El Informe Anual de Amnistía Internacional prevé un aumento del número de civiles en situación de riesgo de sufrir abusos a manos de grupos armados, la continuidad de los ataques contra la libertad de expresión y el empeoramiento de la crisis humanitaria y de refugiados, a menos que tenga lugar un cambio fundamental en la respuesta mundial a los conflictos. El organismo internacional pide medidas globales, incluida la renuncia al derecho de veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU en situaciones de atrocidades masivas.

Los dirigentes mundiales deben actuar con urgencia para hacer frente al nuevo rostro de los conflictos y proteger a la población civil de la violencia de los Estados y grupos armados. Así lo afirmó Amnistía Internacional al presentar la evaluación anual de la situación de los derechos humanos en todo el mundo.

“El año 2014 fue trágico para millones de personas, víctimas de violencia. La respuesta global a los conflictos y a los abusos cometidos por Estados y grupos armados ha sido vergonzosa e ineficaz. Mientras muchas personas en distintos países eran expuestas a brutales ataques y represión, la comunidad internacional miró para otro lado”, dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. “Las Naciones Unidas han sido creadas hace 70 años para garantizar que no se repetirían los horrores vividos en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, lo que ahora vemos es violencia a escala masiva y una enorme crisis de refugiados causada por esa violencia. Se ha fracasado a la hora de buscar soluciones viables para las necesidades más apremiantes de nuestra época”.

Previsión para 2015 - 2016

El Informe Anual de Amnistía Internacional ofrece un panorama completo de la situación de los derechos humanos en 160 países durante 2014. Según el informe, preocupa el aumento del poder de los grupos armados no estatales, entre ellos, el grupo autodenominado Estado Islámico. Los grupos armados cometieron abusos en al menos 35 países en 2014, más de uno de cada cinco países investigados por Amnistía Internacional.

A medida que la influencia de grupos como Boko Haram, Estado Islámico y Al Shabaab traspase las fronteras nacionales, cada vez más civiles se verán obligados a vivir bajo su control, similar al de un Estado, sometidos a abusos, persecución y discriminación. Los gobiernos deben dejar de fingir que la protección de civiles no está a su alcance y ayudar a reducir el sufrimiento de millones de personas. Los dirigentes mundiales deben asumir un cambio fundamental en su manera de responder a las crisis en todo el mundo.

Veto del Consejo de Seguridad de la ONU

En los casos de Siria, Irak, Gaza, Israel y Ucrania, el Consejo de Seguridad de la ONU no ha abordado las crisis y los conflictos –ni siquiera en situaciones en las que los Estados y los grupos armados cometen crímenes contra la población civil– debido a intereses creados o conveniencias políticas. Amnistía Internacional pide ahora que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad renuncien a su derecho de veto en situaciones de genocidio y otras atrocidades masivas. “Esto podría suponer un punto de inflexión para la comunidad internacional y los instrumentos de que dispone para ayudar a proteger la vida de los civiles. Con la renuncia a su derecho de veto, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad otorgarían a la ONU más posibilidades de actuar para proteger a la población civil cuando haya vidas en situación de grave riesgo, y enviarían a los responsables de abusos el firme mensaje de que el mundo no se quedará de brazos cruzados mientras se cometen atrocidades masivas”, dijo Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

Respuestas represivas

Amnistía Internacional insta a los gobiernos a garantizar que su respuesta a las amenazas contra la seguridad no viole derechos humanos fundamentales ni fomente más violencia. El Informe Anual detalla cuántos gobiernos reaccionaron a las amenazas contra la seguridad con tácticas represivas en 2014. “Los dirigentes gubernamentales han intentado justificar las violaciones de derechos humanos hablando de la necesidad de que el mundo siga siendo seguro. Nos preocupa que los dirigentes sigan reprimiendo con dureza las protestas, introduciendo leyes antiterroristas draconianas y usando técnicas de vigilancia masiva injustificada para responder a las amenazas contra la seguridad. Pero las reacciones impulsivas no funcionan. Por el contrario, crean un entorno de represión en el que puede ganar terreno el extremismo”, afirmó Amnistía Internacional.

Personas refugiadas

Una consecuencia trágica de la incapacidad de la comunidad internacional para ocuparse del nuevo rostro de los conflictos es la crisis de refugiados que el mundo está viviendo. Millones de personas –4 millones sólo de Siria– siguen huyendo de la violencia y la persecución. Los esfuerzos de los países ricos para impedir la entrada de personas a sus países prevalecen sobre sus esfuerzos para preservar las vidas de estas mismas personas.

La crisis de refugiados global se agravará, a menos que se tomen medidas urgentes. Es una decisión política destinar recursos políticos y económicos a la ayuda y protección de quienes huyen del peligro, prestando ayuda humanitaria con generosidad y reasentando a los más vulnerables.

Argentina

Las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder al pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, y la lucha de los pueblos indígenas para que se les reconozca su derecho a la posesión y propiedad de las tierras ancestrales, son los principales temas que señala el informe con respecto a la Argentina. “Más de la mitad de las jurisdicciones no disponen de protocolos para que los hospitales garanticen el acceso al aborto legal cuando el embarazo es consecuencia de abusos sexuales o si supone un riesgo para la salud o la vida de la mujer”, dice el texto.

En cuanto a la situación de los pueblos indígenas, se destaca la realidad de la comunidad La Primavera, de la provincia de Formosa, y se informa que sufre persecución por la lucha en defensa de sus derechos, tanto con violencia directa como a través del sistema judicial. También se reclama que el Estado argentino sigue sin proporcionar justicia y reparación, luego de 20 años, a las víctimas del atentado a la AMIA.

En el Informe, que se puede descargar aquí, se celebra la continuidad de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.