Campañas PASO: Fiscalía pide celeridad a la Corte

El fiscal quiere que se expida por la inconstitucionalidad reclamada por la oposición. Las negociaciones para destrabarlo no avanzan.

Campañas PASO: Fiscalía pide celeridad a la Corte

Sociedad

Unidiversidad

Gabriela Ceppi

Publicado el 26 DE FEBRERO DE 2015

La negociación no avanza. A pesar del intento del oficialismo por destrabar el pedido de inconstitucionalidad por los fondos para las PASO, que está en la Justicia y que podría determinar el freno de procesos electorales ya anunciados, la oposición se endurece y rechaza las contrataciones liberadas.

Lo cierto es que la Justicia debe determinar sobre el pedido de inconstitucionalidad presentado por radicales y demócratas. En ese sentido, ingresó ayer a la Corte Suprema de Justicia un pedido del Fiscal de Estado subrogante, Javier Fernández, que elevó una cautelar para que se emplace al Ejecutivo a proveer de recursos para financiar la campaña electoral convocada a través del decreto 50/2015. En el escrito solicita que se determine el monto de la cautelar entre el 1 y el 5 por ciento de lo erogado en publicidad y propaganda durante el ejercicio presupuestario 2013, tal como reclama la oposición.

El fiscal, que muestra serias diferencias con Francisco Pérez desde hace meses, asegura que se presenta como “custodio del patrimonio fiscal” y en nombre de un grupo de ciudadanos de Mendoza que hicieran una presentación en ese organismo, aunque no revela identidades. Está claro que Fernández sostiene que puede haber “un perjuicio para el erario público” pero no puede ocultar la interna con el equipo oficial.


Lo cierto es que la noticia es festejada puertas adentro del radicalismo y de los partidos minoritarios. Esto es porque en las reuniones de los últimos días se intentó avanzar hacia una salida negociada al conflicto, que concretamente se basaba en aplicar el límite que fija la ley 7005, que fuera sancionada en 2002 y que regula el financiamiento de las campañas electorales y sus respectivas publicidades. Según esta norma, cada partido podría obtener hasta 11 millones de pesos; lo que el justicialismo pretendía era que se eliminara la prohibición de contratar espacios de manera directa porque no habría tiempo suficiente para una licitación, según dicen en el PJ.

Pero la oposición rechazó de plano esta idea y, según referentes del PJ, en una reunión a puertas cerradas se les ofrecieron 20 millones de pesos para las PASO y otros 20 para las generales, pero con esos fondos cada partido debía realizar contrataciones particulares con los medios de comunicación. Sin embargo, lo que la oposición pretendía para sellar el acuerdo era que se liberara la vía pública, pero no la radio y la televisión.

Sólo en off, funcionarios del equipo oficial confirmaron que si eso se hiciera (es decir, bajar los espacios fijados a nivel nacional a la provincia), el Estado debería desembolsar unos 120 millones de pesos sólo para televisión, porque en Mendoza las frecuencias no son estatales como en la Nación. Además, reconocen que mantienen una abultada deuda con los dueños de los medios de comunicación privada que no les permitiría alcanzar un acuerdo sin previa cancelación, por lo que el desembolso sería sensiblemente mayor.

La decisión quedó ahora en manos de la Justicia que, se espera, se expedirá en breve. Está claro que la Corte, en este y otros tantos conflictos, esperaba que la solución llegara de la mano de la política para no tener que expedirse, pero la salida negociada se ha ido embarrando cada vez más.


Trabas a las leyes

Los partidos de la oposición recurrieron el Decreto por el cual el Gobernador ordenó suspender la aplicación de parte de la ley electoral, en particular en lo referido al financiamiento estatal, y les negó todo tipo de fondos para encararlas. Fue por esto que se desató la guerra que incluyó la imposibilidad de destrabar leyes importantes para la provincia. Esto sucedió la primera semana de enero. 

La imposibilidad de destrabar los fondos de las PASO recrudece posiciones en la Legislatura. La caída de la Ley de Educación, después de ser discutida por más de siete años, es una muestra cabal de lo que puede suceder durante este año si no se acercan posiciones. Ahora el oficialismo, que pretendía abrir el ciclo lectivo 2015 con este logro, deberá esperar hasta el 2 de mayo, cuando se abra el período de sesiones ordinarias, para poder sacarla de archivo y retomar la discusión.

Fuente: Edición UNCUYO

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