Justificándose en la falta de tiempo para estudiar el pedido de juicio político al procurador general de la Suprema Corte de Justicia, Rodolfo González, los diputados se toman una semana para decir lo que es casi un hecho: que es probable que esa solicitud no llegue al Senado. El pedido fue realizado por la abogada Carolina Jacky, alegando mal desempeño en sus funciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público ya que, para la letrada, González es el jefe de los fiscales que en muchas oportunidades incumplen sus deberes laborales. Se basa en el caso de una de sus clientas, Laura Videla, quien ha colocado más de treinta denuncias por agresiones reiteradas y amenazas por parte de su expareja, y más de una vez ha sido ignorada, maltratada y desprotegida. Además, adjunta otras situaciones similares de otras mujeres a las que representa.
 

Qué dicen los legisladores

El jefe del bloque UCR, Néstor Parés, explicó que, si bien el pedido tomó estado parlamentario en la sesión de ayer, van a tomarse una semana más para estudiarlo. “Apenas hemos alcanzado a leerlo. Lo vamos a revisar punto por punto con el diputado Víctor Scatareggia (UCR) y seguramente el lunes tendremos una posición de bloque al respecto”, señaló.

En sintonía opinó quien comanda el bloque del PJ en Diputados, Silvia Ramos. “Sinceramente, nos llegó en la labor parlamentaria que hubo antes de la sesión. No sabemos en qué consiste, lo leeremos y daremos una postura en conjunto” aseguró.

Similar fue la opinión de Héctor Fresina, del FIT. “No hemos podido empaparnos del tema. Todavía no sabemos los fundamentos”, argumentó.
 

Los dichos en off

Por lo bajo, los legisladores afirman que la medida es extrema, y que antes habría que haber cargado contra los fiscales, que no hay ningún pedido de jury contra los que procedieron mal, y que este debería ser un paso previo al juicio político a una autoridad.

Ya lo había expresado Jorge Tanús, presidente de la Cámara de Diputados, al ser consultado por el tema durante la sesión de tablas. Tanús dijo que es raro que estos procesos lleguen al Senado, al menos durante el tiempo que ha sido legislador. Sin embargo, destacó que el único que más lejos llegó fue el presentado contra el exmiembro de la Suprema Corte, ahora jubilado, Carlos Böhm.

Aunque todavía queda la última instancia, esto es, las reuniones de bloque de la semana próxima en las que participan todos los diputados, esta es toda una señal de que lo más probable sea que la presentación de Jacky quede en Diputados. En esas reuniones puede suceder algún cambio de opinión, aunque, según aseguraron, la balanza se inclina por el rechazo de la medida.
 

El proceso del juicio

El juicio político es una medida sancionatoria que se solicita contra los funcionarios públicos. Si se quisiera castigar el procedimiento de un juez, lo que se solicita es un jury de enjuiciamiento.

En cuanto al juicio político, es el Poder Legislativo quien toma la decisión. La Cámara de Diputados es quien acusa y el Senado es quien juzga.

Una vez que ingresa el pedido, se presenta en sesión para que tome estado parlamentario y pueda ser debatido. En el caso del jury para Rodolfo González, esto ya ocurrió en la sesión de ayer, pero en este caso no se votó porque, como se dijo, los legisladores pidieron una semana más para estudiar el pedido.

En la próxima sesión de tablas, los miembros de la cámara Baja deberán votar por si se rechaza, o bien si se le da curso al pedido. Si se rechaza, se termina el proceso. Si se le da curso, se envía al Senado para que este dé su veredicto.

En Mendoza, el único funcionario alejado de su cargo por medio de este procedimiento fue el vicegobernador Alberto Martínez Baca quien, tras una crisis política dentro del peronismo, fue llevado a juicio político y suspendido en junio de 1974.