Los barrios privados son un fenómeno que se ha extendido notablemente en toda América Latina. Estas miniciudades varían en tamaño, densidad y forma. Sin embargo, comparten características similares: en la mayoría de los casos, ofrecen a sus ocupantes servicios urbanos, espacios verdes y zonas comunales exclusivamente para sus residentes.

Sin embargo, estas miniciudades tienen consecuencias negativas sobre el tejido urbano: las barreras y la seguridad privada garantizan la división sistemática de los estratos sociales. Los barrios privados, paradójicamente, crean espacios más inseguros para quienes están por fuera de las rejas, por lo que se prioriza el beneficio individual sobre las necesidades colectivas. Sin mencionar el impacto ambiental que provocan estas construcciones.

En cuanto a lo monetario, el costo de vivir en un barrio privado tiene su incidencia en el bolsillo cuando mencionamos a las expensas: aproximadamente el 50% de la carga sobre las expensas ordinarias (que rondan los $ 7500 mensuales) en estas urbanizaciones se origina en los gastos por seguridad privada. También hay que tener en cuenta otros factores, como son la cantidad de lotes entre los que se distribuye el gasto de servicios y la relación de superficies entre el espacio privado y los espacios verdes de uso común.

Los barrios cerrados constituyen un caso extremo del fenómeno de segregación social urbana que se ha agudizado en nuestro país. Ellos buscan dar respuesta a un problema social muy grave, como es el tema de la inseguridad y de la violencia urbana. Por otra parte, no actúan sobre la causa del problema, sino sobre sus efectos.