La iniciativa avalada por la Cámara Baja constituyó la primera acción como presidente del Bloque de Diputados PJ-FPV del legislador Gustavo Arenas.

Se da en el marco de la quita del cien por ciento en los subsidios a empresas del sector de combustibles y procesamiento de gas natural que anunció semanas atrás el ministro de Economía y flamante vicepresidente Amado Boudou. La medida de corte redistributista abarca también a propietarios de domicilios que registran mayores ingresos y demás beneficiados que hoy ya no necesitan la disminución tarifaria por parte del Estado.

 El proyecto provincial que espera ser aprobado definitivamente por Senadores está fundamentado sobre los resultados de la consolidación modelo de política pública y desarrollo que se han llevado a cabo desde 2003 hasta las fecha, y en el que “la mayoría de los sectores ha resultado beneficiado, y muchos de ellos ya no necesitan que el Estado siga asignando enormes cantidades de recursos para subsidiarlos”.

 Las cosas en su lugar 

Para el diputado autor de la inciativa, ambas medidas – la nacional y la provincial – forman parte de un “proceso de personalización de los subsidios para que lleguen solamente a aquellos que los necesitan”.

También explicó que se ha puesto en marcha un procedimiento de renuncia a través del cual el beneficiario que ya no lo necesite puede dejar de percibir de manera voluntaria el monto actualmente subsidiado por el Estado Nacional.

 Por lo tanto, aquellas personas que deseen voluntariamente renunciar “permitirán incrementar los recursos para las políticas de inclusión social respecto del acceso a los servicios públicos”, sostuvo el flamante titular del bloque oficialista en Diputados.

Por otro lado, aclaró que dicha renuncia voluntaria presenta un “alto contenido ético, donde la equidad, la justicia y la solidaridad deben primar”, además de tratarse de una política redistributista con beneficiosos socioconómicos para los sectores más desprotegidos.

Dijo que el carácter ejemplificador del proyecto  tiene que ver con que está enfocado en  “poner las cosas en su lugar: que el Estado nacional no siga pagando subsidios a quienes no lo necesitan y pueda emplear esos recursos en profundizar las políticas de inclusión social”. Y también en que “los funcionarios debemos dar el ejemplo y ser los primeros en renunciar a este beneficio, que no está destinado a personas con ingresos suficientes como para abonar la totalidad de las tarifas de los servicios públicos”.

De esta manera, el Estado Nacional se orientaría concretar uno de sus roles centrales, tales como “promover valores de solidaridad y de unidad, impulsando el desarrollo del bien común y la defensa de los intereses de la sociedad en su conjunto”, según expresó Arenas.