En mayo, en Jocolí, Lavalle, ocurrió uno de los más recientes problemas relacionados a los derechos campesinos, Diego Montón -referente de la Unión de Trabajadores Sin Tierra- explicó que “las normativas existen, pero los tiempos de la justicia son demasiado largos para aquellos que quieren producir en tierras del secano, como el lavallino”.

Los productores creen que los fallos no llegan porque se especula con los precios que puedan tener las tierras después de la construcción de la doble vía a San Juan. Aseguran que no es un detalle menor que los títulos de propiedades que aparecen como tierras fiscales hayan cambiado de entidad titular varias veces, en principio pertenecían a Irrigación, luego a la dirección de Arraigo y más recientemente a la Agencia provincial de Ordenamiento Territorial.

La Ley de Arraigo, con más de 30 años, establece que el estado provincial debe hacerse cargo del relevamiento de familias campesinas de puesteros del secano y establecer mecanismos para que dichas personas puedan constituirse dueños.“Esta ley en particular no ha sido prioridad para ninguna gestión”, concluyó Montón.