Tres millones de visualizaciones en solo un día. Ese fue el impacto que tuvo en Polonia un documental que denuncia casos de pedofilia de sacerdotes y que generó las disculpas públicas de la Iglesia de ese país "por cada herida infligida".

"Pero no le digas a nadie", el trabajo realizado por los periodistas Tomasz y Mark Sekielski, denuncia los abusos de los religiosos a partir de decenas de testimonios de víctimas que en su niñez fueron abusados por sacerdotes. De hecho, el documental intenta confrontar a las víctimas con sus agresores, ya ancianos o enfermos.

Entre las acusaciones de los hermanos Sekielski están los casos de pedofilia de Franciszek Cybula, que fuera el confesor y capellán de Lech Walesa entre 1990 y 1995, cuando era jefe de Estado. Cybula murió en febrero pasado, después de haber concedido la entrevista para el film. Ante el escándalo, en una declaración publicada el sábado, el primado de Polonia, monseñor Wojciech Polak, escribió que el documental suscita "dolor y vergüenza" y pidió disculpas "por cada herida infligida por los hombres de la Iglesia".

La política también reaccionó a la polémica. El líder del partido gobernante, la fuerza conservadora-nacionalista Ley y Justicia, Jaroslaw Kaczynski, aseguró que su formación prepara cambios en el código penal para endurecer las penas por abuso sexual a menores.

"Previsiblemente las penas aumentarán hasta los 30 años de prisión", adelantó Kaczynski en plena campaña electoral (las elecciones europeas tendrán lugar el próximo 26 de mayo), de acuerdo con lo publicado por el diario El Mundo. Actualmente, el abuso sexual a menores de 15 años se castiga en Polonia con hasta 12 años de prisión.

Por su parte, monseñor Stanislaw Gadecki, presidente de los obispos polacos, sostuvo que el film "será útil para que sean todavía más acatadas las indicaciones del Papa sobre cómo prevenir la pedofilia por parte de los sacerdotes".

Francisco develó el jueves una revisión de la ley canónica –la legislación en vigor en la Iglesia católica– obligando ahora a los curas y a otros religiosos a señalar a la Iglesia cualquier sospecha de agresión sexual o acoso, así como los encubrimientos de estos hechos por la jerarquía clerical.