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El gobernador de esa provincia, Carlos Verna, destacó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el aprovechamiento del río Atuel, motivo de disputa con Mendoza, es "un paso fundamental" para revitalizar la tierra pampeana.
Carlos Verna, gobernador de La Pampa. Foto: perfil de Facebook de Carlos Verna Gobernador.
Unidiversidad / Fuente: Télam
Publicado el 04 DE DICIEMBRE DE 2017
"Los pampeanos logramos que la Corte Suprema de Justicia dé un paso fundamental para la revitalización de nuestra tierra mediante la creación del Comité Interprovincial del Atuel inferior", formado por La Pampa, Mendoza y el gobierno nacional, publicó en su perfil de Facebook el gobernador de La Pampa, Carlos Verna.
El mandatario celebró así el fallo dictado el viernes por la Corte Suprema para resolver el conflicto que hace siete décadas mantenían La Pampa y Mendoza por el uso de los recursos del Atuel. "Yo soy uno más, entre todos los pampeanos, que ha transcurrido su vida sabiendo que los derechos de su provincia fueron violados. Venimos denunciando y luchando porque a La Pampa le robaron un río: le robaron el Atuel", manifestó el mandatario pampeano.
Verna destacó que el fallo judicial ordena hacer un plan de obras para el uso de las aguas del Atuel, con lo que rechazó el planteo de "cosa juzgada" presentado por el gobierno mendocino al considerar que ahora hay un "problema ambiental".
Atuel: Mendoza deberá hacer obras por dañar el ecosistema pampeano
La Corte Suprema rechazó un recurso del gobierno de Cornejo y falló que la provincia, junto a La Pampa y la Nación, pague un conjunto de obras para recomponer el ambiente. También deberá garantizar el flujo de agua a la vecina provincia.
El máximo tribunal fijó un plazo de 120 días para que se presente para su aprobación un plan que ponga fin al conflicto entre ambas provincias. Por mayoría, dispuso que en el plazo de 30 días se fije un caudal hídrico apto para la recomposición del ecosistema que resultó afectado en el noroeste de La Pampa a raíz de las represas y canales construidos en Mendoza, donde nace el río.
La demanda se basó en el incumplimiento del gobierno mendocino al fallo de 1987, que lo obligaba a negociar y celebrar convenios para regular el uso del agua. En 2016, la controversia llegó a las Naciones Unidas, cuando representantes de esa organización señalaron que la situación atentaba "contra el derecho humano al agua".
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