La denuncia hecha en noviembre pasado por dirigentes sindicales y referentes de derechos humanos, que motivó que el juez Norberto Oyarbide pidiera información a Gendarmería Nacional, surgió la semana pasada de sospechas de líderes de organizaciones sociales que habían detectado la presencia en manifestaciones vinculadas a conflictos gremiales de civiles que se presentaban como periodistas pero eran desconocidos de los hombres de prensa y tenían contactos con los gendarmes enviados al lugar en cumplimiento de sus funciones

"La revelación del llamado Proyecto X no nos sorprendió: si bien está expresamente prohibido por tres leyes, el espionaje político es un hecho aceptado por la clase política argentina. Celebramos sin embargo que ésta revelación haya recibido críticas todo el arco político y esté, aparentemente, siendo investigada", señaló Ramiro Álvarez Ugarte, director del área de Acceso a la Información pública de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Según Alvarez Ugarte, "el espionaje político implica una grosera violación de la privacidad y la libertad de los ciudadanos. El Estado no tiene nada que hacer analizando y registrando nuestras opiniones políticas. Se trata de prácticas inaceptables en una sociedad democrática, que tienen un efecto inhibitorio sobre la libre expresión de las personas, especialmente en aquellas que sostienen posiciones heterodoxas o minoritarias. Son herencias de prácticas estatales desarrolladas durante los largos años de gobiernos autoritarios que padecimos. La democracia aún no ha podido quitarse de encima el peso de ciertas prácticas enquistadas en el funcionamiento normal del Estado, y ésta es una de ellas".

Y agregó: "Impedir este tipo de violaciones de derechos humanos básicos exige de un compromiso serio de la clase política con algunos principios hoy olvidados, como los de transparencia y control. En efecto, existe una total falta de transparencia sobre nuestras fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia, protegidos excesivamente por normas que les garantizan un funcionamiento discrecional y secreto. Además, los mecanismos legislativos de control existentes tampoco funcionan adecuadamente. Es necesario incrementar el control ciudadano sobre las fuerzas de seguridad y disminuir los niveles de secreto con los que actualmente operan nuestros servicios de inteligencia."

En la misma línea, opinó el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Hernán Charosky. Según Charosky, “en realidad lo que nos interesa es interiorizarnos más sobre el control parlamentario a este tipo de situaciones. Ver cómo es el funcionamiento de comisiones como la de Inteligencia, que deberían estar al tanto de todo esto y por lo visto no lo estaban. De hecho, habría que ver cuántas veces se reunieron los miembros el año pasado”.
Y finalizó Charosky: “Si bien no es un tema nuevo en nuestro país, tampoco en democracia, de hecho el propio Néstor Kirchner denunció alguna vez ser víctima de escuchas y el mismo Mauricio Macri fue denunciado e investigado por escuchas ilegales, nos parece que estas cosas no pueden seguir ocurriendo. En los próximos días nosotros desde Poder Ciudadano vamos a emitir un pronunciamiento sobre el tema y a exigir más controles y más información, sobre todo. De todos modos, no hacemos hipótesis de quién estaba al tanto y quién no”.

En tanto, la dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas sostuvo que esto "no se condice" con el sistema democrático y volvió a reclamar que se haga "una gran investigación" sobre estas actividades de espionaje. "Necesitamos una democracia segura y no con estas circunstancias de espías y persecución a la gente por su actividad social", indicó Cortiñas.

El contenido de los informes

Según se supo en las últimas horas, Gendarmería nacional elaboró informes sobre los cortes de la ruta Panamericana que realizaban trabajadores de la empresa Kraft y reportó a la Justicia el avance de las negociaciones que se mantenían en el Ministerio de Trabajo, de acuerdo con la causa judicial que investiga el polémico ‘Proyecto X‘.

Así surge de documentación de la causa judicial a la que accedió la agencia de noticias DyN, en el marco de la denuncia por presunto espionaje interno que la fuerza de seguridad realizó y cuyos datos forman parte del ‘Proyecto X‘, reconocido por el propio comandante general Héctor Schenone.

A lo largo de 2009, empleados e integrantes de la Comisión Interna de Kraft cortaron la ruta Panamericana a la altura de Campana para reclamar por el despido de 158 trabajadores y mejoras en las condiciones laborales. Los cortes produjeron el inicio de una causa judicial cuyas tareas de inteligencia recayeron en el Centro de Reunión de Información ‘Campo de Mayo‘, de Gendarmería Nacional.

Además de aportar datos sobre los autores del corte, la fuerza produjo para la Justicia informes donde analizaba políticamente el conflicto. ‘Se aprecia que el conflicto se encuentra circunspecto a la materia laboral, siendo el apoyo escaso a difuso de la CCC (la Corrientes Clasista y Combativa) al presente. Pese a ello no se descarta, en caso de que se produzca una movilización en apoyo de esta organización (CCC) u otras‘, señala uno de los informes fechado el 20 de agosto de 2009.

También se consignó que uno de los impulsores de los cortes, el miembro de la comisión interna de Kraft, Javier Hermosilla, ‘estaría alineado al Partido Obrero‘ y que las medidas contaron con el apoyo ‘del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), militantes de organizaciones sociales (Corrientes Clasista y Combativa), políticas (Partido de los Trabajadores Socialistas), Partido Obrero, gremiales, estudiantiles, de DDHH y delegados de la fábrica de cerámica neuquina Zanón‘.

Los informes de Gendarmería señalan las reuniones que los trabajadores mantuvieron en el Ministerio de Trabajo el 24 de agosto de ese año, en las cuales se reportaba que ante la ‘inflexibilidad gremial‘ se cortaron las negociaciones. Así, la fuerza concluyó que ‘el gremio se encuentra dividido en dos sectores, uno ’radicalizado’ y otro ’más componedor’‘.

Pedido de informes

En las últimas horas, la senadora Norma Morandini solicitó al Poder Ejecutivo que informe sobre las tareas de espionaje realizadas por la Gendarmería Nacional en el marco del denominado "Proyecto X".
"Sospechar de dirigentes sociales que en ejercicio de sus derechos reclaman por la situación más angustiante que puede padecer una persona, la pérdida de su fuente de trabajo, delata que las fuerzas de seguridad no parecen haberse reconvertido en fuerzas al servicio de la democracia, esto es, para proteger a los ciudadanos y sus derechos. En Argentina, como cultura, no incorporamos la idea de que tortura, espionaje y persecución son incompatibles con una sociedad que ha basado toda su normativa constitucional en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que consagran tanto el derecho a decir como el derecho a peticionar”, aseguró Morandini.