El Consejo Universitario Nacional (CIN) es claro cuando habla de la importancia de la Ley de Financiamiento Universitario. Asegura que es una norma que obtuvo uno de los consensos democráticos más amplios del Congreso en materia educativa y que es clave para garantizar los recursos que permiten el funcionamiento de las universidades nacionales del país. Sin embargo, el Gobierno decidió no aplicarla. Y esta decisión, que ya tiene varios capítulos, es la que ahora impulsa una nueva marcha federal, la cuarta, para exigir al Ejecutivo nacional que la cumpla y no recorte el presupuesto destinado a la educación superior.

“Desconocer o incumplir una ley de semejante legitimidad democrática no constituye un dato menor ni una mera controversia administrativa: implica una alteración profunda del principio republicano de división de poderes y coloca a las universidades nacionales en una situación de severa restricción financiera, salarial y operativa que impacta directamente sobre las condiciones materiales en las cuales debe garantizarse el derecho constitucional a enseñar y aprender”, dice parte de un comunicado publicado por el CIN el 28 de abril de este año.

La Ley de Financiamiento Universitario propone actualizar las partidas presupuestarias para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, y extensión universitaria al 1° de enero de 2025, según la inflación acumulada de 2023 y 2024.

Además, propone implementar actualizaciones bimestrales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.

La iniciativa también establece una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de esta ley por inflación acumulada. Luego, se debería actualizar de manera mensual por IPC.

La palabra crisis queda chica para describir la situación en la que el gobierno de La Libertad Avanza ha puesto a las universidades públicas con el argumento de achicar el déficit fiscal: sus fondos cayeron un 45,6 por ciento. “Esto implica que en todas las dimensiones de la vida universitaria y científica estamos a la mitad de nuestras capacidades”, indicó Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional.

Bartolacci explicó que lo más urgente de resolver es la situación salarial del personal docente y no docente. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desde noviembre de 2023 hasta abril de 2026, el salario real docente y no docente cayó 34,2 por ciento. La mayor caída ocurrió entre diciembre de 2023 y julio de 2024 (-23,1 por ciento). En 2025 volvió a caer 10,1 por ciento, lo que acumula una pérdida del 32,1 por ciento en diciembre de ese año.

El panorama excede a quienes enseñan: las becas estudiantiles Progresar fueron congeladas (su valor actual es de 35 mil pesos); los hospitales escuela denunciaron que están al borde de dejar de funcionar; la mayor parte de las actividades de investigación quedaron paralizadas por falta de partidas operativas.

Las marchas universitarias han sido multitudinarias en Mendoza / Foto Unidiversidad

Cronología de un incumplimiento

El conflicto comenzó en el primer trimestre de 2024. Con una inflación galopante, el Gobierno decidió mantener el presupuesto de 2023, lo que en la práctica significó un recorte masivo. Meses después y tras la primera marcha federal multitudinaria, la comunidad universitaria consiguió que el Congreso sancionara una ley para actualizar las partidas por inflación.

Desde entonces, los proyectos de financiamiento universitario han pasado varias veces por el Congreso. La primera vez fue en ese año, 2024: el Congreso aprobó una ley y Milei la vetó. La segunda se sancionó en 2025. En esa ocasión, el presidente la vetó, pero el Congreso revirtió el veto. Hoy, esa ley está vigente, pero no se está cumpliendo. 

En diciembre, el Consejo Interuniversitario Nacional, con el respaldo de más de 40 universidades públicas, presentó una acción de amparo por ese incumplimiento. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó en marzo de este año lo resuelto en primera instancia e hizo lugar a la medida cautelar solicitada para que se ejecute inmediatamente la ley y, de esta manera, se recompongan los salarios del personal de la educación superior y los montos asignados a becas estudiantiles. 

Ahora, la misma Cámara aceptó el recurso extraordinario presentado por el Estado contra el fallo que había confirmado la medida cautelar a favor del Consejo Interuniversitario Nacional para que la discusión continúe en la Corte Suprema. 

De todas maneras, la resolución firmada este jueves 7 de mayo suspendió la aplicación de la ley, pero no resolvió el conflicto de fondo. Lo que hizo fue habilitar que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

En el medio, el Gobierno nacional envió al Congreso un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario para modificar la ley que aprobaron legisladores y legisladoras en 2025.

“Fuimos dos años al Congreso, que es lo que corresponde en materia presupuestaria. Logramos que se aprobara una ley de financiamiento y que se sostuviera incluso después de las elecciones del año pasado, con nueva composición del Congreso; tampoco logramos conmover al Poder Ejecutivo con eso. Fuimos, como correspondía, a la justicia para pedir que la ley se cumpla y obtuvimos los fallos judiciales a favor, pero tampoco lo logramos conmover. Por eso es muy importante que la sociedad en su conjunto se movilice, más allá de la comunidad universitaria y científica, de las organizaciones políticas y sociales. Hay que llenar las plazas y las calles del país”, sostuvo el presidente del CIN.

Los fondos de las universidades públicas han caído un 45,6 por ciento durante la gestión de Javier Milei / Foto: Unidiversidad

Cuarta marcha federal universitaria

Al igual que en el resto del país, la comunidad académica de Mendoza se movilizará este martes 12 de mayo, desde las 16, en defensa de la universidad pública y del sistema científico y universitario público argentino. La Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) invitó a la sociedad a sumarse a la Cuarta Marcha Federal Universitaria, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. 

La concentración será a las 15, en el ingreso al campus de la UNCUYO. Desde allí, a partir de las 16, la columna se desplazará por Carlos Lencinas para luego girar al sur por Padre Contreras y seguir hacia el este por avenida del Libertador. Finalmente, la columna continuará por avenida Emilio Civit, cruzando avenida Belgrano, y seguirá por Sarmiento hasta llegar a Plaza Independencia.