El abogado de la familia de Leonardo Rodríguez, que según la versión oficial se ahorcó en un calabozo, solicitó la elevación a juicio de la causa en la que están imputados dos policías por la privación ilegítima de la libertad del joven. El letrado, Lucas Lecour, confirmó la información y aseguró que será el fiscal especial Juan Manuel Bancalari quien entienda en la causa y el que decidirá cuándo se sustanciará el juicio.

En enero de 2015, los vecinos del barrio Parque Sur, de Godoy Cruz, se enteraron de la muerte del joven, al que todos conocían. Ni ellos ni los familiares de Leonardo creyeron la versión oficial que dio el entonces jefe de Policía, Juan Carlos Caleri, quien dijo que un llamado alertó sobre la presencia de un hombre en actitud sospechosa en el Corredor del Oeste, por lo que fue trasladado a la Comisaría 27 en la madrugada del 16 de enero, y que dos horas más tarde lo encontraron ahorcado con su propia remera en el calabozo.

Luego de la muerte del joven, su familia y los vecinos iniciaron una campaña y realizaron marchas para pedir justicia. Poco después, la mamá de Leonardo, Cornelia Marilú Contreras, se convirtió en querellante en la causa con el patrocinio de los abogados de la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Xumek).

La causa quedó en manos de la fiscalía especial, primero de Daniel Carniello (quien fue desplazado por una denuncia del procurador de la Corte) y luego de Juan Manuel Bancalari. Se abrieron dos causas: una, por averiguación de muerte –que no avanzó– y otra por las irregularidades en la detención. Por esta última fueron imputados por privación ilegítima de la libertad e incumplimiento de los deberes de funcionario público la oficial ayudante Romina Flores y el auxiliar Juan Andrés Vera.

Al fundamentar la imputación de los uniformados, el fiscal concluyó que no existían motivos razonables para sospechar que el joven había cometido un delito o estuviese a punto de hacerlo. Además, determinó que llevaba su documento de identidad, por lo que la aprehensión no cumplió con los requerimientos previstos en la ley 6722, que regula este procedimiento.

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