Es imposible comprender un hecho sin contexto, sin historia, sin datos, sin la voz de quienes son sus protagonistas, sin poner en duda las mismas respuestas repetidas y aprendidas. Y como la socióloga y becaria del CCT Conicet Mendoza Carla Carabaca Videla quería comprender, es que puso en el centro de su tesis un hecho puntual: los derrames de líquidos cloacales en Los Corralitos. Intentó completar esos aspectos antes descriptos para entender, para abrir el diálogo, para brindar herramientas de análisis y de defensa a quienes los padecen, ya que concluyó que la expansión urbana del Gran Mendoza, que va mucho más rápido que la infraestructura para contenerla, se sostiene por la existencia de territorios ubicados en la frontera del conglomerado que reciben los residuos que genera la ciudad.

La profesional, que se recibió en la UNCUYO y realiza su tesis del doctorado en estudios territoriales de la Universidad Nacional de Quilmes, recibió a Unidiversidad en el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (Incihusa) donde actualmente es becaria. Dijo que su trabajo comenzó con otro foco, las transformaciones y tensiones en los usos del agua en el área metropolita, teniendo en cuenta la expansión urbana que comenzó hace dos décadas, pero que cambió en 2025, cuando literalmente explotó la cloaca en el distrito de Los Corralitos, en Guaymallén.

Ese hecho la llevó a hacerse preguntas para las que hace años se dan las mismas respuestas, pero que ella puso en duda. Se preguntó sobre la robustez institucional hídrica de Mendoza, sobre esa idea de que el agua fluye de manera natural desde la montaña hacia el oasis y sobre las consecuencias del crecimiento urbano. Su trabajo le permitió advertir fallas en el sistema, faltas históricas de financiamiento y formas de gestión del agua y de los residuos desiguales, que responden a intereses políticos y económicos.

Su labor está atravesada por el concepto de metabolismo del agua, es decir, la idea de que existe un circuito que se puede comprender como una metáfora casi corpórea: quién toma el agua, cómo la expulsa y quién recibe los desechos. En esa última etapa centró su investigación, justamente donde se ubica Los Corralitos.

La socióloga y becaria de Conicet, Clara Carabaca Videla, puso en el centro de su trabajo de tesis el colapso cloacal. Foto: Unidiversidad 

Historia de un colapso

Hace años que vecinos y vecinas del distrito de Los Corralitos, en Guaymallén, advierten la existencia de líquidos nauseabundos en las calles. El problema se agravó en 2025 y avanzó hasta que se produjo el colapso, la rotura de un tramo del colector cloacal principal que atraviesa la zona. Hoy persiste el problema.

----El Departamento General de Irrigación (DGI) monitorea la situación, ya que además de tener en sus manos el gobierno del agua en Mendoza sumó el control de las empresas prestatarias del servicio, a través de la creación de la Dirección de Regulación y Control de Agua y Saneamiento (Dircas), luego de la disolución en 2024 del Ente Provincial del Agua y el Saneamiento (EPAS) que cumplía esa labor.

Ejerciendo ese nuevo rol y frente a la emergencia, es que Irrigación permitió a la empresa Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam) realizar un vertido controlado de líquidos cloacales al Canal Pescara, en tanto se hacían trabajos que permitieran superar la crisis, e incluso prorrogó en dos oportunidades esa posibilidad. Cuando cesaron los plazos, la denuncia de un inspector de cauce de la Vertiente Corralitos y de la comunidad llevaron al equipo técnico a comprobar que los vuelcos de líquidos cloacales sin tratamiento alguno y sin el permiso que prevé la ley continuaron, por lo que el organismo realizó la denuncia ante la Fiscalía Nº 2, de delitos contra el medio ambiente. En mayo de 2026, Irrigación aplicó una multa de 120 millones de pesos a la firma y la Justicia imputó al titular de Aysam y a los gerentes general y de operaciones, Humberto Mingorance, Darío Hernández y Carlos Sifuente, respectivamente, por “daño agravado por ser ejecutado sobre un bien de uso público en concurso real con contaminación del agua de un modo peligroso para la salud".

El 9 de junio de 2026, Irrigación comunicó al titular de Aysam (Mingorance) y a los intendentes de las comunas afectadas su decisión de suspender los permisos de nuevas conexiones cloacales en los departamentos de Maipú, Luján de Cuyo y el oeste de Godoy Cruz por dos años, hasta tanto concluyan obras de mejora del sistema y se demuestre que existe capacidad operativa para soportar la carga de más líquidos cloacales. En la nota dirigida al funcionario se expresa: "Se ha verificado la saturación hidráulica del sistema troncal de conducción cloacal que sirve a la cuenca El Paramillo, evidenciada por la existencia de desbordes activos y limitaciones estructurales de capacidad que comprometen la continuidad, regularidad y calidad del servicio público de saneamiento".

La situación se puede resumir en un hecho que no es nuevo: el sistema es obsoleto y la razón es que durante décadas no se invirtió. Esto está cuantificado en la página oficial de Aysam: la mitad de las redes colectoras está en buen estado (55 %), mientras el 45 % restante se divide entre regular (27 %) y malo (18 %). Esto, sumado al crecimiento urbano del área metropolitana, produjo el colapso en Corralitos, cuya comunidad —paradójicamente— no tiene servicios de cloacas, sino pozos séptimos. No es la única zona afectada, también padecen el mismo problema habitantes de Puente de Hierro y de sectores de Lavalle.

Hay un dato más que suma complejidad: las zonas donde se volcaron líquidos cloacales sin tratar no solo albergan habitantes, sino que son parte del cinturón verde de Mendoza, una franja productiva que rodea a la ciudad donde se producen frutas y verduras. Por eso, también fueron afectadas las familias productoras, a quienes se impusieron restricciones, lo que puso en jaque su forma de sustento.

Irrigación multó a Aysam por derramar líquidos cloacales sin tratamiento, que afectaron zonas productivas. Foto: Gentileza Investigadora. 

Distribución desigual del recurso

Tu trabajo de tesis está atravesado por el concepto de ecología política. ¿Qué significa?

Ecología política es una vertiente teórica que se inspira en la idea de desnaturalizar la naturaleza, entender los vínculos entre naturaleza y sociedad en un contexto histórico, comprenderlo en términos de la conflictividad social. En el marco de mi tesis, hablo de la ecología política del agua, es entenderla no solo como recurso natural, sino que también tiene una dimensión social y simbólica que cobra una relevancia especial en nuestra provincia, porque escasea. Sin embargo, el concepto de escasez es algo que tenemos que entender en un contexto histórico, porque si bien la disponibilidad biofísica del agua es una realidad material, también existe una apropiación intencionada de ese recurso y es una distribución desigual dentro del territorio. Entonces es como poner en perspectiva con una visión ecológica e histórica, de que el agua no fluye de manera natural por el territorio, sino que es intencionalmente manipulada en función de determinados intereses. Volviendo al caso de Mendoza, tenemos un territorio mayormente árido y seco, la disponibilidad hídrica es muy escasa, solamente el 3 % se encuentra irrigado y esa irrigación está supeditada a un determinado régimen de desarrollo, en donde el agua se concentra en los oasis y eso tiene una mirada o una intencionalidad productiva. Entonces, cuando hablamos del ciclo hidro social y no del ciclo del agua, queremos dar cuenta que el agua no fluye de manera natural, sino que fluye a través de infraestructuras en función de los circuitos de valorización financiera, hay territorios valorizados y territorios que son despojados hídricamente y eso tiene toda una intencionalidad política. Entonces, esta idea del agua que baja de la montaña e irriga el oasis es una ficción.

Tu trabajo comenzó analizando la relación entre crecimiento urbano y uso del agua. ¿Cuál fueron las hipótesis, los hallazgos y cuándo cambiaste el foco?

Mi trabajo comenzó siendo un estudio sobre las transformaciones en el área metropolitana con relación al agua urbana. La hipótesis fue que se produjo un cambio cualitativo en los usos de agua y particularmente del agua de consumo humano. Primero lo pensaba en términos volumétricos, es decir que había una expansión de la demanda urbana respecto del agua potable y que eso había tensionado otros usos. Sin embargo, después de hacer los primeros acercamientos al campo, terminé dándome cuenta de que si bien la demanda de agua potable se había efectivamente expandido dado el crecimiento demográfico que había tenido el área metropolitana durante las últimas tres décadas, lo que existía era una apropiación diferencial de acuerdo a determinados sectores dentro de esta área metropolitana. Cuando hablo de sectores hablo de tipos de urbanización que consumen y descartan agua de manera diferencial.

¿Por ejemplo?

Por ejemplo, un barrio cerrado, semicerrado, claramente es una urbanización que consume y descarta mucha más agua que otras urbanizaciones, como el caso de barrios populares u otras áreas consolidadas de la ciudad. No tenemos una dimensión cuantitativa de la problemática, porque en Mendoza no existe un balance hídrico urbano, se mide en algunos sectores, pero hay muy pocos medidores. Sin embargo, hay rasgos que nos hacen dar cuenta de que hay una apropiación desigual de esa agua y que hay un consumo y un descarte diferencial. Ese era el planteo inicial, hasta que llega septiembre de 2025, donde literalmente explota la cloaca, y hago un cambio radical de lo que venía haciendo como tesis doctoral y comienzo a hacer algunas preguntas al respecto de lo que venía estudiando anteriormente.

¿Cuáles?

Por ejemplo, en Mendoza siempre se enfatiza mucho en la robustez de la institucionalidad hídrica. Es una apreciación que a mí me parecía un tanto no sé si injusta, pero me hacía ruido. Es decir, hay una institucionalidad del agua, hay un gobierno del agua que siempre se lo ha considerado como el segundo estado dentro del Estado, dada la importancia que tiene el recurso para nuestro territorio. Sin embargo, el sentido común me daba pautas de que tal institucionalidad tenía fallas y que a medida que nos alejábamos del área metropolitana, empezábamos a ver con mayor claridad esas fallas. Si analizamos los datos del área metropolitana tienen una provisión del agua y el saneamiento bastante sostenido, casi universalizado, pero a medida que nos vamos alejando de la ciudad, la provisión de agua y la provisión sobre todo de cloaca disminuía en términos porcentuales. Dentro del área metropolitana hay un 83 % aproximadamente de la población que tiene servicios de cloaca y en términos porcentuales parece que no sería mucho ese 18 % que no tiene el servicio de saneamiento, pero son justamente estos distritos que están en las fronteras del conglomerado urbano los que están sufriendo las cargas del residuo, no solo del residuo hídrico, sino también del residuo urbano como tal. Entonces, ahí me pregunté qué rol cumplen estos territorios en este proceso de urbanización, desigual, disperso, difuso, con poca planificación. Me parecía que cumplen un rol funcional porque sostienen esa urbanización difusa, porque son territorios receptores de ese residuo. En mi trabajo yo les denominaba a través de una categoría que la tomo de un autor sajón que es Brenner, que es la de territorio operacional. Estos territorios como Los Corralitos, Puente de Hierro y después Lavalle son los territorios que literalmente operacionalizan el descarte de una ciudad que consume cada vez más agua y más tierra, pero que no lo acompaña con infraestructura necesaria. Y esa gestión del agua y el saneamiento, además de que es una gestión desigual dentro del área metropolitana, también tiene estas externalidades que son más que externalidades, no son solamente fallas del sistema, sino que son inherentes a la gestión. Esto de decir, es Corralitos, es Puente de Hierro, es Lavalle, es el mal menor, entonces hay una racionalidad técnica que tiene una dimensión que va más allá de la decisión operativa para resolver este problema, hay una cuestión de poder territorial jugando aquí.

La profesional dijo que su objetivo es brindar herramientas de empoderamiento y defensa a las comunidades afectadas. Foto Unidiversidad

En tu trabajo planteás que existen zonas de descarte. ¿Por qué?

Exacto, es como meter el residuo bajo la alfombra. A mí me parece que es bastante evidente y que contrasta mucho con esta idea de ciudad limpia, porque rompe todo un imaginario de la Mendoza pura e impoluta, que sabe muy bien no solamente ocultar sus residuos, sino ocultar también sus problemáticas.

Un problema ambiental y productivo

En esta problemática hay un condimento extra y es que las zonas afectadas son productivas

Eso es fuertísimo, porque la ruptura del colector cloacal máximo afecta a las áreas residenciales de estos dos distritos de noreste de Guaymallén, pero siguen su curso por el ramal 12 que deriva en Las Violetas y luego en otras áreas productivas de Lavalle y, de acuerdo a los datos de la oficina de ordenamiento territorial de este municipio, esa área de influencia podría estimarse en 9000 hectáreas de producción. Hoy se habla de 490 hectáreas en Los Corralitos directamente afectadas por esto, pero el agua sigue su curso hacia abajo y son prácticamente todas las hectáreas productivas de la cuarta zona y parte de la quinta zona de riego del departamento de Lavalle, lo cual es más del 66 % de su espacio productivo. Entonces, qué está pasando también con los productores, que debido a esta emergencia fueron transformados furtivamente en productores con restricciones, atenidos a la resolución 400 del DGI (utilización de aguas servidas tratadas para riego) y no se les está dando ningún tipo de solución, porque están restringidos de seguir produciendo, pero tampoco se les ha brindado ningún tipo de resarcimiento ni nada por el estilo. Entonces, es una gran problemática, a nivel sanitario primero, pero también luego productivo, económico y nuevamente sanitario, porque estamos hablando de las verduras en fresco que consume gran parte de la población de nuestra área metropolitana.

En tu trabajo incluiste la voz de la comunidad a través de un relevamiento. ¿Cuál fue su visión?

Tuve la oportunidad de hacer algunas entrevistas y una encuesta y la percepción subjetiva directa de los vecinos es que si esto pasaba dos o tres distritos más cerca de la ciudad de Mendoza, el problema se hubiera resuelto de otra manera. El caño colector máximo debía haber sido renovado a finales de los 2000, pasó el tiempo, en 2008 esta obra nuevamente se pone en agenda y de acuerdo al registro de EPAS (Ente provincial Agua y Saneamiento) salía 8 millones de dólares. Hoy no han presentado ningún proyecto, pero por los registros que he visto actualmente esa obra puede ascender a miles y miles de millones, cuando podría haber sido algo que se resolviera de otra manera. Acá, evidentemente, hay una cuestión de desigualdad territorial, de geometría del poder desigual, que considera —como lo decían los vecinos— a estas personas como ciudadanos de segunda, uno de los vecinos decía en una de las entrevistas "somos el patio trasero, somos el patio de descarte de tres comunas". Y eso es muy fuerte, más cuando los vecinos se enteraban, por ejemplo, de otras obras de desarrollo de saneamiento en plena ciudad de Mendoza que eran resueltas de manera bastante veloz.

El mercado como ordenador

Mendoza tiene hace 17 años una ley de ordenamiento territorial, que incluye un plan provincial y planes departamentales. ¿Cuál es tu lectura de esta política? ¿Falta planificación, coordinación?

En cuanto a los planes de ordenamiento territorial, si uno los lee en su fase diagnóstica y luego proyectiva, no hay grandes problemas, el tema es que no se instrumentaron o no están en desarrollo, esta ley tiene por lo menos 17 años y son letra muerta. Hay otra cuestión que considero también importante, es muy difícil ordenar un territorio que ya está ordenado de facto y bajo otras lógicas que no son las de ordenamiento institucional, sino que son las lógicas de mercado, que pesan mucho más que otras directivas políticas y que son bastante sorteables, porque vemos que el negocio inmobiliario se sigue expandiendo a pesar de que existan lineamientos de ordenamiento territorial. La gestión como tal no desconoce todas estas cosas, pero no tiene un plan que realmente vaya a largo plazo, sino que su accionar va detrás de esos problemas, o sea, va a subsanar problemas, porque Aysam, por ejemplo, tiene su plan de operaciones y expansión que considera todas estas tendencias de crecimiento con la intención de anticiparse a esas a esas tendencias, sin embargo, no lo hace o no lo hacen ciertos sectores, entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué hay una gestión diferencial o diferente? Hacia ahí va esa apreciación que yo hacía en mi trabajo, que tiene que ver con una cuestión social, de clase que está jugando, es decir, sobre ciertos sectores sí se gestiona y se resuelve, pero para otros sectores no. Entonces es como una gestión que sí tiene sus planes de manejo ante la crisis, pero no se anticipa a las crisis. Va y tapa el parche. Y eso tiene que ver con el corto plazo de la gestión, porque a lo largo de estos 30, 40 años en la mayor empresa de agua de la provincia se sucedieron distintas gestiones y si uno sigue esa historia, eso explica el desfinanciamiento que ha tenido la empresa y la situación actual del sistema. No se invirtió nada durante dos décadas y esta es la consecuencia o la foto de todo ese proceso de desfinanciación, debería haberse mirado a largo plazo, pero estuvo siempre atenida a periodos políticos, lo que es contraproducente a una gestión del agua que debería ser vista bajo otros parámetros, otros valores. Es decir, el agua no como un recurso económico financiero, sino el agua como un derecho.

¿Cuáles son, hasta ahora, las conclusiones centrales del proceso de investigación?

Primero, que existe en Mendoza una gestión intencionada del recurso hídrico, que se diferencia en el territorio de acuerdo a los sectores sociales y territoriales a los cuales estas gestiones se dirigen. Segundo, que la expansión de la ciudad sin planificación tiene consecuencias directas en los sectores distales del área metropolitana, porque esa expansión urbana se sostiene gracias a la existencia de territorios que son sostén del residuo que genera la ciudad y que se expande más rápido que la infraestructura necesaria para ello. Y que, al mismo tiempo, esa expansión responde a lógicas de poder y a un tipo de urbanización que es claramente clasista, que diferencia en términos territoriales, pero también sociales, clasificando territorios en función de su valor financiero o sacrificando territorios en detrimento de otros a los cuales se les carga del residuo para que la calidad de vida de otros territorios se sostenga.

¿Cuál es tu objetivo principal al abordar este tema?

Dada la relevancia que ha tenido este problema, he intentado generar puentes con otros sectores, actualmente me encuentro desarrollando un trabajo en conjunto con el INTA de Lavalle, también tengo relación con los senadores que presentaron el proyecto de emergencia sanitaria para los distritos afectados, pero particularmente tengo un vínculo con los vecinos de Los Corralitos y de Puente de Hierro, que para mí es lo principal. Mi idea es que esta investigación no solo sirva para doctorarme, sino que también tenga un impacto social real, que contribuya a visibilizar la problemática y que le brinde argumentos a los afectados para que se puedan empoderar primero y luego conseguir soluciones concretas, que es lo que necesitan de manera urgente.