Reinserción: un abismo entre la realidad y el imaginario social

Sociedad

Del último informe de gestión del Servicio Penitenciario de Mendoza se desprende que cinco de cada diez personas privadas de la libertad no tienen terminado el secundario y tres de cada diez no finalizaron siquiera la primaria. “Ahí ya hay un primer desafío porque a veces les cuesta comprender una consigna. Por eso es importante terminar la primaria, terminar la secundaria, para comprender un poco el escenario que hoy tenemos, el mundo que hoy tenemos, y eso se logra con la educación”, señala.

Sin embargo, en 2025, de las 7212 personas privadas de libertad solo 2562 accedieron a educación o capacitación dentro de las cárceles, es decir, el 35,5 %. Para que eso cambie, no están dadas todas las condiciones. Romero sostiene que necesitan más infraestructura —porque la población carcelaria aumenta cada año—, más docentes con sueldos y horas que compensen —por ejemplo, el viaje que hacen hasta los penales Almafuerte, en Cacheuta (Luján de Cuyo)—, más frecuencia del transporte público.

Además menciona que al estar privadas de la libertad, las personas llevan un tiempo fuera del sistema educativo, lo que hace que les cueste más retomar sus estudios, leer, hacer cuentas. A esto se suma la difícil convivencia en los penales. “Tampoco es que sea tranquila, que yo puedo dormir tranquilo, levantarme tranquilo, ir a la escuela y está todo bien”. 

El hecho de que seis de cada diez personas vuelvan a la cárcel muestra para Romero que las actividades del Estado, del servicio penitenciario, de la Dirección General de Escuelas (DGE), del programa de Educación Universitaria en Contexto de Encierro (EUCE) no están dando los frutos esperados. “Esto es una señal de alerta, de alarma, para poder parar un poco la pelota y decir: a ver, si venimos haciendo esto y va aumentando el número de personas que reinciden, hay algo que tengo que cambiar en esta estrategia”.  

El procurador de las Personas Privadas de la Libertad de Mendoza, Luis Romero, destacó la importancia de la educación en los penales / Captura de pantalla de Fijar dato

Para Romero, hay decisiones positivas, como el nuevo centro universitario en Almafuerte II —el penal más nuevo de Mendoza— y haber logrado que las orientaciones sean iguales en todas las cárceles de la provincia. Esto permitió que las personas privadas de la libertad puedan continuar con sus estudios independientemente del penal al que vayan. “Eso fue un paso muy importante, pero fue recién el año pasado. Nos ha tomado mucho tiempo ver esta problemática y encontrarle una respuesta. Como Estado me parece que nos demoramos mucho en tomar algunas decisiones que podrían haberse tomado más rápido”, indica. 

Destaca la táctica del servicio penitenciario que permite que las empresas instalen sus unidades productivas en el ámbito penal para capacitar a internos e internas, pese a que los cupos son limitados. “Evidentemente hay que tratar de agudizar el ingenio para buscar alternativas: cómo, cada tanto y cada cuánto puede ir rotando esa cantidad de personas para que se puedan formar otras”.

Los Caciques, el primer equipo de rugby de la provincia integrado por personas privadas de la libertad / Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Pero cuando las personas recuperan la libertad aparece un vacío, explica Romero. El Estado las acompaña solo hasta la puerta. Nada garantiza que el empresario que las capacitó y especializó las llame. En ese punto hay una articulación que aceitar, sostiene, pero es algo de lo que nadie se está ocupando, ni el Estado ni el privado. El único caso que rescata es el de la asociación Los Caciques, cuyo programa de rugby  guía al  interno o interna aún después de recuperada su libertad. “El contexto económico nacional es adverso para todos nosotros, imaginate para esta población en particular. Ahí tenemos ese índice de reincidencia”, indica.

La familia, con su propia situación económica y problemáticas, también debe tenerse en cuenta. Romero describe la dinámica —ropa, comida, contención, apoyo— que implica para sus miembros ocuparse de las personas privadas de la libertad. Por eso, para él también es clave el rol de los municipios, porque son la primera instancia estatal para estar cerca de esos hogares, entender sus situaciones y hacer seguimiento cercano. Para quien sale de la cárcel, buscar, conseguir y sostener un trabajo también depende de que el entorno cercano se lo facilite.