Está claro que el gobernador Alfredo Cornejo sabe que no quedará en la historia por levantar grandes obras de infraestructura. Por más que asegure desde que comenzó su gestión que “va a ser un gobernador de transición” y “un gobernador al que se lo recuerde por haber normalizado el desastre administrativo de la provincia”, nadie queda en los archivos sólo por conseguir el equilibrio financiero perdido. Por lo tanto, el radical ha buscado como punto de apoyo y trampolín de lanzamiento al futuro un terreno en el que juega de local: la seguridad.

Lo que Cornejo está haciendo es una especie de reforma como la de 1999 pero a cuentagotas, sobre todo porque habría levantado resquemores si hubiera caído con todo el peso de estos cambios juntos. Entonces, va construyendo de a poco, firme pero sostenido en el tiempo, al igual que durante el proceso de construcción de su estructura dentro del radicalismo.

Cornejo aprovechó los festejos del 25 de Mayo en San Rafael y la exaltación de los valores patrióticos para meter un bocadillo de seguridad: el envío a la Legislatura de un proyecto sobre unificación de causas en un solo tribunal de los sospechosos que tienen expedientes abiertos en distintos juzgados. Esta medida les dificultará seguir libres durante el proceso.

Este será el sexto proyecto en materia de seguridad que envía desde enero de 2016.
 

Media docena

Emergencia en seguridad: se aprobó el 1.º de marzo de 2016. Apuntaba no sólo a disponer de las partidas presupuestarias necesarias para rearmar a las fuerzas policiales, adquirir material que faltaba, sumar compras como la del helicóptero equipado para realizar traslados sanitarios, sino también para hacer reingeniería de personal si fuera necesario.

Reforma de la estructura policial (Ley 6722): una de las apuestas fuertes de Cornejo fue la de modificar la estructura policial, que se acordó con la Ley 6722. Entre otros aspectos, mayores exigencias para entrar en la Policía, como el secundario completo y límites en la edad de ingreso (hasta 30 años). Además, abrió la posibilidad de que los auxiliares hicieran carrera dentro de las fuerzas, agregando categorías al escalafón. También endureció las sanciones para los policías infractores y nuevas normas con respecto a la antigüedad.

Defensor del Policía: esta es una de las iniciativas que ya se convirtió en ley el 24 de marzo pasado. La Ley de Defensor del Policía viene de larga data legislativa y esta vez el gobierno fue quien impulsó su sanción.

Cambios en la cúpula de la Inspección General de Seguridad: el cambio sustancial con esta normativa era que el gobierno se quedara con la mayoría en el directorio, conformado por un miembro del Ejecutivo y dos por las mayorías legislativas. Así, el frente Cambia Mendoza tiene el control de las decisiones que toma la Inspección General de Seguridad.

Endurecimiento de la prisión preventiva: se anunció el 1.° de mayo y ya tiene sanción inicial de la Cámara Alta, con toda una discusión y polémica detrás. La idea de protocolizar la forma en que se dicta la prisión preventiva, poniéndola como responsabilidad de un juez, agregándole plazos fatales, tipificando las situaciones en las que se puede dictar y haciendo parte del debate a la víctima, son las características de esta norma. El FpV la acompañó a regañadientes y sólo en general, ya que en particular se animaron a ponerle un cepo, que no alcanzó para trabarla. Sólo fue una declaración de principios.

Unificación de causas: este es el último de los anuncios, realizado el miércoles 25 por el Gobernador, y tiene que ver con unificar en un solo tribunal las causas que un mismo acusado tiene en distintos juzgados. Pretenden que funcione como filtro para las excarcelaciones.