrollo del Plan y su ejecución.

•  Que cuando se conformen los Consejos Municipales se otorgue participación equitativa y con poder de debate y voto a las organizaciones civiles y sociales, a los consejos deliberantes y las instituciones involucradas.

•  Que, tal como indica el consejo de Estado, se establezcan políticas y programas hacia la función social de la propiedad, la democratización de la tierra y el carácter público del agua, con la prioridad de garantizar el agua como un derecho humano.

•  Que durante el proceso de desarrollo del plan, el Estado debe garantizar la permanencia de los campesinos y agricultores familiares en la Tierra y propiciar mecanismos de emergencia, tales como leyes que establezcan la suspensión de desalojos, el revelamiento de la situación posesoria y ocupacional, y facilitar el acceso a políticas nacionales de vivienda, empleo y fomento de la economía popular.