Próvolo: rechazaron la recusación de un juez y se agiliza el proceso

El tribunal consideró extemporáneo el planteo de la defensa de las religiosas acusadas. Ahora, falta definir otras presentaciones y la fecha de inicio del segundo juicio.

Próvolo: rechazaron la recusación de un juez y se agiliza el proceso

Imagen del instituto, que fue remodelado y donde hoy funcionan dependencias de la comuna de Luján de Cuyo. Foto: Unidiversidad

Sociedad Unidiversidad Abusos en el Instituto Próvolo / por Verónica Gordillo / Publicado el 23 DE MARZO 2021

Integrantes del Tribunal Penal Colegiado N.º 2 rechazaron la recusación al juez Horacio Cadile, que presentó la defensa de las religiosas acusadas en el caso Próvolo. Con esta decisión, se agiliza el proceso para iniciar el segundo juicio por los abusos, ya que ahora el magistrado deberá resolver otros planteos y luego solo resta definir la fecha de comienzo del segundo proceso.

La decisión del tribunal fue confirmada a Universidad por el querellante, Oscar Barrera, que explicó que ahora el magistrado deberá resolver algunos planteos realizados por la defensa de las religiosas, y luego determinar la fecha de inicio del segundo juicio por los abusos a niñas y niños sordos.

En este segundo proceso, están acusadas nueve personas: las religiosas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, y las exdirectivas y trabajadoras del Instituto Graciela Pascual, Gladys Pinacca, Cristina Leguiza, Valesca Quintana y Laura Gaetán, Cecilia Raffo y Noemí Paz.

La única de las nueve mujeres que cumple prisión en modalidad domiciliaria es la religiosa Kosaka, acusada en siete hechos, algunos como autora y otros como partícipe de los abusos. Las otras ocho mujeres imputadas fueron acusadas de omisión, es decir, de tener conocimiento de las vejaciones y no proteger a los y las estudiantes.

 

Un largo proceso

El proceso judicial para llegar al inicio del segundo juicio por los abusos en el Instituto Próvolo se demoró por varias razones. Sin bien en febrero de 2020 comenzaron las audiencias preliminares, es decir, la etapa donde las partes acuerdan las pruebas y testimonios que se aceptarán y realizan distintos planteos, estas se demoraron por la pandemia de COVID-19. A esto se sumó, según la visión de sobrevivientes y los querellantes, la cantidad de presentaciones que hizo la defensa de las religiosas.

Hace una semana, los y las sobrevivientes y sus familiares marcharon a Tribunales, donde reclamaron el inicio del segundo juicio y denunciaron las “chicanas” de la defensa de las religiosas.

La recusación del juez Horacio Cadile, que preside el tribunal que llevará adelante el segundo proceso, fue uno de los planteos que hicieron Valeria Corbacho y Enoc Ortiz, que son parte de la defensa de las religiosas. El argumento fue que, cuando se iniciaron las audiencias preliminares, el magistrado no era juez sino “conjuez”, una figura aprobada por la Corte para ocupar ese cargo en tanto se tramita el proceso de aprobación formal en el Senado, que en este caso se concretó el 2 de marzo.

La recusación fue rechazada primero por el propio Cadile. Luego, debían decidir los otros integrantes del Tribunal Penal Colegiado N.º 2, Gabriela Urciuolo, Rafael Escot y María Belén Salido, que también la rechazaron por considerarla extemporánea.

Con esta decisión, Cadile continúa en el proceso, por lo que ahora deberá decidir los planteos que restan y que fueron planteados en las audiencias preliminares. Una vez que concluya con esa labor, recién se fijará la fecha de inicio del segundo juicio.

 

Tres condenados

Tres personas fueron condenadas en el primer juicio por los abusos en el Próvolo, un proceso que concluyó el 25 de noviembre de 2019. Ese día se conocieron las condenas a 45 y 42 años de prisión respectivamente para los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho, y de 18 años para quien se desempeñó como jardinero en el Instituto, Armando Gómez.

La investigación, liderada por el fiscal Gustavo Stroppiana, se inició en 2016 cuando exestudiantes se animaron a realizar las denuncias, luego de que solicitaron ayuda a la senadora Daniela García y a la entonces vicegobernadora Laura Montero para que garantizaran sus derechos, así como el debido proceso.