En el año 2001, mientras ejercía sus funciones, la jueza Stella Maris Ontiveros sufrió una lesión en una rodilla, razón por la cual permaneció durante años con licencia por motivos de salud y con el cobro total de sus haberes. Esto motivó que en 2007 se promoviera un proceso de jury en su contra, que fue revocado porque el juez Carlos Böhm se excusó de pronunciar un fallo por ser amigo suyo. La jueza redobló el contraataque y demandó al Estado Provincial y a la ART Prevenir por daños, por un monto indemnizatorio cercano a los 5 millones de pesos. En noviembre de 2013, con el voto, entre otros magistrados, del doctor Böhm, quien entonces no se excusó, la Suprema Corte sentenció a la Provincia y a la Aseguradora a pagar a Ontiveros la suma de 718.000 pesos.

A partir de entonces, el senador provincial Gustavo Valls, del Partido Federal, y la diputada provincial por Unidad Popular Patricia Gutiérrez, denunciaron en la Legislatura a Böhm por incumplimiento de los deberes del funcionario público por favorecer a Ontiveros. Se conformó entonces, a principios de esta semana, la Comisión de Labor Parlamentaria a fin de proceder al tratamiento legislativo del pedido de juicio político al miembro de la Suprema Corte. Fue Jorge Tanús, presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, quien señaló la relación entre la promoción de este juicio y las presiones que ejercen los grandes grupos mediáticos de Mendoza. Fallos ya confirmados sobre el incumplimiento que esos medios tienen respecto de las condiciones salariales de su personal de prensa, y alrededor de 50 nuevas denuncias de esas trabajadoras y trabajadores, que la Suprema Corte debe resolver las próximas semanas, evidencian un clima de operación e influencia mediática sobre la justicia. Más allá de la responsabilidad, o no, del juez Böhm, son intereses espurios los que se hacen patentes en las coberturas llevadas adelante por algunos de esos medios para conseguir la destitución del juez.

Todo esto en una provincia que cuenta con un solo antecedente de juicio político que culminó con la destitución de un funcionario público: la del ex gobernador Alberto Martínez Baca, hace 40 años, en un marco de clara intencionalidad política e ideológica. Por estos días han sido notorias las estrategias “comunicacionales” para empujar a la destitución del magistrado, fundamentalmente desde los medios del grupo UNO, una de las empresas de mayor concentración mediática del país, con base operativa en Mendoza y de insoslayable influencia sobre los sectores políticos que se alternan en la administración de la provincia.

Extensas coberturas diarias, con un lugar predominante en las tapas del matutino, donde se señala la posible responsabilidad de Böhm y ostensiblemente se omite el contexto de intereses de los patrones en el conflicto contra sus empleadas y empleados. El colmo de la animosidad se evidenció en la tergiversación de la edad del investigado: se le adjudican 78 años de edad en lugar de los 74 que tiene, como si eso sirviera para desacreditarlo aún más. A los dislates impulsados por UNO se sumaron diario Los Andes, del grupo Clarín; diario El Sol, propiedad de Sigifredo Alonso; MDZ Online, de Orlando Terranova; y Sitio Andino, de Omar Álvarez.

Se estima que la situación del juez Böhm se comience a tratar el 12 de febrero por la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, presidida por Daniel Cassia e integrada por seis legisladores de las distintas bancadas. En un plazo no mayor a 30 días hábiles se resolverá si el funcionario incurrió o no en los hechos denunciados. Para que prospere el juicio político en su contra basta con la mayoría simple del voto en Diputados. De prosperar, pasa a la Cámara de Senadores donde, tras una nueva evaluación, se deberán obtener dos tercios de los votos para la destitución; de lo contrario, la causa será desestimada. 


Vigencia y diferencia

El Convenio Colectivo de los Trabajadores y las Trabajadoras de Prensa de Mendoza se rige por el de la Federación Argentina de los Trabajadores de Prensa, FATPREN. Edición UNCUYO contactó al doctor Adolfo Marengo, histórico defensor de las luchas gremiales de las y los periodistas locales. El eje actual de esas reivindicaciones tiene que ver con “la aplicación del artículo 58 del convenio colectivo. Existen ocho fallos de la Corte que confirman la vigencia del convenio y del régimen salarial, pero las empresas se resisten a aplicarlos”, dijo el abogado.

Explicó además: “Hay causas presentadas en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que han tenido pronunciamientos favorables a los trabajadores y han sido recurridas por los empresarios. Tres de ellas han sido ratificadas por el superior Tribunal y confirman la vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo, en particular de la cláusula salarial que establece el régimen y escala de remuneraciones por la cual los trabajadores de prensa deben percibir dos salarios mínimos”. Es decir, alrededor de 7.200 pesos. Su aplicación es resistida por las empresas de medios de comunicación. En los fallos que sirven de antecedentes intervinieron los jueces de la Sala II de la Corte, conformada entonces por los magistrados Hernán Salvini, Carlos Böhm y Pedro Llorente. La nueva composición de la Sala incorpora al doctor Mario Adaro en lugar de Llorente, y son ellos quienes deben expedirse acerca de los planteos en curso. Adaro está sospechado de articular los intereses empresariales en la Corte Provincial, debido a su cercanía con los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, titulares del Grupo UNO.

Para el abogado, “el hecho de que se pida muy publicitariamente el juicio por destitución al doctor Böhm preocupa a los trabajadores, a quienes somos sus abogados y al mismo Sindicato de Prensa, ya que esto puede significar una alteración del criterio de la Corte. La coincidencia es significativa: desde el año pasado los trabajadores vienen efectuando denuncias ante la Cámara Laboral con el fin de defender sus derechos. De mantenerse el criterio de la Corte, las empresas van a tener que atenerse al convenio colectivo, lo cual implica, ahora sí, cumplir con los reclamos de tipo económico que vulneran desde 2004. Es decir, desde entonces los trabajadores no perciben lo que corresponde, y el total adeudado corresponde a montos muy importantes”.

Se habla así de una suma superior a los 50 millones de pesos, lo cual explica (y de ninguna manera justifica) las amenazas y presiones que desde hace años las gerencias de los medios privados de comunicación ejercen sobre sus trabajadoras y trabajadores, y en torno al poder político y judicial. Marengo fue elocuente respecto de la responsabilidad de la patronal y sus consecuencias: “La desfinanciación que las empresas de medios pudieran tener está directamente vinculada a la acumulación de remuneraciones no abonadas durante casi diez años, lo que les ha significado un beneficio extraordinario. Las mismas empresas, con medios en otras provincias, pagan salarios superiores a los que les corresponde pagar en Mendoza”.

Acerca de la presión mediática contra el magistrado Carlos Böhm, el representante del gremio habló reiteradamente de “inquietud” y “tendenciosidad”: “Desconozco los pormenores de las denuncias en su contra. Es la Comisión de Juicio Político la que deberá analizar los expedientes y el sentido de las resoluciones por las cuales está acusado. A nosotros nos afecta directamente porque se intenta presionar a las instituciones, luego de planteos jurídicos presentados y ya acogidos por la Cámara del Trabajo, y confirmados por Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es preocupante. Esperamos que se sostengan la institucionalidad y los criterios avalados en todas las instancias previas. La relación con el caso Böhm es independiente de las intenciones que promueven su destitución, y objetivamente, la relación de otros actores en la Sala Laboral de la Suprema Corte se vería alterada, ya que toda la jurisprudencia asienta la vigencia de los artículos 56 y 58 del Convenio Colectivo de Trabajo” (CCT 17/75 en el Estatuto del Periodista de Mendoza). Esto altera la relación de fuerzas entre las empresas y los trabajadores, y violenta la institucionalidad del Poder Judicial. Confiamos en la Suprema Corte. De no ser consecuentes con lo resuelto hasta hoy, apelaremos a todas las instancias pertinentes hasta elevar la denuncia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.