El 9,6 % de la tierra rural mendocina está en manos de capitales extranjeros, es decir, más de un millón de hectáreas, siendo Malargüe el departamento que se ubica al tope de la superficie permitida por la ley actual, que es del 15 %, un límite que el gobierno de Javier Milei intenta anular con un proyecto que se analiza en el Senado de la Nación. Hoy, el 14,74 % de la superficie rural de esa comuna sureña es propiedad de foráneos; le siguen San Martín (el 13,84 %), La Paz (el 12,58 %), Las Heras (el 12,44 %), General Alvear (el 11,82 %), Lavalle (el 9,72 %), San Carlos (el 7,13 %) y Maipú (el 6,50 %).

Los datos sobre la cantidad de tierra mendocina en manos foráneas forman parte del Mapa de Extranjerización realizado por el Observatorio de Tierras, una iniciativa impulsada por profesionales del Conicet y la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). La última actualización de la herramienta interactiva fue desarrollada por la socióloga Julieta Caggiano y el historiador Matías Oberlin, integrantes del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias (Milpa).

El Observatorio surgió como una herramienta para intervenir en el debate sobre el proyecto oficial que propone modificar la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, más conocida como Ley de Tierras (26737). Uno de los objetivos centrales de esa norma, que se aprobó en 2011, fue limitar la extranjerización, para lo cual estableció que las personas foráneas no puedan ser titulares de más del 15 % del total de los suelos rurales a nivel nacional y que una persona no pueda comprar más de 1000 hectáreas, lo que se replica en cada provincia y departamento. Además, prohíbe que adquieran inmuebles ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y de zonas de seguridad de frontera (una franja marcada a partir de límites internacionales, sujeta a legislación especial, para garantizar soberanía, seguridad, defensa nacional y prevención de delitos como narcotráfico y contrabando).

El proyecto anula la prohibición actual de que extranjeros compren inmuebles ribereños de cuerpos de agua. Foto: Gobierno de Mendoza

Derogada y reformada por decreto

En 2023, la gestión Milei derogó la Ley de Tierras, con el fundamento de “promover inversiones”, a través del artículo 11 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, titulado “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”. El DNU fue publicado y quedó vigente, pero debía ser validado por el Congreso, sumado a que se presentaron recursos de amparo; en este aspecto, la Justicia dio lugar a la cautelar y ahora debe definir la Corte Suprema. Frente a esto, al gobierno solo le quedó la vía legislativa.

El 20 de mayo, el oficialismo insistió a través del proyecto de “Inviolabilidad de la propiedad privada” que impulsa el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Esa iniciativa incluye cambios a distintas normas, como las de expropiaciones, desalojos, sistema de manejo del fuego, pero el eje central son las modificaciones a la Ley de Tierras. Su tratamiento se inició en el Senado, pero el oficialismo no obtuvo el apoyo para la media sanción y la sesión pasó a cuarto intermedio hasta este 6 de agosto.

Milei no fue el único que intentó modificar la ley. Mauricio Macri lo hizo por decreto durante su gestión, siendo uno de los cambios sustanciales la forma de analizar el paquete accionario de una firma para considerarla foránea o nacional.

Frente al nuevo intento de modificación de la ley, quienes integran el Observatorio (Pablo Volkind, Matías Oberlin Molina, Julieta Caggiano, Thomás Artopoulos, Gabriela Elias, Micaela Medero Larrosa y Maia Sol Ilutovich), lo rechazaron y fundamentaron su posición. “El proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional debería rechazarse de plano. Es un proyecto que atenta contra la soberanía nacional, que disminuye las capacidades estatales de intervención frente a situaciones críticas, que pone la tierra y el agua —los bienes comunes— al servicio de corporaciones y grandes capitales no asentados en nuestro territorio, y que solo va a aumentar la conflictividad social en cada uno de los territorios donde se implemente. Como señalábamos, la ley de extranjerización promovida por Federico Sturzenegger en nombre del Gobierno nacional se presenta como un nuevo estatuto legal del coloniaje”, dice la síntesis del cuarto informe.

En el mapa se destaca la situación de Malargüe. Foto: captura pantalla Mapa Extranjerización

Entrecruzamiento de datos

La Ley de Tierras creó un Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) —dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación—, que continúa vigente y que permitió conocer la cantidad de suelo en manos extranjeras. Esa información, actualizada a 2025, fue uno de los insumos que utilizaron profesionales del Conicet y la UBA para elaborar el Mapa de Extranjerización, a lo que sumaron un plus: cruzaron esos datos con la superficie de glaciares y de ambientes periglaciales, con los proyectos mineros y las comunidades originarias existentes en ese territorio, así como una mención al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). El Mapa incluye porcentajes y números totales de cada una de las variables, tanto para el país como para cada provincia y departamento.

La razón del entrecruzamiento de datos la explicaron en el tercer informe que elaboró el Observatorio, titulado "Territorio y bienes comunes en disputa: extractivismo y extranjerización en la Argentina". “La superposición de estas capas permite visualizar cómo se combinan territorialmente distintos fenómenos que, de otro modo, resultarían difíciles de percibir. En particular, muestra que los espacios que concentran las principales reservas de agua dulce coinciden con zonas donde se intensifican las presiones extractivas y donde la presencia de capital extranjero adquiere mayor peso”.

En ese mismo informe se destacan ejemplos de esa situación; uno de ellos, el caso de la comuna más sureña de Mendoza. “En el departamento de Malargüe (Mendoza) encontramos una situación similar, con más de 600 mil hectáreas en manos extranjeras. Allí opera una empresa minera extranjera y, al momento de la elaboración de los datos públicos, se preveían cinco proyectos más (de extracción de uranio, potasio, oro, cobre, hierro). El gobernador Cornejo ha reconocido públicamente que actualmente superan la decena. Este territorio también posee más de 11 mil hectáreas de área glaciar, sobre la cual se ubica, por ejemplo, el proyecto de extracción de cobre controlado por la firma Wincul S.A., donde habitan un tercio de las comunidades indígenas a nivel provincial. Gran parte de dichas comunidades también lindan con la explotación de uranio que realiza la empresa canadiense Blue Sky Uranium Corp”, dice el trabajo.

La iniciativa oficial anula la prohibición de compra para extranjeros en zonas de seguridad de frontera. Foto: Gobierno de Mendoza

En manos extranjeras

De acuerdo al Mapa de Extranjerización, el 4,97 % del total de las tierras rurales en Argentina son de propiedad extranjera (con mayoría de capitales españoles), lo que representa13 millones de hectáreas (13.243.219,49). Además, detalla que el área glaciar total es del 0,11 % (283.886,12 hectáreas), que existen 701 proyectos mineros en actividad, que están previstos otros 326 y que en esa extensión habitan 1779 comunidades originarias.

En cuanto a Mendoza, muestra que el 9,06 % del total de las tierras rurales está en manos de foráneos, lo que representa más de 1 millón de hectáreas (1.3439.83.52 hectáreas). Además, indica que el área glaciar se extiende en el 0,82 % de la superficie (123.599,84 hectáreas), que hay un proyecto minero en actividad y otros siete previstos, y que existen 27 comunidades originarias.

Teniendo en cuenta el nivel de extranjerización, en el mapa de Mendoza se destacan: Malargüe (entre el 15 y el 30 % en manos extranjeras); San Martín, La Paz, Las Heras, General Alvear y Lavalle (entre el 9 y el 15 %) y Maipú y San Carlos (entre el 5 y el 8 %). Malargüe se destaca en rojo por estar al tope del límite de tierras en manos extranjeras permitidas por ley. Detalla que en esa situación está el 14,74 % (608.740 hectáreas) de las tierras rurales de ese departamento, que el área glaciar abarca el 0,27 % (11.205 hectáreas), que existe un proyecto minero en actividad y cinco previstos.

Al departamento sureño le siguen, por cantidad de hectáreas en manos extranjeras, San Martín, ya que el 13,84 % de sus tierras rurales son de propiedad extranjera (20.466 hectáreas), y La Paz con el 12,58 % (89.335 hectáreas). En ambos casos, las otras variables están en cero (áreas glaciares, proyectos mineros, comunidades originarias). Más atrás se ubican: Las Heras, con el 12,44 % (110.794 hectáreas), el 1,92 % de área glaciar (17.090 hectáreas), con un proyecto minero previsto y cuatro comunidades originarias; General Alvear, con el 11,82 % (170.579 hectáreas); Lavalle, con el 9,72 % (99.116 hectáreas), con 12 comunidades indígenas; San Carlos, con el 7,13 % (82.508 hectáreas), con un área glaciar del 0,65 % (7528 hectáreas), y Maipú, con el 6,50 % (3690 hectáreas).