Romina Cucchi y Noelia Gutiérrez tienen una visión crítica del concepto de reinserción de una persona privada de libertad. La razón principal —dicen las profesionales que trabajan en el Poder Judicial— es el abismo que existe entre el imaginario social ligado a esa palabra, que está asociado a unas trayectorias de vida, de contextos, de familias y de oportunidades, y la historia real y concreta de un porcentaje importante de quienes cumplen condena. Hay otros motivos: las condiciones de hacinamiento en las cárceles, los cupos ínfimos para educarse y aprender oficios, la falta de políticas públicas de acompañamiento cuando salen y la imposibilidad de obtener un certificado de buena conducta por diez años, indispensable para conseguir un trabajo.

Cucchi y Gutiérrez conocen las cárceles de Mendoza porque forma parte del cumplimiento de su rol. La primera, es subdirectora de la oficina de Ejecución Penal, dependiente de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia y, la segunda, es directora del Centro de Capacitación e Investigaciones Judiciales, ambas dependientes del Poder Judicial de Mendoza.

Las profesionales planten la importancia del contexto para tratar de comprender una situación compleja. Dicen que el aspecto central es la puesta en marcha, desde hace años, de una política pública de seguridad punitivista, que produjo un incremento sostenido de la cantidad de personas privadas de libertad —de 2000 a 7000 en pocos años —, que implicó una gran inversión en establecimientos, pero que no se replicó en herramientas para garantizar el acceso a la educación y a la capacitación de oficios, entre otros aspectos.

En ese contexto —explican — es necesario hacerse preguntas: a quién se busca reinsertar, cómo, dónde, con qué herramientas, cuándo y por qué la persona fue excluida. Sumaron otra pregunta: ¿en qué momento de la trayectoria de vida de quien está detenido estuvo presente el Estado a través de distintas políticas públicas?

Dice Cucchi: “El encarcelamiento reproduce la exclusión de las personas y perpetúa esas condiciones. Es una condena que vas a atravesar durante toda la vida y difícilmente vayas a salir de eso si no tenés otras condiciones familiares, de clase, otras oportunidades. Pero si estamos esperando que sea el Estado el que provea esas condiciones, hoy diría que no se observan políticas públicas a los fines de acompañar a esa persona en un verdadero proceso de reinserción. Creo, más bien, que todo este sistema, que toda esta máquina lo que garantiza y reproduce es la exclusión”.

"El encarcelamiento reproduce la exclusión de las personas y perpetúa esas condiciones", dijo Cucchi. Foto: Captura de pantalla Señal U. 

Dice Gutiérrez: “Es muy difícil, vos entrás a la cárcel y, si has sido condenado, salís sin posibilidades de trabajar por lo menos durante 10 años, porque no vas a tener certificado de buena conducta. La cárcel sostiene un discurso de reinserción que no es real, porque hay muchas más personas privadas de la libertad de las que pueden “bajar” se dice en el sistema, a la escuela, a un taller o a hacer cualquier tipo de cosas. Además, las lógicas que operan adentro de la cárcel no son justamente de promoción de la persona, sino de mantenimiento de la disciplina, de modo que el sistema es bastante perverso para además exigirle a la persona que cuando salga se reinserte”.

Gutiérrez aporta la visión de las ciencias sociales para describir el funcionamiento del sistema carcelario en Argentina, que se replica en toda la América Latina. Explica que “selecciona” a unas personas y no a otras, lo que se ve en la práctica desde a quién detienen en la calle hasta las condenas y la similitud en las trayectorias de vida, en muchos casos con familias con la única presencia materna, con responsabilidades desde la niñez, sin terminar la escuela y con acceso a trabajos precarizados.

La socióloga dice que el sistema, tal como está, no funciona. “No es que yo te digo la solución es que no haya cárceles ni que no haya Código Penal, no, claramente no es esa la solución ni es lo que decimos quienes nos posicionamos desde este lugar, pero sí que supone una reflexión colectiva de qué hacemos cuando estas cosas pasan. Este sistema, así como está, claramente no funciona, las poblaciones penales siguen creciendo y tiene que ver con el estado de situación de los contextos sociales, pero también con las políticas que determinás, qué delitos vas a perseguir con más fuerza, qué recursos vas a poner para perseguir delitos, eso es una construcción. En América Latina adquiere estas características que yo te estoy diciendo, pero no hay otra reflexión sobre qué otras formas de organizarnos como sociedad pueden existir para tratar este problema de otra manera. Así como lo estamos tratando desde la modernidad en adelante, claramente no está funcionando”.

Escuela, capacitación y trabajo

Las profesionales explican que la educación, la capacitación en oficios y la posibilidad de un trabajo son los pedidos recurrentes de las personas privadas de la libertad. Sin embargo, los cupos existentes en los centros de detención son ínfimos con relación a la totalidad de internos e internas.

Cucchi, quien es licencia en Ciencias Política y Administración Pública, destaca la importancia de acceder a las aulas. “La educación tiene un valor muy grande adentro de las cárceles, la persona sale del pabellón que habita, va a un lugar donde es tratado como un estudiante, está con otro tipo de vínculos, otra forma de convivencia, otro respeto, tiene responsabilidades, aprende, tiene cosas que hacer, se va al pabellón y, con muchísima dificultad en esas condiciones que he descrito, tiene que hacer tarea, entonces ya ocupa la cabeza en eso, llega la visita y le puede ayudar a su hijo o hija. Tiene un montón de aspectos positivos, es un microclima la escuela en la cárcel, de pares, de respeto, donde se dan otras lógicas”, explica.

"La cárcel sostiene un discurso que no es real de reinserción", dijo Gutiérrez. Foto: Captura pantalla Señal U. 

Cucchi y Gutiérrez destacan que la brecha entre los cupos para estudiar o aprender un oficio y la cantidad de personas interesadas es parte de una rueda un poco perversa, teniendo en cuenta que, si a lo largo de su condena una persona termina la primaria, la secundaria o logra una certificación en oficios, puede obtener distintos beneficios, pero que si no existen cupos es imposible que cumpla con esa prerrogativa.  

Hay un aspecto del sistema de educación puertas adentro de la cárcel que aseguran es necesario rever, y el régimen que tienen los y las docentes —que es similar al de la escuela corriente, con horas cátedras— es poco atractivo para este caso en particular y se vuelve difícil de cumplir. Esto, teniendo en cuenta que deben viajar al complejo penitenciario Almafuerte, ubicado en Cacheuta, para dictar una hora de clase, cuando sería más conveniente unificar esos tiempos para evitar tantos traslados.

Cucchi considera que existen líneas de acción que se pueden profundizar para intentar mejorar en algo una situación compleja: el aumento en los cupos educativos, de talleres para aprender un oficio y el trabajo con las comunas para acompañar a las personas una vez que recuperan la libertad, además de seguir insistiendo con un cambio con relación al certificado de buena conducta, ya que por diez años no pueden obtenerlo.

-----“Fortalecer los CCT (Centros de Capacitación para el Trabajo) creo es la clave. Darle herramientas de laburo y un título, que además no dicen que lo hiciste en la cárcel, de electricista, de un oficio, con la carencia y la necesidad de oficios que hay en la calle, es una gran punta. Creo que otra línea de política pública que habría que trabajar tiene que ver con los municipios, hasta hace unos 10 años atrás había cierto presupuesto en los municipios destinado a la inserción de personas privadas de libertad y creo que ahí hay un rol enorme, de lograr desde lo territorial trabajar con la persona que está por salir en libertad, puede ser una buena punta en materia de políticas públicas”.