Luego de más de 20 años de debates diplomáticos, el pasado sábado 17 de enero comenzó a regir el Tratado de Alta Mar, un acuerdo internacional impulsado por las Naciones Unidas que busca regular y preservar las aguas internacionales, uno de los ecosistemas más extensos y menos protegidos del planeta.

El tratado apunta a gestionar de forma sostenible las zonas marítimas ubicadas a más de 200 millas náuticas de las costas, áreas que representan cerca de dos tercios de los océanos del mundo y que, hasta ahora, carecían de una normativa específica al no estar bajo la jurisdicción de ningún Estado. Su entrada en vigor fue posible tras alcanzar la ratificación de 81 países, el número mínimo necesario para su implementación formal.

Entre los Estados que acompañaron el acuerdo figuran economías clave para el comercio y la actividad marítima global, como China, Alemania, Japón, Francia y Brasil. El respaldo de estas potencias le otorga al tratado una relevancia estratégica tanto ambiental como política.

El acuerdo, cuyo nombre completo es Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional, fue aprobado en marzo de 2023. Sin embargo, recién casi tres años después logró reunir el apoyo suficiente para su puesta en marcha, marcando un punto de inflexión en la gobernanza de los océanos.

El acuerdo permite crear áreas marinas protegidas y regular el uso sostenible de los océanos. Foto. Freepik.

Un nuevo marco para proteger la biodiversidad marina

Uno de los ejes centrales del Tratado de Alta Mar es su articulación con el Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal, que establece el compromiso de proteger al menos el 30% de los océanos para el año 2030. En ese sentido, el acuerdo introduce mecanismos concretos para la creación de áreas marinas protegidas (AMP) en aguas internacionales, algo inédito hasta el momento.

El secretario general de la ONU, António Guterres, definió la entrada en vigor del tratado como “un logro histórico para el océano y el multilateralismo”. El texto se apoya en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar —vigente desde 1994 y conocida como la “constitución de los océanos”—, pero avanza sobre vacíos normativos vinculados específicamente a la biodiversidad.

Entre sus principales aportes, el tratado establece reglas comunes para el acceso y uso de los recursos genéticos marinos, incorpora el principio de reparto “justo y equitativo” de los beneficios derivados de esos recursos y fija criterios científicos y mecanismos de control para la gestión de las áreas protegidas. Además, regula la realización de evaluaciones de impacto ambiental para actividades proyectadas en alta mar.

La futura COP deberá abordar la sobrepesca, la contaminación y la minería submarina. Foto. Freepik.

Los países que quedaron afuera

A pesar del amplio respaldo internacional, el Tratado de Alta Mar aún no cuenta con la adhesión de algunos actores relevantes. Estados Unidos, India, el Reino Unido y Rusia figuran entre los países que no completaron el proceso de ratificación.

En el caso estadounidense, si bien el tratado fue adoptado en 2023, el Senado no avanzó con su aprobación. Rusia, en tanto, se mantiene al margen del acuerdo y sostiene su intención de preservar los marcos de gobernanza existentes, además de garantizar la libertad de navegación en aguas internacionales.

Estados Unidos, Rusia, India y el Reino Unido aún no ratificaron el tratado. Foto. Freepik.

Implementación y desafíos a futuro

Con la entrada en vigor del tratado, el próximo paso será la realización de la primera Conferencia de las Partes (COP), prevista para un año después, en la sede de la ONU en Nueva York. Se estima que ese encuentro tendrá lugar entre la segunda mitad de 2026 y comienzos de 2027.

Esa instancia será clave para evaluar el impacto de nuevas actividades humanas, como la minería submarina, y para abordar problemáticas persistentes como la sobrepesca y la contaminación marina. Desde organizaciones ambientalistas, el acuerdo es visto como una oportunidad histórica.

Para Greenpeace, el tratado implica que “la relación de la humanidad con lo que cubre dos tercios de nuestro planeta cambiará profundamente”. En la misma línea, José Luis García Varas, responsable del Programa Marino de WWF, afirmó que representa «una oportunidad sin precedentes para fortalecer la conservación y el manejo sostenible de los océanos«.

Rebecca Hubbard, directora de High Seas Alliance, subrayó que el Tratado de Alta Mar es “un hito importante no solo para la gobernanza de los océanos, sino también para el multilateralismo”. A su entender, el acuerdo ofrece “un pequeño rayo de esperanza” en un contexto internacional marcado por tensiones políticas y ambientales crecientes.