La Corte Suprema de Justicia —con la firma de los tres ministros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— resolvió dejar firme la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo de la Nación a cumplir dos artículos de la ley de financiamiento universitario (27.795). El Gobierno se había resistido a implementar la norma, lo que implicaba un freno a las actualizaciones salariales del personal docente y no docente y la recomposición de las becas estudiantiles. Entonces, ¿qué significa este fallo? 

1- Que los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas deberán actualizarse, desde el 1 de diciembre de 2023, en un porcentaje no inferior a la inflación informada por el Indec. Y que el Ejecutivo está obligado a convocar a negociaciones paritarias cada 3 meses y ofrecer aumentos salariales que no podrán ser inferiores al IPC (artículo 5).

Los sueldos deberían aumentar en junio un 56 % respecto de los haberes de mayo. Eso debería cambiar entonces lo acordado a principios de junio entre el Gobierno y los gremios universitarios, que consistió en un aumento del 24,3 % a los salarios docentes y no docentes en dos cuotas, un 21,3 % en junio (sobre los básicos vigentes a mayo de 2026) y el 3% restante en octubre (sobre los básicos vigentes de septiembre). Es decir que para cumplir con la medida cautelar, el Ejecutivo debería otorgar una suba adicional del 29 %. 

El sitio chequeado.com elaboró cómo debería actualizarse el salario testigo de un docente auxiliar. La columna en rojo representa lo que debería cobrar hoy para recuperar poder adquisitivo.

2- Que las becas estudiantiles —como Progresar, Manuel Belgrano, y de Enfermería, entre otras— deben tener una actualización automática y por inflación desde el mes de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma —promulgada en octubre de 2025— (artículo 6). Esto implicaría un incremento del 241 % en el período señalado.  

Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), aclaró en diálogo con infobae.com que el fallo no es para incrementar el presupuesto de las universidades. “Es para recomponer el estado de cosas a como estábamos en diciembre del 2023, porque la pérdida ha sido muy fuerte a lo largo de este tiempo”.

Celebró además que pueda empezar a aplicarse una ley debatida en numerosas oportunidades en el Congreso y que obtuvo uno de los consensos democráticos más amplios en materia educativa.

Cuarta marcha universitaria en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento / Foto Unidiversidad

El camino de la ley de financiamiento universitario

En 2024, apenas asumió el cargo de presidente de la Nación, Javier Milei decidió prorrogar el Presupuesto 2023 y uno de los tantos sectores que sufrieron por contar con menos partidas presupuestarias debido a la inflación acumulada fueron las universidades nacionales.  

En agosto de 2025, el Senado sancionó la ley de financiamiento universitario, que impulsaba la oposición y que ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados. La propuesta establecía una actualización del presupuesto para las universidades y de los salarios docentes según la inflación acumulada desde fines del año 2023.

Sin embargo, en septiembre el presidente Milei vetó la ley. La oposición insistió con la propuesta y en octubre logró reunir los votos necesarios para rechazar el veto. Con la insistencia del Congreso, el Ejecutivo estaba obligado a promulgar la ley.

Pero el Ejecutivo dictó un decreto de promulgación que incluyó una aclaración: suspendía la ejecución de la norma hasta que el Congreso indicara las fuentes de financiamiento.

Frente a esta decisión, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) inició una demanda en el fuero Contencioso Administrativo Federal para que se declare la inconstitucionalidad de ese decreto. En ese expediente, solicitó una medida cautelar para que se cumpla con dos artículos de la ley  mientras se resuelve la cuestión de fondo (la constitucionalidad del decreto).

La Justicia concedió la cautelar en primera instancia y la Cámara lo confirmó, aunque en mayo se suspendió ese recurso hasta que la Corte Suprema resolviera el pedido presentado por el Poder Ejecutivo. Hoy la Corte resolvió validar la medida cautelar.

Marchas masivas en defensa de la universidad pública

Desde 2024, tras los primeros ajustes y recortes por parte del Gobierno nacional, la comunidad universitaria a lo largo y ancho del país se movilizó en fechas clave para defender la enseñanza gratuita, la ciencia y el sistema universitario nacional.

1ª Marcha: 23 de abril de 2024.

2ª Marcha 2 de octubre de 2024.

3ª Marcha:17 de septiembre de 2025.

4ª Marcha:12 de mayo de 2026.

Ahora, tras este fallo del máximo tribunal del país, la comunidad sostiene su reclamo para la aplicación plena de la ley de financiamiento universitario.