“Este lugar está señalizado hace un año. Y deben haber pasado muchas personas por esta explanada, por esta vereda. Personas que vieron, que supieron y que debieron haberse hecho muchas preguntas. Ese era el primer paso. Pero la Asociación de Expresos y Expresas Políticas, y todas las organizaciones de derechos humanos, tenemos un sueño: que este lugar pueda transformarse en la memoria viva de quienes dejaron aquí su sangre. No dejamos de cantar, no dejaremos de vivir, no dejaremos de soñar. Tampoco de luchar. Hoy es justo el tiempo de cambiar la muerte por un proyecto de vida”. Estas palabras fueron pronunciadas en representación de los organismos el pasado 24 de marzo por Alicia Morales, “ilegalmente detenida en este sitio”, sobreviviente del terrorismo estatal y víctima directa de su aplicación en el D2, el mayor centro clandestino de detención de Mendoza.

Tan esperado como sentido, el acto fue un recordatorio de las personas desaparecidas de a decenas por el accionar de las bandas policiales, y una reparación para las sobrevivientes. Además de Morales hablaron Omar Palermo, ministro de la Suprema Corte de la Provincia, y el gobernador Francisco Pérez, quien finalmente anunció: “El actual Palacio Policial pasa a depender del Ministerio de Desarrollo y Derechos Humanos, y del Poder Judicial de Mendoza, para establecerlo como la sede de un espacio para la memoria, defensa y promoción de los derechos humanos”.


El olvido sin agenda

Paco Pérez ratificó “el compromiso militante” del Poder Ejecutivo Provincial con los lineamientos de la Nación acerca de la política de derechos humanos. En su discurso, además, aludió a la importancia de los documentos que el ministro de Defensa, Agustín Rossi, entregaría al día siguiente al mandatario provincial; también se refirió al homenaje estipulado para el 30 de marzo al militante Benedicto Ortiz, “quien dejó la vida por la democracia” y fuera asesinado hace 32 años. También destacó: “En estos años hemos otorgado más de 400 pensiones a familiares y víctimas del terrorismo de Estado. Y trabajamos por otras tantas, que están en trámite administrativo”.

“Los pueblos sin memoria dejan de ser pueblos. Por eso este homenaje nos reúne”, dijo antes de mencionar que se cumplían 10 años desde que el expresidente Néstor Kirchner bajara los cuadros de los represores en la ESMA, y la posterior transformación de ese centro clandestino en el primero y mayor de los espacios de la memoria abiertos en el país. Con ese gesto emblemático "quedaba claramente establecido que el olvido no estaba en la agenda del Estado argentino. El lugar que fue centro de logística y desaparición del terrorismo de Estado se transformó en un centro de reflexión y de construcción de conciencia”. El parangón con lo que fue el D2, y lo que significa desde ahora para las mendocinas y los mendocinos, llevó al gobernador a recordar a Rodolfo Walsh, asesinado y desaparecido por una de las patotas de la ESMA, y la lucidez que tuvo al denunciar a la dictadura como “el establecimiento de un plan perverso para castigar a millones de argentinos”.

“La memoria no es algo relacionado con el pasado. Es el espacio donde se legitiman los proyectos políticos y sociales del presente. Hoy el pueblo de Mendoza, su gobierno, su Estado, rinden homenaje a quienes fueron víctimas de ese otro Estado, el ilegítimo, el del terror, el que intentó ocultar por largos años sus acciones más brutales e inhumanas, que gracias a las fuerzas nacionales terminó con su régimen de horror. No será fácil recorrer esos pasillos, pero debemos hacerlo para las nuevas generaciones. Es la memoria colectiva la que nos hace pueblo, la que no nos deja dormir si tenemos cosas pendientes, la que nos permitirá seguir adelante y trabajar día a día para que nunca más en nuestro país se impongan el egoísmo, la violencia y el horror. Los organismos de derechos humanos, las madres, los hijos, son las verdaderas luchadoras y luchadores populares, que durante años han sostenido sus valores casi en soledad. Nunca más al horror, nunca menos que memoria, verdad y justicia”.

“Están, estamos, estaremos”

Alicia Beatriz Morales fue ilegalmente detenida con sus pequeños hijos en junio de 1976 y puesta en libertad en 1980. Entre tanto, sufrió las peores torturas y violencias psicológicas en el D2, antes de ser “trasladada” al Penal provincial y a la cárcel de Villa Devoto. Además de otros compañeros y compañeras que sufrieron la persecución como ella, en mayo de 1978 secuestraron y desaparecieron a su pareja, Juan José Galamba. Alicia se convirtió entonces, desde San Rafael donde vive con su familia, en una de las principales luchadoras contra la impunidad. Brindó testimonio en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad, en el que además de un importantísimo reconocimiento fotográfico, relató el horror vivido por otras compañeras. En el tercero también fue testigo pero en relación al secuestro de Galamba y al grupo de pertenencia cruelmente devastado en mayo de 1978 por el GE78, al mando del por entonces “instructor contrasubversivo” Carlos Rico. Se espera para el presente megajuicio un nuevo aporte de Morales, dado que su causa y la de otras personas secuestradas en operativos relacionados integra uno de los más de 100 casos que se investigan sobre el accionar represivo del D2 y sus integrantes. Sus palabras en el D2 son un ejemplo de lo que su lucha significa:

“Han pasado 38 años del golpe cívico-militar. Treinta y ocho años del día que amaneció con el Comunicado N.º 1 de la Junta del Ejército a los argentinos: 'Se comunica a la población que a partir de hoy...'. Y es así como, en este lugar, después de tantos años, me enorgullezco de hablar en nombre de los expresos y expresas políticas, de quienes pelean por los derechos humanos y también por los desaparecidos, nuestros queridos compañeros. Y por todos nosotros, los que sufrimos y pasamos por este lugar de tortura y muerte. Desde este lugar en el cual muchos dejaron sus vidas, decimos en sus nombres que nos orgullece tener voz para poder decir que ni la tortura, ni la muerte podrán acallar la memoria. Acá estamos y estaremos para honrar la vida. Y estaremos aún después, siempre, como los desaparecidos, por nuestros hijos y nietos, para que nadie olvide la verdad, esa que quisieron tapar con terror y escondieron con demonizaciones y mentiras. Es tiempo de hacerse cargo en nombre de la justicia para que nunca más reine la impunidad”.

“Es un 24 de marzo muy especial porque se está desarrollando el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad. Son reparadores estos juicios donde se respetan los derechos y garantías de los imputados, sean jueces civiles, o miembros de las Fuerzas Armadas o de seguridad. No se busca venganza, solo la verdad para seguir construyendo una democracia sana, con inclusión y respeto de todos y todas. Llegar hasta aquí ha sido una larga lucha, hizo falta mucho coraje y voluntad política para desandar el camino de la obediencia debida, del punto final, y de los indultos. Para que la democracia empezara a fortalecerse hizo falta luchar contra el poder, la impunidad, las promesas mentirosas de libertad, y hasta con el 'no te metás' y el 'algo habrán hecho'. Y aunque aún falta mucho por hacer, están allí, estamos, estoy, con la frente en alto sabiendo que el futuro no se construye solo. Lo hacemos entre todos, desde todos, aportando, no destruyendo, confrontando ideas, no entorpeciendo sin razón o con razones espurias. Porque la voluntad política también se construye entre todos para hacer el camino que esperamos y soñamos: una patria para todos y todas, más justa, más libre y soberana. El modelo neoliberal ya demostró a sangre y fuego lo que es capaz de hacer. Y lo sigue demostrando aquí, en nuestra América y hasta en Europa. El mundo entero vive jaqueado por los intereses de unos pocos. De esto también tenemos que hacernos cargo”.

Justicia y compromiso

El juez Omar Palermo, referente nacional en materia del abordaje jurídico de los derechos humanos y uno de los mayores impulsores de los juzgamientos por delitos de lesa humanidad en Mendoza desde su época de fiscal, amplió las consideraciones de Alicia Morales respecto de la importancia del megajuicio en curso y la fundamental relación complementaria que ese proceso tiene con la refuncionalización del D2 como espacio de la memoria. Al igual que el gobernador, la sobreviviente y el público presente, el juez se emocionó al mencionar a las víctimas del terrorismo de Estado:

“Este es un día muy importante para la democracia y para el Estado provincial. El D2 es el símbolo del mayor centro clandestino de detención y desaparición de Mendoza. La voluntad de transformarlo en un ámbito de espacio para la memoria y la justicia es un acto de reparación con la sociedad por la firmeza que muestra el Estado; con las víctimas; con los que aún están; y con los familiares que durante tantos años reclamaron por sus seres queridos. Es formidable. Y es también un acto de asunción de responsabilidad por parte del Estado: que la muerte, la tortura y la desaparición de personas hayan ocurrido a tan pocos metros de los tribunales demuestra el silencio y la responsabilidad judicial”.

Con respecto al megajuicio que desarrolla el Tribunal Oral Federal 1, y en el que por estos días concluye la lectura de las causas, justamente con la que da cuenta de los centenares de hechos aberrantes que se cometieron durante años en el D2, con el accionar del resto de las fuerzas de seguridad y el apoyo de los, por entonces, magistrados federales hoy acusados, Otilio Romano, Luis Miret, Gabriel Guzzo, Evaristo Carrizo y Guillermo Petra, Palermo consideró:

“El juicio a los jueces discute la responsabilidad individual de quienes formaron parte del aparato judicial estatal. Lo que no se puede discutir son la complicidad y el encubrimiento del Poder Judicial como poder de ese Estado. La responsabilidad no es solo con los terribles hechos que sucedieron, sino también con el presente y el futuro. El Poder Judicial hoy demuestra esa responsabilidad al investigar los delitos que se están cometiendo y en cuanto garante de la forma en que se cumple la privación de la libertad en Mendoza. Aunque no alcance con las visitas protocolares al Penal, nuestro compromiso es reafirmar y redoblar los esfuerzos. Lo mismo para este proceso judicial: que sea rápido, que no revictimice. La Corte está trabajando para que se garanticen la brevedad y su publicidad. Para eso contamos con lo que podemos asegurarle a la sociedad: independencia, tanto del poder político como de los poderes fácticos. Ese es nuestro compromiso y nuestra reafirmación de los derechos humanos”.