A través de un comunicado que se difundió  en los principales medios del país, la referente de Amnistía Internacional sobre Argentina, Louise Finer, sostuvo que tanto  las autoridades nacionales como las provinciales “deben trabajar en conjunto para acabar con la violencia en las prisiones”.

La experta solicitó  que el caso llegue a la justicia “sin demoras".  En este punto, es necesario recordar que en la jornada de ayer, un día después de difundidos los videos donde se muestra a agentes penitenciarios sometiendo mediante castigos físicos a diferentes internos del penal,  cinco de los siete guardiacárceles identificados fueron  arrestados previa orden judicial. Mientras que hoy se entregó el sexto y se logró capturar al séptimo mediante un allanamiento realizado en San Martín. Todos quedaron a disposición del  fiscal de asuntos complejos, Santiago Garay, encargo de la investigación.

A su vez, el director del penal en cuestión, Leonardo Musolino, confirmó la separación de sus cargos de los tres jefes, el de seguridad interna, Leonardo Escobar; un jefe de turno de apellido Virlongo, y el de inspección, de apellido Valdez.

Por otro lado, y discordando con las declaraciones vinculadas a la gravedad del asunto hechas por el primer mandatario de la provincia, Celso Jaque, Finer  manifestó que las imágenes de los guardias mendocinos golpeando a los jóvenes prisioneros es “otro recordatorio de los problemas sistemáticos que existen en el sistema penitenciario argentino". Inmediatamente conocido el hecho, que ya alcanzó altos niveles de repudio por parte de los organismos internacionales  de Derechos Humanos, el gobernador había tratado de eludir las responsabilidades de su gestión al sostener que las torturas constituyen “un caso aislado".

Los dichos del mandatario causaron el enojo de amplios sectores por tratarse ésta de una provincia paradigmática en ejercer este tipo de violaciones a los derechos humanos aún en plena democracia. Durante la anterior gestión gubernamental, con Julio Cobos a cargo de la gobernación,  numerosos casos de brutalidad y muertes frecuentes por los que  atravesó el sistema penitenciario local llevaron al Estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A fines del año pasado el organismo reconoció ciertos avances en la materia por parte del sistema carcelario de la provincia, no obstante, los hechos que trascendieron a la escena pública en los últimos días demuestran que la impunidad todavía reina en los penales provinciales.