En la audiencia pública que se realizó la semana pasada, la organización que defiende los derechos del consumidor, Protectora, pidió a las autoridades, tanto empresariales como públicas, que "se verifique la manera de aplicar el incremento de tarifa del gas". Esto, con el objetivo de adecuar las subas al bolsillo de los trabajadores, es decir, que sea un aumento "racional y gradual", según explicó José Ramón, titular de esa ONG.

Se trata del séptimo juicio que eleva Protectora, tanto a Enargas como al Estado nacional, para evitar el incremento irracional y discriminado para los usuarios. Según Ramón, hasta ahora, las medidas sobre el aumento de tarifas "siempre han favorecido el interés económico de las empresas y no así el de los trabajadores".

Puertas adentro del recinto donde se llevó a cabo la audiencia pública, se hizo evidente que la convocatoria fue muy escasa, ya que la provincia tuvo sólo cuatro oradores, entre los que se encontraba el secretario de Servicios Públicos de la Mendoza, Sergio Marinelli, en representación del ejecutivo provincial, mientras que los oradores restantes corresponden a la Asociación Defensa del Consumidor (ADC).