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01 DE ABRIL DE 2026
Gabriela Perrota, abogada del estudio PHSAbogadas y participante de la organización social La Colectiva, dialogó con Radio U y manifestó su preocupación por las nuevas medidas. Para la letrada, la obligatoriedad de la denuncia afecta a las víctimas, atentando contra su libertad de elegir y su contención económica.
Tras eliminar el Ministerio de la Mujer, esta semana el Gobierno nacional tomó la decisión de recortar el "Programa Acompañar”, que protege a las víctimas de violencia de género. El objetivo principal de este programa es fortalecer la independencia económica y brindar apoyo psicológico a las víctimas.
En relación a este tema, Gabriela Perrota, abogada feminista del estudio PHS Abogadas y participante de la organización social La Colectiva, dialogó con Radio U y contó que esta medida impacta negativamente en las víctimas. "El objetivo, claramente, creo que está dentro de este discurso que viene a minimizar las situaciones de violencia cuando se habla de ideología de género", aseguró Perrota.
La abogada explicó que en estos procesos es necesario el acompañamiento y el apoyo de los organismos públicos. Además de la quita de fondos, por la limitación del periodo de ayuda económica que pasa de 6 a 3 meses, la obligatoriedad de la denuncia judicial o penal también atenta contra el propio derecho de la víctima. Es que la mayoría de las mujeres que vive en situación de violencia no está preparada para denunciar. Hasta el momento, para acceder bastaba con presentar un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). “El Estado no puede ir contra la libertad de decisión de las mujeres para denunciar o no”.
Escuchá la entrevista completa a continuación.
Abogada feminista del estudio PHS Abogadas y participante de la organización social La Colectiva.
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