Los integrantes de la Comisión Investigadora de Santa Rosa, que buscan destituir al intendente Sergio Salgado, aseguraron que ya reunieron las pruebas que sustentan 12 denuncias que se hicieron en contra del mandatario. Pese a esto, recalcaron que solicitaron más información a distintos entes estatales.

Según la presidenta del Concejo Deliberante, Norma Trigo, enviarán las pruebas que reunieron a distintos organismos públicos para solicitar información más detallada. Entre esas entidades está el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), uno de los estamentos con los que la comuna mantendría una deuda. La edil no dio detalles sobre las pruebas y sólo adelantó que están relacionadas con la retención de haberes por parte del municipio.

A la reunión de la comisión sólo faltaron dos concejales del Partido Justicialista (del mismo signo político del intendente), aunque justificaron su ausencia con antelación. Del otro lado de la puerta no fueron muchos los trabajadores que reclamaron explicaciones al final del encuentro, como ocurrió en la primera reunión. Eduardo Jalit, delegado de ATE, confirmó que la asamblea de los trabajadores no se realiza con la misma intensidad de semanas atrás, sino que han acordado realizarla al menos tres veces a la semana frente a la municipalidad. Sin embargo, el reclamo es permanente y las reuniones se efectúan en las distintas delegaciones de Santa Rosa.

El exintendente de Santa Rosa y actual concejal por el Partido Demócrata, Antonio Ponce, hizo especial hincapié en la cantidad de pruebas que se van sumando contra Salgado. “Es bueno que se mantengan las reuniones de la Comisión, porque es una oportunidad más para que cada uno de los santarrosinos pueda denunciar”. Explicó que recurrirán a Fiscalía de Estado para ver el estado de las denuncias ya realizadas y que pesan sobre el cacique comunal, además de corroborar qué es lo que hizo durante los últimos años el Tribunal de Cuentas.

Una de las pruebas que se requerirá es la copia de todo el listado de cheques sin fondo que se libraron desde el municipio, los que van desde los 4000 a los 5000 pesos, según dijo Antonio Ponce a este medio. El objetivo es saber a quiénes se destinaron esos cheques. 

La Comisión también pretende obtener registros de los proveedores del municipio para tener al menos una cifra de cuánto es la deuda de la comuna.

Los concejales decidieron aprobar un cuarto intermedio, por lo que la Comisión se reunirá el 10 de febrero, salvo que reciban antes información de los organismos estatales. 
 

La crisis

A  Salgado se lo acusó de desmanejos y de ser el principal responsable de la crisis del departamento, que llevó a que los empelados no cobraran sus sueldos por varios meses. El Intendente se defendió asegurando que la comuna financió servicios que debía pagar la Provincia y que jamás le devolvieron el dinero. Desde la oposición y desde ATE apoyaron el pedido de suspensión del intendente en su cargo, y denunciaron la grave crisis administrativa y financiera del departamento.

Frente a las protestas, el 13 de enero, Salgado cerró el municipio temporalmente, debido a los constantes reclamos de los trabajadores municipales por sus salarios adeudados. Seis días después, el Gobierno le hizo un adelanto de coparticipación de 8 millones de pesos, pagó a los empleados diciembre y abrió la comuna nuevamente. Por su parte, el Concejo Deliberante formó una Comisión Investigadora a partir de las denuncias que realizó Ponce –exintendente– contra el cacique comunal.

Es importante destacar que durante dos años el Concejo Deliberante intentó llevarlo a juicio político dos veces. Realizó más de 10 denuncias ante Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Delitos Complejos, y nunca se tomaron medidas al respecto. Ahora, entre las denuncias más importantes que se encuentran en Fiscalía de Estado, está la emisión de 300 cheques sin fondos, la falta de respuesta ante los requerimientos de este organismo extra poder, el incumplimiento de los deberes de funcionario público y la firma de convenios considerados irregulares.

Ayer también se dio a conocer que, desde el gremio, los trabajadores sumarían dos denuncias más por “abandono de persona” (por la falta de servicios municipales) e “incumplimiento de funcionario público”.