Más allá de las razones para decidir que cada 8 de marzo sea recordado como Día de la Mujer, en distintas partes del mundo hay un sinnúmero de luchas y manifestaciones para reclamar un punto final a la opresión sufrida por las mujeres en la sociedad patriarcal, que genera múltiples desigualdades.

Basta de muertes

Un reciente informe de la organización no gubernamental La Casa del Encuentro refleja la mayor opresión: la cantidad de feminicidios que se comenten en la Argentina. En promedio, cada 30 horas una mujer es asesinada en el país, ya que durante 2013 se produjeron 295 feminicidios, la mayoría de ellos cometidos por parejas o exparejas de las mujeres en las casas de las víctimas, estos crímenes dejaron huérfanos a 405 niñas y niños.

En 2012, los feminicidios registrados por la organización fueron 255; el año pasado se sumaron 40 más. Este nuevo informe reveló que 186 homicidios de género fueron perpetrados por parejas o exparejas de las mujeres, de las cuales 112 tenían entre 19 y 30 años. Un total de 83 mujeres fueron muertas con armas de fuego, 64 fueron apuñaladas, 37 murieron por los golpes y 17 fueron incineradas.

Los hogares son los lugares más inseguros para las mujeres en situación de violencia, ya que 158 fueron asesinadas en la casa que compartían con el feminicida o en su vivienda propia.

De las mujeres que ya no están, 11 estaban embarazadas, 32 habían realizado denuncias por malos tratos y 14 habían logrado órdenes de exclusión o restricción para los violentos. El registro de víctimas identificó a dos mujeres trans y a cuatro de pueblos originarios.

Basta de trata

El delito de trata de personas afecta en casi su totalidad a las mujeres. Las dos condiciones que configuran una situación de trata son entonces el movimiento forzado de personas –puede ser dentro de las fronteras de un mismo país como a través de ellas– y el destino de explotación al que serían sometidas.

En Argentina fue sancionada en el 2008 la ley 26364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, que definió la trata de personas y la transformó en un delito federal, en línea con la normativa internacional acordada en el Protocolo de Palermo. Sin embargo, la ley fue cuestionada desde el momento mismo de su sanción. Una de las razones fue que diferenciaba entre víctimas menores y mayores de 18 años en relación al consentimiento.

Los casos más representativos en Mendoza son los de Johana Chacón y Soledad Olivera, dos jóvenes de Lavalle que desaparecieron hace uno y dos años, respectivamente, y aún no han sido localizadas.

Basta de violencia mediática

Según el Proyecto Monitoreo Global de Medios de Comunicación (PMG), que realiza cada cinco años la Asociación para las Comunicaciones Cristianas y que está focalizado en la forma en que los medios dan cuenta de mujeres y varones hegemónicos, casi la mitad de las noticias (el 48 por ciento) que aparecen en los medios de comunicación de todo el mundo (la investigación se hizo en 130 países) refuerzan los estereotipos de género tradicionales y solo el 8 por ciento los cuestiona (aunque esta cifra es el doble que en 2005). Es decir que los medios, lejos de posicionarse como una herramienta de transformación en pos de una sociedad más justa e igualitaria –acorde a un enfoque de derechos garantizado por acuerdos internacionales que la mayoría de los países suscribió– refuerzan el statu quo vigente. En este sentido, el informe destaca que solo el 12 por ciento de las noticias se refieren a temas de equidad de género o desigualdad de género (aunque este porcentaje se triplicó en los últimos cinco años) y que apenas el 9 por ciento mencionan políticas para equidad de género, o instrumentos jurídicos para los derechos humanos y los derechos de las mujeres.

Este año, en el marco de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ha sido denominado el año “ de lucha contra la violencia mediática y de género”. La Red-PAR Mendoza (Periodistas de Argentina en Red para una comunicación no sexista) adscribe a estas iniciativas que han comenzado a aplicarse desde el 7 de marzo en el ámbito de la Defensoría del Público.