Para llegar al equilibrio económico y que el Estado no deba seguir desembolsando subsidios, las tarifas de agua y cloacas que hoy pagan los usuarios deberían aumentar más del 70 por ciento. Esto significaría subir de 42 a 75 pesos la boleta mínima. Como eso no es posible por el impacto social que tendría la medida, en un servicio esencial, el Ente Provincial de Aguas y Saneamiento (Epas), analiza una reforma del sistema por la cual sufrirían una especie de castigo quienes consumen de más. Concretamente se está pensando en un mapa que marque las zonas donde más agua potable se utiliza para que el año próximo paguen una tarifa diferenciada por el servicio. En esta reforma también se analizan los subsidios a canilla abierta, esto es las tarifas diferenciales para jubilados y carenciados. La medida que se está estudiando en el ente de control fue confirmada por Javier Montoro, titular del Epas. El funcionario explicó que en la transformación del Epas que se le ha propuesto al Ejecutivo tras la reestatización de la firma está contemplada la posibilidad de trabajar en el financiamiento nacional pero también en la conformación de un nuevo esquema tarifario que contemple un castigo para los derrochadores. Según comentó Montoro, la idea es que en el camino hacia el régimen medido -la instalación de medidores a todos los usuarios puede demorar hasta 5 años- se cobre el servicio en base a lo que se consumió de más, fijando un límite a lo que necesita una familia tipo. Así quienes pasen la línea de “consumo normal” podrán seguir consumiendo pero pagando tarifas diferenciales más caras. “No puede ser que consuma lo que yo quiera, total lo pago igual, mientras el servicio se está prestando al borde del colapso y estamos en emergencia”, puntualizó el funcionario. Otra de las reformas en la que se piensa es la de cortar los subsidios a canilla abierta. Hoy los jubilados y carenciados pagan una tarifa plana de aproximadamente 42 pesos, independientemente de lo que consumen. La idea que se maneja en el Epas es poner un cepo que fije el consumo promedio y a partir de ese límite se deberán pagar tarifas diferenciales. El sistema que se está gestando en la provincia comenzará a regir en Buenos Aires desde enero, en la reestatizada Aysa. Oscar Vélez, director de esa firma, explicó que para equilibrar los ingresos en la empresa se ha diseñado el coeficiente de localización de la vivienda para corregir el desarrollo de grandes emprendimientos inmobiliarios en zonas con bajo coeficiente zonal. Se trata de lugares como Puerto Madero, Las Cañitas, y otros sectores nuevos de Palermo y Belgrano, entre otros. “Esto permite una redistribución del aumento de los ingresos convergente con el valor inmobiliario de los nuevos desarrollos y proporcional a sectores de mayores ingresos”, explicó Vélez ante la consulta de CICUNC Contenidos. Concretamente lo que se busca en Buenos Aires y también en la provincia, es relacionar esta tarifa del servicio público con otros tributos como por ejemplo el inmobiliario. El titular del Epas, Javier Montoro, ya remitió el borrador definitivo al Ejecutivo que modificaría la ley 6.044 sancionada en 1998 cuando se privatizó el sistema y que dio origen al ente de control. Entre otros cambios establece que bajo la denominación de APS (Administración Provincial de Saneamiento) se reformularía un organismo de control que será el responsable de auditar a la empresa, fijando una nueva estructura de costos para el régimen tarifario, diseñando las políticas de aguas y saneamiento para prestar el servicio y estableciendo un mayor presupuesto que podría quedar fijado en un porcentaje de la pauta de la provincia, entre otras cosas. Hoy el ente de control se maneja con ocho millones de pesos anuales, cinco fluyen de la pauta oficial y los otros tres llegan de la tasa de control y saneamiento resultante del 2,76 por ciento de lo que pagan los usuarios en la facturación.