Sin modelo policial

Hace 15 años, los partidos políticos con representación parlamentaria acordaron una política de Estado en seguridad, y uno de sus aspectos medulares fue la profesionalización de la Policía de Mendoza, para lo que se creó el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP). Quince años después de aquel pacto, integrantes de la fuerza, estudiosos de la temática, funcionarios y ex funcionarios definen la formación de los uniformados como aceptable, pero advierten que no está claro cuál es el modelo policial a seguir, que se privilegia el número por sobre la calidad, que no se considera al recurso humano como un factor estratégico y que falta vocación para comprometerse a realizar una de las tareas más complejas y que implica riesgo de vida.

Los funcionarios de la cartera de Seguridad, de esta gestión y de las anteriores, machacaron siempre con un mismo tema: hay pocos uniformados en relación con la cantidad de habitantes, por lo que impulsaron modificaciones a las leyes o aceptaron figuras transitorias como permanentes, con el aval de los legisladores. Esto ocurrió con los auxiliares, que ingresan al Instituto sin haber terminado el secundario y que, luego de un curso de 10 meses, salen a la calle con su arma. Hoy, un gran porcentaje de la fuerza –integrada por 8700 policías– está formada por auxiliares, a quienes se les dificulta seguir con su capacitación debido a la recarga horaria. Además están fuera del escalafón, es decir que no tienen ninguna posibilidad de ascenso en tanto no cumplan con el requisito de concluir por lo menos la Tecnicatura en Seguridad Pública.

Lo que nunca aclaran –ni este ministro ni los anteriores– es cuántos policías son auxiliares, cuántos realizan tareas de prevención, cuántos están abocados a tareas administrativas que podrían hacer los civiles y cuántos están con parte de enfermo. El Ministerio de Seguridad no brindó información oficial al respecto, pese a los reiterados pedidos para que algún funcionario de la cartera accediera a realizar una entrevista con Edición UNCUYO.

Aun así se sabe, según datos oficiales nacionales, que Mendoza cuenta con 5,7 policías cada 1000 habitantes, es decir que estamos en la media nacional.  

Los especialistas plantean que la flexibilización en los requisitos de ingreso es sólo una muestra de las medidas espasmódicas que se tomaron en los últimos años y que resultan contradictorias con el concepto repetido en cientos de discursos –de este ministro y de los anteriores–: el de tener una policía profesionalizada, con grado universitario, que sea capaz de prevenir, de advertir los conflictos y de resolverlos. Pero más que eso, el de considerar al recurso humano del brazo armado del Estado como un factor estratégico en la búsqueda de soluciones, lo que también incluye escuchar las opiniones de sus hombres y mujeres más valiosos y tenerlas en cuenta a la hora de las decisiones.

Los estudiosos también advierten que, en los últimos 10 años, los cambios siempre fueron espasmódicos y al ritmo alocado de la conmoción que significa el asesinato de una persona a manos de un delincuente. Cambios sin plan, sin un rumbo y que se van modificando al ritmo de las presiones sociales.

La reforma trunca

La reforma en materia de seguridad acordada a fines de 1998 fue precedida por una serie de casos de abuso y de gatillo fácil, que le dieron a la Policía de Mendoza el triste mote de “policía brava”. Entre ellos, los casos de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria (1990), Pablo Guardati (1992), Hugo Alejandro Romagnoli (1996), Héctor Tocopa (1997) y el del joven Sebastián Bordón (1997), asesinado brutalmente por integrantes de la fuerza que intentaron encubrir el hecho, pero por el que finalmente cinco uniformados de San Rafael fueron condenados.

En medio de esa realidad y de un creciente índice de delincuencia, a fines de 1998 hubo una revuelta policial cuya chispa fue el asesinato del agente Héctor Castillo. Luego del sepelio, los uniformados se autoconvocaron en la puerta de la Legislatura y entregaron un petitorio a las autoridades, que dejaba en claro que su reclamo iba más allá del tema salarial, ya que resistían cualquier intento de cambio, mucho más después de que el entonces gobernador, Arturo Lafalla, descabezó a la fuerza por el crimen de Bordón.

Frente a esta situación y al aumento del delito –motivado, entre otras miles de causas, por las políticas neoliberales de los 90–, Lafalla comenzó a trabajar en una reforma integral del sistema de seguridad, inspirada en la que el entonces ministro bonaerense del área, León Arslanián, estaba llevando adelante en la provincia de Buenos Aires. El ex gobernador convocó y trabajó junto a integrante de los partidos con representación parlamentaria: la UCR, el PD y el Justicialismo.

El 28 de diciembre de 1998 anunciaron la política de Estado, cuyos ejes centrales eran: el plan y sus modificaciones se realizarían siempre por consenso, la autoridad civil recuperaría la jefatura policial y, por ley, el jefe de la fuerza sería el ministro de Seguridad ­–en ese momento, Alejandro Cazabán–, y haría un nuevo organigrama y una profunda reforma en el sistema de formación de los uniformados.

Los lineamientos de la reforma estaban contenidos en cinco proyectos de ley que fueron aprobados, incluido el que contemplaba lo que se conoció como purga policial, por la cual 130 uniformados fueron expulsados de la fuerza, así como un nuevo régimen para la policía (6722).

En su libro, Utopía y Realidad, Testimonio de un gobernador (1995-1999), editado por Ediunc, Lafalla relata su impresión sobre la capacidad de resolución que en ese momento tenía el brazo armado del Estado. “Esta oficialidad (la plana mayor y el conjunto de oficiales que lo seguían) no tenían la menor idea de cómo enfrentar este nuevo fenómeno de la creciente inseguridad, consecuencia, sin lugar a dudas, de un complejo número de causas, de la que ellos evidenciaban no tener siquiera la sospecha de que existían. Estaban sólo preparados para combatir (y a medias) el juego clandestino y la prostitución, y uno que otro robo hecho por delincuentes habituales y conocidos. Los nuevos fenómenos, principalmente el de la marginación social aprovechada por los narcotraficantes para distribuir y consumir droga; el de la masificación de robos de autos, electrodomésticos, celulares, etc, alentados por redes de comercialización mimetizadas en el comercio formal, o cada una de las nuevas formas que toma el delito y sus complejas causas, les eran totalmente extrañas y desconocidas”.

La reforma buscó saldar esa responsabilidad política que la dirigencia no había cumplido: formar policías profesionales, respetuosos de los derechos individuales y colectivos. Y al mismo tiempo, dejar en el pasado la figura de la “policía brava”, corrupta y encubridora.

El viejo y el nuevo modelo

La reforma fue también el primer paso que dio la Provincia para dejar atrás el modelo de policía militarizada que se replicaba en todo el país, y pasar a un nuevo modelo profesional, proactivo y con fuerte vínculo con la comunidad. Sin embargo, casi todos los ministros a partir de la reforma (Alejandro Cabazán, Leopoldo Orquín, Roberto Grillo, Alfredo Cornejo, Osvaldo Tello, Miguel Bondino, otra gestión de Alfredo Cornejo, Juan Carlos Aguinaga, Carlos Ciurca y Carlos Aranda) hicieron cambios que, según los especialistas, significaron y significan dar marcha atrás, y volver al viejo esquema.

Alberto Montbrun, estudioso del tema, consultor del Ministerio de Seguridad entre octubre de 2008 y marzo de 2009 (durante las gestiones de Aguinaga y Ciurca) y profesor del IUSP, explicó las características de esos dos modelos en pugna. Comentó que las policías del mundo y de Argentina se estructuraron en las primeras décadas del siglo XX siguiendo las pautas de las organizaciones mecánicas de la sociedad industrial, caracterizadas por estructuras jerárquicas y supernumerarias, con rigidez organizacional y verticalidad en las decisiones. En este esquema –al que sumó en el país la Doctrina de la Seguridad Nacional y del subversivo como enemigo– la fuerza estaba formada por un pequeño número de oficiales que daba las órdenes y resolvía las estrategias, y un gran número de suboficiales y agentes, que solo debían acatarlas.

El profesor del IUSP recalcó que ese modelo de policía tradicional, militarista, centralizada y basada en los números, entró en crisis hace 40 años a nivel mundial, y se implementaron reformas que tendieron a un nuevo modelo, proactivo, descentralizado, profesionalizado, capaz de dar respuestas múltiples, orientado a la prevención y con un fuerte vínculo con la comunidad.

Para el especialista, una de los defectos de la reforma fue que no especificó el modelo de policía al que se tendía y planteó que hoy, pese a los cambios y a los discursos, el modelo existente sigue siendo uno más propio de la sociedad industrial.

Policías profesionales

Meses después de anunciada la reforma, ya en 1999, se creó el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) con el objetivo de brindar una formación universitaria a los policías. El Ejecutivo firmó un convenio con la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), que se encargaría de velar por la calidad de los saberes.

El Instituto ofrece una formación integral con una carrera de grado, Licenciado en Seguridad Pública, que tiene una duración de cuatro años; un título intermedio o de pregrado, la Tecnicatura en Seguridad Pública, de dos años, y un curso de auxiliar, de 10 meses. Todas las personas que ingresan reciben una beca durante su formación, que según las carreras es de 300 pesos por 24 meses o de 500 pesos por 10 meses.

El Instituto tiene sedes en la ciudad de Mendoza, en San Martín y en San Rafael, donde existen las mismas carreras, salvo en la sede de Valle de Uco, donde solo se forman auxiliares. En todos los casos, los estudiantes tienen una jornada extensa –de las 6.30 a las 19.30– en la que cursan las materias, realizan actividad física y aprenden saberes específicos del trabajo policial.

Hoy el instituto cuenta con 90 profesores, entre la licenciatura y la tecnicatura, a los que se suman 30 que capacitan a los auxiliares y 60 instructores que llevan adelante la formación policial.

El Ministerio de Seguridad invierte en la formación de los policías unos 16 millones de pesos anuales en todos los gastos del Instituto, de un presupuesto total votado para el 2013 superior a los 1500 millones de pesos.

Con el paso de los años, y especialmente a partir del 2003, se fue dando mayor relevancia a una figura que fue contemplada como transitoria, aunque se convirtió en permanente y se transformó en el grueso de los egresados: auxiliares que realizan un curso de diez meses y salen a la calle con su arma reglamentaria.

La ley de la reforma que marcó el régimen policial dispuso un escalafón único de ascenso, en el que sólo podrían subir quienes tuvieran preparación universitaria. Así, los que concluyeron la licenciatura de cuatro años pueden acceder a los cargos más altos: comisario, comisario inspector y comisario general. Quienes se recibieron de técnicos son nombrados como oficiales ayudantes y pueden seguir subiendo de rango a oficial inspector, principal y subcomisario, y si quieren seguir deben concluir la licenciatura.

En esta carrera de ascensos no están contemplados los auxiliares, que pueden ingresar al Instituto sin haber terminado la secundaria (teniendo solo el tercer año) y que, luego de concluir el curso, tienen cuatro años para terminar sus estudios medios. Seguirán fuera del escalafón salvo que regresen a estudiar y se reciban de técnicos.

Los números permiten visualizar que el grueso de los alumnos son auxiliares: egresan unos 300 por año, ya que en todas las sedes se realizan anualmente unos cinco cursos de entre 45 y 55 alumnos. De ese total, solo 40 regresan al Instituto para cursar la tecnicatura, que les permite ingresar en el escalafón. En cuanto a la tecnicatura, egresan unas 160 personas por año, y unos 50 uniformados por año, que ya son técnicos, regresan para concretar la licenciatura.

El director general del Instituto, Leonardo Comperatore –quien comenzó su tarea en 2009 luego del alejamiento de Hugo Duch– aseguró que la preparación que reciben los futuros uniformados es buena, aunque reconoció que no tienen un perfil definido del policía a formar, sino que les brindan una capacitación amplia para que luego puedan realizar cursos de perfeccionamiento, según el área a la que sean asignados.

Comperatore explicó que las mujeres y varones que llegan al Instituto buscando solo una salida laboral no duran mucho, teniendo en cuenta que la carga horaria es muy importante y que implica un esfuerzo enorme. Tampoco tienen una gran cantidad de estudiantes de 18 o 19 años, porque no superan el psicofísico que les toman, debido generalmente a la inmadurez propia de ese período.

El abogado recalcó que hacen un esfuerzo extra en la preparación de los auxiliares, que son los que tienen una formación más corta y que, en general, aún no terminaron el secundario. Para ayudarlos, implementaron dos programas, siguiendo los lineamientos de la UNCUYO: Traces, que posibilita el acompañamiento de los estudiantes desde su ingreso hasta el egreso y el Servicio de Apoyo Pedagógico y Orientación del Estudiante (Sapoe).

El director explicó que una vez que los auxiliares ingresan a la fuerza, les ofrecen una serie de cursos que toman en el lugar al que fueron destinados, y que responden a necesidades específicas de la zona y de su labor.

La directora académica del Instituto, Ludmila Brezniw, explicó que están inmersos en una revisión total de la currícula, liderada por los equipos docentes y junto con la UNCUYO. La intención es no ser estáticos y hacer evaluaciones permanentes de los nuevos saberes con que necesita contar un uniformado.

Tanto Comperatore como Brezniw reconocieron que es difícil que los egresados regresen para seguir estudiando hasta obtener el título de grado, debido a la carga horaria que cumplen una vez que ingresan a la fuerza. Lo usual, dijeron, es que continúen la carrera solo cuando quieren seguir ascendiendo en el escalafón y no cuentan con el título, un requisito que les marca la ley.

Distintos problemas, iguales respuestas

El comisario general Roberto Munives, actual jefe de la Policía Vial, es un convencido de la necesidad de contar con una policía con formación universitaria, y su trayectoria así lo demuestra. Decidió seguir la misma carrera de su padre, ingresó a la antigua escuela de policía durante la dictadura cívico-militar y se recibió en democracia a los 18 años, con el grado de oficial subayudante. Hoy, con 30 años de servicio y a punto de retirarse, es Licenciado en Seguridad por la Universidad del Aconcagua, tiene un posgrado en Seguridad Democrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCUYO, y es profesor del IUSP.

Para Munives, el IUSP capacita correctamente a los policías, aunque reconoce que puede mejorar. Repite a sus alumnos que es imprescindible que sientan una verdadera vocación de servicio y  que en esta labor pueden perder su vida o la de otro si actúan mal. Y también, que solo el estudio y una formación integral les permitirá cumplir con un objetivo clave: la prevención.

Munives describe al policía que, a su entender, se necesita en este momento: un hombre o una mujer que sea parte de la solución y no del problema, un funcionario de altísimo poder resolutivo, que se anticipe a los hechos, que sea honesto, que tengo un verdadero compromiso con su labor:“Si como policía no estoy preparado intelectualmente, entonces me tiene que preparar las piernas, porque siempre corro al último de los ladrones. Si intelectualmente estoy bien preparado, y además tengo herramientas tecnológicas voy a poder ser proactivo, es decir que cuando el ladrón salte para robar, yo voy a estar adentro”.

El comisario general planteó la necesidad de abrir un debate profundo sobre el número de policías, si se necesitan más o mejores hombres y mujeres en la fuerza: “Necesito un policía que venga comprometido con su función, no uno al que le tenga que decir qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y, además, salir a controlarlo para ver si lo hace como le pido. Esto es un problema institucional y social, que entiendo también se da en otras profesiones”.

Munives también reconoce los cambios positivos. Cree que la reforma produjo mejoras, aunque su pecado es que no terminó, y entiende que la única forma de hacerlo es mantener los ejes que la motivaron: control político sobre la fuerza y su profesionalización, dejando de lado las flexibilizaciones para el ingreso al IUSP, que hacen que cada vez la fuerza “sea más parecida a lo que era antes”.

El licenciado reconoce como otros cambios positivos el grado de independencia que tiene en la conducción de su área y los canales de diálogo que mantiene con  las autoridades, cosa impensada en años anteriores, tan impensada como que un comisario general pueda ser entrevistado sin tener las respuestas previamente armadas.

Pese a los logros, el comisario general también es crítico. Dijo que en los últimos años las respuestas frente a la inseguridad fueron parecidas, que sigue existiendo una concentración desmedida de personal, con magros sueldos, trabajando con exigencias muy grandes para lograr cierto grado de independencia económica. En este punto, es necesario aclarar que los uniformados siguen cumpliendo servicios extraordinarios para engrosar sus sueldos, lo que los somete a una gran recarga horaria.

Un paso atrás

Para Alejandro Salomón, quien fue subsecretario de Seguridad de Mendoza entre 1999 y 2003, y actualmente es rector del Instituto Universitario de la Policía Federal (IUPFA) y profesor en el IUSP, la formación de los y las policías se adecua a un nuevo modelo proactivo, profesionalizado, más cercano a la comunidad. Sin embargo, cree que ha habido retrocesos a 15 años de la reforma, que se pusieron en marcha medidas espasmódicas en busca de soluciones inmediatas que retrotrajeron el modelo policial a prácticas que se usaron a mediados del siglo pasado.

Uno de los puntos que señaló como un retroceso es el de haber convertido la figura del auxiliar en permanente, cuando se pensó como transitoria hasta que se incrementara el número de policías, que, según explicó, era baja durante su gestión en 1999 –3,5 policías cada 1000 habitantes–. “Debía suprimirse el ingreso de auxiliares, extinguir esa figura y reconvertirlos rápidamente con el título de Técnico en Seguridad Pública para ascenderlos a ayudante. Lamentablemente, y como suele suceder, lo transitorio se convirtió en permanente”.

El licenciado en Ciencias Políticas consideró que otro error fue permitir que los aspirantes ingresaran al IUSP sin el secundario terminado y recalcó que esto tiene un correlato directo con el modelo policial que se quiere implementar. “Si lo que se quiere es restablecer el viejo modelo tradicional y militarista, entonces la labor policial es solo un oficio donde los saberes son prácticos y se transmiten a través de la pirámide vertical. En este caso da igual que el aspirante tenga estudios primarios o secundarios. Por el contrario, si lo que se desea es un modelo policial más flexible, descentralizado, que pueda dar cuenta de lo que la policía hace y cómo lo hace, con un estrecho vínculo con la sociedad, lo que se necesita son policías profesionales, que necesariamente deberán tener un trayecto universitario porque su labor debe fundarse en el conocimiento científico. No se puede hablar de profesionalizar a la policía y bajar los requisitos de formación: eso es contradictorio”.

El director del Centro de Estudios en Seguridad Urbana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCUYO, y que fue asesor del Ministerio entre 1999 y 2002, Martín Appiolaza, recalcó que el objetivo de la reforma de crear una policía profesionalizada y en capacitación permanente fracasó en 2008, porque cinco años antes comenzó la flexibilización de los requisitos para ingresar al Instituto y se impulsó la carrera del auxiliar. Según un estudio que realizó, para ese año, el 70 por ciento de la fuerza estaba integrada por policías sin ninguna preparación de grado universitario y con una gran imposibilidad de seguir estudiando debido a las recargas horarias.

Appiolaza explicó que la respuesta política frente a los cuestionamientos por la flexibilización de los requisitos siempre fue la misma: nos falta gente. Está convencido de que el meollo del problema es otro: la incapacidad de los funcionarios –de esta gestión y de las anteriores– de administrar el recurso humano.

El especialista en Seguridad cree que lo más grave de este proceso es que los policías están desmotivados, fuera de carrera y sin posibilidades de capacitación permanente. Y explicó que en el corto plazo no habrá cuadros de relevo para los mandos o los ascenderán a la fuerza, sin un título universitario, contradiciendo lo que marca la ley.

Appiolaza consideró que cada una de las flexibilizaciones esconde una vuelta al viejo modelo policial. “No ha habido en 10 años una política coherente, por lo tanto, una institución a la que no se aplica una política sostenible se desmadra y el sistema de formación es una consecuencia de eso. La respuesta que han tenido la gestión Ciurca, primero, y luego la de Aranda, que son conservadores, es recuperar el estilo policial en los términos en los que se entendía en los 70, el espíritu de cuerpo, el corporativismo policial, es decir, ponés tropa que obedece órdenes”.

Alberto Montbrun –quien trabajó junto a Appiolaza como consultor en el Ministerio de Seguridad– coincide en que los funcionarios tienen una especie de obsesión por el número de policías, pero entiende que esa no es la solución, sino la formación que tengan.

El especialista cree que, justamente, esta especie de obsesión es la razón por la que privilegian la salida de auxiliares del IUSP. “Se descuida la formación de técnicos (pregrado universitario), con lo cual se descuida también la formación de licenciados, y se prioriza y se multiplica la formación de auxiliares, que no están en condiciones de ejercer una profesión de riesgo de vida en el actual contexto social, encima con una precariedad emocional propia de una persona de 20 o 22 años. Yo creo que esto es sentido común puro y duro: hoy tenemos cerca de 8000 auxiliares, los suboficiales se van yendo, deben quedar unos 800 y unos 1200 a 1500 oficiales”, explicó.

El concejal capitalino planteó otro aspecto clave: la necesidad de que la clase política comprenda que en la fuerza hay gente valiosa, preparada, que puede aportar al debate y que puede proponer  soluciones. Y destacó que no es lógico pensar que un plan o una estrategia logren buenos resultados sin que las personas que forman la institución estén convencidas de la necesidad del cambio.

El sí de los legisladores

La legisladora radical Milagros Suárez es la presidenta de la Comisión Bicameral de Seguridad, un ámbito que desde la reforma se convirtió en esencial como contralor de las políticas públicas en la materia, así como para analizar y tratar las leyes específicas del área y sus modificaciones. La psicóloga reconoció, que aunque tienen una agenda de temas diversos a tratar, por momentos les gana la coyuntura, que casi siempre está expresada en la presión social que implica el asesinato de una persona.

Suárez explicó que, en el seno de la comisión, los funcionarios del área plantean siempre esta dicotomía entre cantidad y calidad de policías, a la que los actuales y los anteriores integrantes de la comisión siempre terminaron respondiendo con una modificación a las leyes, que permitió, por ejemplo, que ingresen al IUSP personas que no terminaron el secundario.  

La titular de la Comisión Bicameral de Seguridad explicó que existen cuestionamientos serios hacia el interior de los partidos políticos a continuar con este tipo de flexibilizaciones. Por el contrario, cree que deben apostar a otro tipo de policía, capacitada y formada profesionalmente.

“Creo que las fuerzas políticas necesitamos consensuar ciertos temas centrales, que tenemos que tener la madurez para acordar cuestiones a largo plazo. Hay cosas que tienen que ser de fondo, estables en el tiempo, no tienen que ser coyunturales, que las muertes trágicas no modifiquen esas pautas que tomamos. Creo que el tema de la formación, de la profesionalización de la policía es el gran debate”, recalcó.

La legisladora planteó la posibilidad de refundar aquella reforma de 1998, adaptándola a nuevas necesidades sociales y a las nuevas formas que adquirió el crimen organizado, y preparando a los policías en consecuencia.

Hace 15 años, los partidos políticos con representación parlamentaria acordaron esa reforma, y uno de sus puntos clave fue la profesionalización de la fuerza. A 15 años de la puesta en marcha de esa política de Estado se sigue privilegiando el número por sobre la calidad, no existe un modelo claro a seguir y no se considera al recurso humano como un factor estratégico para resolver el problema de la inseguridad.