La titular del Tercer Juzgado Penal de Menores, Roxana Monti, dijo que el proyecto de la nueva ley Penal Juvenil que -entre otros aspectos prevé la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años- solo será útil si está acompañada de políticas públicas, de presupuesto que se traduzca en herramientas que le permitan trabajar con un adolescente que cometió un delito y cumplir sus objetivos: que no vuelva a delinquir, que acepte su responsabilidad, que cumpla con las reglas que acuerdan como mínimo durante un año y que salga adelante, abrirle una puerta para que avizore una vida distinta. Repitió que, sin presupuesto, el cambio no tendrá ningún impacto y solo significará que a su escritorio lleguen más expedientes.

Monti recibió a Unidiversidad en su despacho para hablar sobre el alcance del proyecto de una nueva ley Penal Juvenil que presentó el Ejecutivo nacional, que ya obtuvo media sanción en Diputados y que este viernes 27 de febrero tratará el Senado, en el último tramo de las sesiones extraordinarias del Congreso. La iniciativa prevé que desde los 14 años -y no desde los 16 como es actualmente- un adolescente que comete un delito pueda ser juzgado y condenado, plantea medidas alternativas a la prisión cuando el delito contemple penas de hasta 3 años o hasta 10, siempre que no haya implicado la muerte de otra persona o una grave violencia física. Las penas efectivas solo corresponderán para delitos graves, como un homicidio o un robo violento, con un máximo de 15 años.

Hay dos aspectos que la jueza marcó respecto del proyecto. El primero es que está hecho a la medida de Buenos Aires, sin tener en cuenta que la situación de los jóvenes que delinques y el abordaje de la problemática es distinta en todas las provincias, y en este sentido, aseguró que Mendoza es pionera tanto en las normas como en los procedimientos. El segundo, es que -de aprobarse la iniciativa- podría haber planteos de inconstitucionalidad, teniendo que en cuenta que Argentina adhirió a tratados internacionales que tienen rango constitucional, que establecen el principio de no regresividad en materia de niñez y adolescencia, y bajar la edad de imputabilidad, implicaría una regresión, una vuelta atrás respecto de la ley actual.

Monti, que trabaja hace 20 años en el fuero, vio decenas de casos de chicos que cometieron un delito y aunque repitió que cada uno es un mundo, explicó que sus recorridos de vida tienen aspectos comunes. Los enumeró: casi la totalidad son varones en situación de pobreza, muchos sin una familia que los acompañe, sin escolaridad, con consumos problemáticos de cocaína, con lugares de venta de droga muy cerca de su casa y en barrios donde existen distintas formas de violencia. “Hoy el gran problema no es el delito, es el consumo”, explicó.

La jueza dijo que la nueva ley solo servirá si se acompaña de presupuesto. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Actualmente, un chico que comete un delito y tiene menos de 16 años es considerado inimputable, por lo que en Mendoza actúa el Ejecutivo a través de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETIS) que evalúan el caso y dictan las medidas de protección, inclusive sacarlo de su entorno si es necesario. Si tiene 16 en adelante y comete un delito con una pena de 3 años en adelante (un robo en banda), su caso queda en manos de la Justicia Penal de Menores y si cometió un delito grave que supere los diez años de pena (un homicidio), pasa al Tribunal Penal de Menores. En esas instancias, los magistrados tienen dos alternativas: las medidas privativas de libertad, que se aplican en casos de delitos graves o de reiterancia en cuyo caso son alojados en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (ex Cose), y las alternativas, que se aplican a los chicos que cometieron delitos menores, que duran como mínimo un año, pero que se pueden extender si no cumplen con las reglas que acordaron.

Una jueza de este fuero está de turno 15 días, período en el cual recibe comunicación cada vez que detienen a un chico a partir de los 16 años que delinque. Monti explicó que por mes recibe entre 10 y 20 causas, dependiendo de dos situaciones que incrementan la cifra: un evento de gran magnitud —por ejemplo, un partido, un recital donde se producen riñas— y la época del año, ya que en diciembre, enero y febrero suelen producirse más casos. La mayoría, comentó la jueza, son robos simples y en banda, es decir que participa más de una persona, alguna de la cuales puede ser un adulto.

Si se aprueba el nuevo régimen, un chico que cometa un delito desde los 14 años será considerado imputable, es decir que su caso ya no será abordado por los ETIS, sino por la Justicia Penal de Menores, que decidirá las medidas a adoptar dentro del marco de la nueva norma, que también prevé las alternativas o restrictivas de la libertad, dependiendo del tipo de delito y de si existe reincidencia.  

La jueza explicó que la internación solo está prevista para delitos graves y para reincidentes. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Un proyecto regresivo

¿Cuál es su opinión sobre el proyecto?

No te voy a decir si estoy a favor o en contra, eso es una opinión que me voy a reservar. Pero lo que sí veo es que van a haber planteos de inconstitucionalidad.

¿Por qué?

Porque nosotros adherimos a tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional y que hablan del principio de la no regresividad, es decir, no ir para atrás. Y la baja de edad de imputabilidad es ir para atrás, porque en niñez y adolescencia siempre se tiende a mejorar las situaciones y esto implicaría un retroceso. Si se hubiese modificado la Constitución, no habría problema. De todas formas, creo que a nosotros no nos va a cambiar mucho, porque Mendoza es pionera en lo que es derecho de adolescencia, tiene una ley especial que ya regula todo el procedimiento. Obviamente, si se aprueba, nos adecuaremos a la ley, al tipo de sanciones que se van a aplicar, que ya no van a ser más de protección, sino cautelares, se habla de prisión preventiva, nosotros no aplicamos esa figura. También hay que tener en cuenta que esta franja de los 14 a los 15 años hoy está como desamparada, porque los ETIS, que son los que responden ante estas situaciones, están desbordados, porque no es que con los inimputables no pasa nada, sino que intervienen y adoptan medidas de protección. Por eso, creo que la nueva ley tiene que ir acompañada sí o sí de políticas públicas y de presupuestos, si no, no va a funcionar. Necesitamos hogares, que la Dirección de Responsabilidad Penal (ex Cose) adapte un sector para esta franja de 14 a 15 años que no puede estar junto con otros que tienen 18 años y ya están condenados. Necesitamos herramientas para poder trabajar, un hogar específico para chicos que tienen intervención en el delito, que no tienen una familia contenedora y que tampoco es para mandarlos a la Dirección de Responsabilidad, porque el delito es leve. De esas situaciones tenemos millones, imagínese cuando tengamos los de 14 y de 15 años.

La problemática del consumo

¿Cuáles son las medidas que usted toma?

No todos los casos son iguales, porque cada chico es un mundo, cada familia es un mundo, pero en general la escolaridad, la mayoría de los chicos están fuera del sistema educativo, tienen repitencia. Entonces, logramos conseguirles bancos en las escuelas, porque a veces hay una desidia de los padres, además hacen tratamiento psicológico. El gran problema de hoy es el consumo problemático, los chicos están inhalando cocaína, pasta base, pero no tenemos políticas públicas que nos acompañen. Entonces, con esos chicos nos cuesta mucho trabajar, porque ya no podemos disponer internaciones, eso es algo bueno que tiene la nueva ley, se le va a dar intervención para esto al juez de Familia, en realidad a un juez Civil, para habilitar las internaciones de los chicos que tienen consumo problemático grave en donde está en riesgo su vida.

¿Usted no puede decidirlo?

No, la Ley de Salud Mental nos lo prohíbe, antes lo disponía el juez, ahora tiene que ser un perito, un psiquiatra que considere que hay que proceder con la internación involuntaria.

¿Ese circuito no está organizado?

Está, pero es muy difícil, porque no tenemos comunidades terapéuticas. Le repito que hoy el problema más grave no es el delito, es el consumo, muchos de los chicos roban para poder consumir. Cuando yo inicié había consumo, consumían poxiram, hoy consumen cocaína, pasta base, y además antes no teníamos consumo en los padres, hoy sí. Los chicos viven en barrios totalmente vulnerables, con kioscos de venta de droga, entonces uno trata de llevarlos a hacer un tratamiento, pero salen y en la esquina de la casa le están vendiendo droga. Por eso, estas políticas públicas tienen que venir antes de que el chico llegue acá, porque el deterioro de los chicos es impresionante, cognitivo, físico, ahí hay que apuntar, porque si no aplicamos políticas preventivas, nada va a cambiar. Se necesitan comunidades terapéuticas.

Si llegan acá es tarde…

Exacto. Por eso digo que con esta nueva ley no va a cambiar nada, vamos a tener los de 14 y 15, pero estas situaciones de vulneración de derechos que tienen alrededor no van a cambiar. Si esto va acompañado de otro tipo de políticas públicas, tal vez podamos avanzar, pero si no, es muy difícil, porque es trabajar con toda la familia, tampoco sirve que trabaje solo con el chico.

¿Cuál es la situación de las familias?

En general es la pobreza, falta de empleo, minimización de la importancia de la educación formal. El chico no quiso estudiar es la respuesta, pero les digo 'señora con 12, 13 años, no es el chico el que decide si quiere estudiar o no quiere estudiar. Usted lo tiene que inscribir, lo tiene que mandar'. Entonces, bueno, eso es otra cosa buena que tiene este proyecto de ley que habla de sanciones civiles a los padres, porque todo empieza de ahí.

¿Están presentes?

La mayoría son familias disociadas con una mamá, muchos chicos no tienen mamá ni papá, porque están presos o murieron y viven con sus abuelos o con sus tíos, que a veces también están desbordados y no pueden más. También hay muchos padres que son responsables, los llevan a donde pueden, al sistema de salud pública, porque no tienen herramientas para llevarlos a otro lado y a veces se desgastan también esas familias.

Terminar la escuela es una las medidas que deben cumplir los adolescentes y su familia. Foto: Prensa Gobierno. 

Cumplir las reglas

¿Cómo realiza el seguimiento del caso? 

Supongamos que es un delito intermedio, un robo en poblado y en banda, generalmente en ese tipo de delitos se les pone un tipo de restricción, puede ser nocturna para que no puedan salir de noche, o absoluta, depende cómo veamos la situación familiar y barrial, porque la mayoría de los problemas están alrededor del barrio donde viven. Ese seguimiento del chico y su familia lo hacemos a través del equipo de Umapl (Unidad de Medidas Alternativas a la Privación de la Libertad), que va en forma semanal o quincenal, según la gravedad de la situación. Y nosotros tenemos audiencias de acuerdo también a la gravedad, cuando hay casos que veo que son graves, que hay un consumo problemático grave que necesita más seguimiento estricto, las audiencias son semanales o quincenales o mensuales.

¿Cuándo termina el proceso?

La ley con la que nosotros trabajamos (Régimen Penal de Minoridad) habla de que es un año desde el momento que el chico comete el delito. Para que concluya ese proceso, la ley marca tres requisitos: un año de medidas de protección, la declaración de responsabilidad penal, que es el juicio que nosotros hacemos, que no es como en adultos que hacen el juicio y le aplican una condena, acá declaramos la responsabilidad que equivale a decir que fue autor del delito, pero le decimos vamos a ver cómo funcionás durante todo este año, que no vuelvas a cometer ningún tipo de delito, que vayás a la escuela, que hagás el tratamiento psicológico, que cumplás las medidas que nosotros le hayamos puesto; y si las cumplieron durante un año, la ley actual nos permite la absolución de la pena. Si esas medidas no fueron positivas o fueron más o menos, la ley nos permite prorrogarlas hasta los 21 años, pero puede ser por 3 meses, 6 meses, depende de la situación.

De víctima a victimario

A lo largo de la historia en esta problemática de los adolescentes que delinquen hay quienes se paran en una postura que los considera como víctimas, mientras otros tienen una visión más punitiva. ¿Dónde se para usted para abordar cada caso concreto?

Para mí son víctimas de todo lo que les ha pasado en la vida, la mayoría, algunos no, pero la mayoría sí. Se crían en ambientes donde los padres están presos o donde el robo es normal, en  barrios donde la venta de droga es normal. Una vez un chico me dijo 'haga lo que quiera conmigo, a mí mi vida no me interesa'. Un niño. No le ven salida a la situación en la que están. Nosotros tratamos de reinsertarlos, darles herramientas de estudio, laborales para que el día de mañana puedan tener un trabajo, para eso trabaja y mucho el equipo de Umapl, esa es la función nuestra, tratar de reinsertarlos. De todas formas, yo también les digo que no puedo cambiarles el hábitat, no puedo llevarlos a vivir a otro lado, sino que tienen que aprender que hay ciertas conductas que no deben hacer, porque si no, el final de ellos va a ser el penal tarde o temprano.

¿Funciona, entienden?

En la mayoría de los chicos funciona. A veces tenemos chicos que a lo mejor cometen el primer delito, vuelven al circuito y cuando cometen el segundo delito y se pone una medida un poco más restrictiva logramos encaminarlos. A veces también es necesario sacarlos de ese ámbito familiar y buscar familia alternativa, buscamos tíos, primos, abuelos que a lo mejor estén lejos de la zona de residencia y que quieran tenerlo al joven. Tratamos de buscar alguien de la familia.

¿Y si no hay nadie?

Y ahí es cuando nos encontramos en la encrucijada, porque el delito no amerita enviarlo a la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, no tenemos hogares para eso, pero buscamos una solución.

¿La familia ampliada cómo actúa?

Actúan tíos, abuelos y a veces son más responsables que los propios padres. Hay muchas abuelas con los chicos a cargo, porque la madre consume y el padre está en el penal.

Monti dijo que intenta brindar herramientas a los adolescentes, que aprendan un oficio y tengan una perspectiva diferente. Foto: Prensa Gobierno. 

Debates mediáticos

¿Le afectan los debates mediáticos, las frases que se repiten sobre lo que se debería hacer con estos chicos?

No. Yo entiendo que el que está del otro lado, el que no ve, el que no está en la trinchera como nosotros que vemos todas las situaciones que rodean a ese delito dice que vayan todos presos, que los maten a todos. No es así, hay muchas circunstancias que rodean esa situación. Para nosotros, todos los chicos son iguales, obviamente que la gravedad del hecho determina las medidas, si cometió un homicidio, va a ir a Dirección de Responsabilidad.

¿Cuándo recibe un caso, cuál es su objetivo?

Mi objetivo central es que no vuelva a estar involucrado en un delito. Y tratar de lograr, ya sea con la escuela, con algún curso de capacitación, que ese chico tenga una herramienta el día de mañana para poder desenvolverse.

Recuerda algún caso en que logró ese objetivo...

Un chico, que fue complicado y me dio las gracias cuando terminamos la causa, hace poquito. Tenía un montón de delitos tontos, eran todos robos simples, pero no había forma, y con padres comprometidos, pero no había forma, porque el consumo lo podía. Tuve que terminar internándolo. Y fue como que eso le hizo el click, estuvo tres meses en la dirección, se armó la estrategia de nuevo afuera, salió y empezamos con controles semanales. Todas las semanas lo hacía venir. Y le exigía ta ta ta, la Monti me decía. Y se encaminó, y está trabajando. Uno ve avances cuando tenemos una familia que acompaña, si no, es complicado. Y a muchos les hace el clik cuando cumplen los 18, no sé si es porque tienen miedo a caer en el penal o porque maduraron, pero muchos chicos cuando empiezan con 16 años y las medidas de protección se extendieron hasta los 18 porque era necesario, uno ve cómo evoluciona la madurez de ese niño.

¿Por qué es jueza de este fuero?

Porque me encanta trabajar con adolescentes, me gusta esto de poder ayudar a reinsertar a estos chicos. Siempre me gustó, nunca me quise mover del fuero, siempre concursé para lo mismo. No me gustaría ser jueza de adultos, acá es más humano, acá uno trata de que ese chico se reincorpore a la sociedad.