En cinco años la población carcelaria creció 33 % en Mendoza

De acuerdo a los datos del Servicio Penitenciario provincial, en 2013 había 3494 personas mayores de 18 años privadas de la libertad, mientras que esa cantidad trepó a 4649 en lo que va del año. Hablan especialistas de la UNCUYO.

En cinco años la población carcelaria creció 33 % en Mendoza

Foto: Sitio Andino

Sociedad Unidiversidad por Zulema Usach / Publicado el 08 DE NOVIEMBRE 2018

Sólo si se toma el período que va entre 2013 y el 5 de noviembre de 2018, la población carcelaria en Mendoza se incrementó un 33 %. El porcentaje indica que la cantidad de personas alojadas en las cárceles de la provincia (con y sin condena) pasaron de ser 3492 en el año 2013 a 4606 en lo que va de este año.

El crecimiento, de acuerdo a los datos del Servicio Penitenciario, se ha dado de manera sostenida a través del tiempo y según las autoridades coincide con el aumento de la población mendocina en general.

Sin embargo, en niveles más profundos, los números dan cuenta de temáticas de base, ligadas a la agudización de la pobreza estructural, el endurecimiento de penas, el atraso del sistema judicial para resolver los casos que aún no cuentan con una condena fija y problemáticas complejas, como la violencia de género entre otras.

La socióloga Patricia Pessino, es una de las profesionales de la UNCUYO que aporta su análisis sobre esta situación. Desde su punto de vista, el hecho de que año a año haya más personas que en las cárceles no es un síntoma de que hay más seguridad, sino todo lo contrario.

Evalúa que se trata de un fenómeno multicausal y que en líneas generales, suele coincidir con momentos de crisis económica y social. “Existe un discurso instalado de creer que si hay más personas en la cárcel hay más seguridad, pero esta es sólo una forma de naturalizar el delito", afirmó la investigadora.

Por otra parte, "se plantea la necesidad de buscar soluciones desde la base para que no se sigan reproduciendo y potenciando”, destaca Pessino y detalla que la educación es una herramienta clave para prevenir el delito. Su aporte se sostiene en un dato clave: de la totalidad de personas privadas de la libertad en la provincia, se estima que al menos 70% no terminó sus estudios primarios.

“La pobreza estructural que se reproduce y profundiza a través de las generaciones es una arista que requiere de políticas urgentes”, puntualiza la socióloga.

Eduardo Orellana, director general del Servicio Penitenciario aportó que, en realidad, el crecimiento sostenido de personas en la cárcel está ligado al incremento de la población provincial en general.

“Podemos decir que por ejemplo, bajaron los robos pero se agilizaron los mecanismos judiciales para abordar la violencia contra las mujeres”, ejemplificó Orellana al hablar de las variables que influyen en el aumento.

Según los datos del servicio, en 2013, 3 492 personas estaban privadas de la libertad en Mendoza (en alguno de los once complejos destinados a ése fin o bien con prisión domiciliaria).

Al año siguiente, la cantidad trepó a 3945, mientras que en 2015 hubo 3862 hombres y mujeres presos. En 2016, la cifra subió a 4332 y al año siguiente siguió la escalada, al llegar a las 4606 personas. Así, hasta el cinco de noviembre de este año, el total de personas mayores de 18 años  presas creció a un total de 4 649.

Melisa Moyano coordina el Programa de Educación en Contextos de Encierro (PEUCE), dependiente de la UNCUYO. Es además licenciada en Trabajo Social.

Destaca que es muy clara la política que hay que fortalecer, desde la educación. “Que haya más cárceles no es la respuesta para que no haya delitos. Es fundamental trabajar desde lo más profundo y esto es la educación”, coincide la profesional.

Desde que se inició este programa, la demanda de personas privadas de la libertad que decidieron continuar una carrera se incrementó de manera exponencial. En 2008 y a raíz del pedido de dos presos que querían continuar sus estudios, el servicio educativo se puso en marcha en el Penal de Boulogne Sur Mer.

“El objetivo es que la oferta educativa llegara a todas las personas privadas de la libertad”, explicó Moyano y destacó que en la actualidad 300 hombres y mujeres alojados en los complejos, alcaidías y unidades penitenciarias han comenzado su carrera universitaria.

En 2016 se amplió la oferta académica al Penal de Almafuerte (Luján de Cuyo) con un amplio abanico de carreras de grado, entre las cuales las más requeridas son Tecnicatura de Gestión en Políticas Públicas y la Licenciatura en Trabajo Social.