Conflicto con anestesistas: es ley la emergencia sanitaria por 4 meses

En un tratamiento exprés, Diputados validó la norma que había aprobado el Senado horas antes. Por 4 meses, no puede haber renuncias en el servicio de salud pública. La norma puede ser prorrogable por un período igual.

Conflicto con anestesistas: es ley la emergencia sanitaria por 4 meses

Foto: Prensa Legislatura de Mendoza

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Publicado el 17 DE MAYO DE 2022

El viernes pasado, la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, presentó en la Legislatura un proyecto de ley para que se declare la emergencia sanitaria en prestación y formación de médicos anestesiólogos, debido a la situación crítica que atraviesa el sistema de salud público. Hoy, martes, es ley la iniciativa que establece un plazo de 120 días, con el objetivo de asegurar a la población el acceso a los servicios de anestesiología de forma equitativa y oportuna. El plazo será prorrogable por un período igual, por única vez, por decreto del Poder Ejecutivo, el que entrará en plena vigencia luego de su ratificación legislativa. Esto quiere decir que ningún profesional de la anestesiología puede renunciar a su puesto mientras dure la emergencia. 

Según datos relevados por el Ministerio de Salud, existen en la provincia 229 anestesiólogos con matrícula activa, de los cuales solo 61 poseen cargos de planta, a pesar de los ofrecimientos reiterados por parte del Poder Ejecutivo para ocupar los cargos vacantes. Asimismo, en el año 2022, 68 profesionales han comunicado su voluntad de no renovar los contratos de prestación de servicios que mantenían vigentes en el subsector público.

 

El proyecto

Dentro del articulado de la norma, se expresa que se declara la emergencia mencionada “con el objetivo de asegurar a la población el acceso a los servicios de anestesiología de forma equitativa y oportuna”. A su vez, resalta: “Las contrataciones de los profesionales de salud que se dispongan en el marco de la presente ley quedarán exceptuadas del límite establecido en el último párrafo del Artículo 12 del Anexo de la Ley N.° 7759, aun cuando el contratado pertenezca a la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal”.

Asimismo, para el caso de las renuncias de los profesionales en la materia en efectores públicos, establece que “se harán efectivas una vez notificada su aceptación o transcurrido el plazo de ciento veinte (120) días corridos de presentada la misma”.

Durante este periodo, el profesional que haya presentado su renuncia deberá cumplir con las exigencias y necesidades de su servicio y/o funciones profesionales. Atento a lo expresado, se indica que, en caso de incumplimiento, “será de aplicación la sanción de suspensión en el ejercicio profesional de un (1) mes a cinco (5) años, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley N.º 2636 y su decreto reglamentario, sin perjuicio de las acciones penales y civiles que pudieran corresponder”.

En otro orden, indica la pieza legal que “el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes podrá convocar a exresidentes y/o exjefes de residentes de la especialidad de anestesiología egresados del Sistema Provincial de Residencias y/o profesionales anestesiólogos que hayan prestado servicios en el Estado en los últimos cinco (5) años, y/o profesionales anestesiólogos jubilados con matrícula vigente, con el fin de que presten servicios, incluidas las guardias –tanto de semana como de fines de semana y/o feriados–, en los hospitales comprendidos en el subsector público de la salud, considerando esta convocatoria como una carga pública, en el marco de la emergencia declarada”, y justifica que “el servicio de anestesiología es un servicio crítico para el resguardo de la vida y/o la salud de las personas”.

Entre las facultades que la ley le otorga a la cartera sanitaria, están las de “trasladar, reasignar funciones y/u horarios de los profesionales anestesiólogos a su cargo, a fin de asegurar los servicios esenciales de salud en todo el territorio provincial. En estos casos, los mayores costos serán soportados por el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, conforme a la normativa vigente”.

La normativa expresa que lo dispuesto es aplicable a “todos los profesionales que presten servicios de anestesiología en la Provincia de Mendoza, con independencia de su forma de contratación, incluidos los profesionales del Sistema Provincial de Residencias”. Sostiene, a su vez, que el ministerio tendrá la facultad de arbitrar “los medios tendientes a implementar la formación y capacitación en prácticas anestésicas de profesionales y técnicos relacionados con el manejo de pacientes críticos, como así también la formación de los profesionales residentes en la especialidad de anestesiología”.

También establece que, a los efectos previstos en la ley y mientras dure la emergencia, el Ministerio de Salud será quien deba convocar a una mesa de diálogo con la participación de los sectores involucrados, debiendo además contar con representación legislativa, en proporción a la composición parlamentaria de ambas cámaras. Las reuniones de la mesa de diálogo constituida al efecto de esta ley tendrán una periodicidad no menor a una reunión mensual durante la vigencia de la norma.

Declaraciones a favor y en contra

El legislador Gerardo Vaquer, del Frente de Todos, remarcó: “Han sido días de trabajo muy arduo. Creemos que la situación de la salud requiere que nos ocupemos del tema para que los mendocinos tengan la situación de calidad que se merecen. No se debería haber llegado una situación de emergencia, ya que se tendría que haber resuelto a través del diálogo. Debemos generar las herramientas para que este sea el camino para la resolución de los conflictos”.

Posteriormente, la presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchlas, sostuvo que es un día “muy importante”. “Nos hemos puesto de acuerdo en una situación que había que solucionar. Le estamos diciendo a la gente que el Estado está presente. Lo que estamos haciendo es poner límites a ciertas prácticas monopólicas. Las organizaciones tienen el derecho de defender sus intereses. El problema es cuando vulneran los derechos de los mendocinos. Ojalá que con la mesa de diálogo que propuso la oposición se construya otra instancia”, aseveró. La senadora Claudia Najul explicó: “El hospital público es el de todos. Nosotros estamos aquí para resolver una emergencia. Valoro especialmente la creación de esta mesa de diálogo donde todos los sectores puedan aportar. La salud es un derecho humano”, sintetizó.

El jefe de bloque del Frente de Todos, Lucas Ilardo, resaltó: “El tiempo termina demostrando que mucho de lo que decíamos con respecto a la salud viene pasando. Esto ocurre no solo con los anestesistas, sino también con todos los médicos. El agua les llegó al cuello, y si no debatíamos este proyecto, estaba en jaque el sistema de salud en la provincia de Mendoza. El Gobierno tiene 120 días pare resolver este conflicto. Por esto es que corresponde ser una oposición responsable”. También explicó alguna de las modificaciones que impulsó su bloque.

El cierre estuvo a cargo del jefe de bloque oficialista, Martín Kerchner Tomba, que se refirió a la propuesta en tratamiento. “Entendemos que hay que tomar decisiones y hay que tener la valentía de hacerlo. Celebro la voluntad de la oposición para tratar este proyecto. El Estado tiene que estar presente. Destaco la garantía del Gobernador de poder llevar a cabo esta ley. El proyecto enviado por el Ejecutivo sufrió cambios propuestos por la oposición. El centro de la ley sigue vigente”, destacó.

Cómo es el conflicto de las y los anestesistas en el sector privado

Médicos anestesistas dispusieron suspender sus servicios en el sector privado de la salud de Mendoza, lo que llevará a la suspensión de cirugías programadas en clínicas y sanatorios, con perjuicios para los pacientes.

Ante la decisión, tomada de manera inconsulta e intempestiva, la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza (Aclisa) manifiesta su rotundo rechazo por considerar que afecta gravemente a pacientes y clínicas privadas.

Los anestesiólogos que brindan servicios en los hospitales, clínicas y sanatorios del subsector privado han suspendido sus actividades, según manifiestan, para visibilizar el conflicto que tienen en la salud pública. Esto obligará a los efectores privados a suspender cirugías al no contar con este personal indispensable para su concreción. Esto no fue notificado previamente a las instituciones, por lo que muchas personas han realizado su preparación previa y viajes desde lugares remotos con la esperanza de concretar una intervención que, en estas circunstancias, no se va a poder realizar.

“Están tomando de rehén a la población, ante esta decisión particular, a quienes se atienden en el sector privado de la salud, para visibilizar un problema netamente económico", expresó el doctor Rodolfo Torres, coordinador médico de Aclisa. Por ello, dada la inmediatez con que esto ha sido informado, con pesar y conocimiento del impacto que esto implica para los pacientes y sus familias, se solicita a la comunidad informarse sobre la situación en los respectivos establecimientos de salud, ante la posibilidad de que las cirugías programadas puedan verse afectadas y/o postergadas.

Un conflicto ajeno

Los profesionales sostienen que la intención de esa disposición es visibilizar la situación de conflicto con el Estado, con el que no han logrado llegar a un acuerdo salarial en cuanto a sus tareas en hospitales públicos.

“Es un sinsentido porque los aranceles que paga el sector privado son los que determinan los profesionales de esta entidad, en tanto no se definen en paritarias”, apuntó Torres.

Desde Aclisa, se reconoce el perjuicio que esto implica para los pacientes, en particular para aquellos para quienes la cirugía implica una preparación previa más compleja, organización de largo plazo y/o traslados desde zonas alejadas, como otros departamentos o provincias. “Se trata de una medida intempestiva, inconsulta, que genera daños a la población, porque obliga a suspender cirugías incluso a pacientes preparados, genera perjuicios a las clínicas porque es un día en que no podrán trabajar y generar ingresos. En un sistema de salud que ya viene golpeado, este es un nuevo golpe”, resaltó.

Fuente: Prensa Legislatura de Mendoza / Aclisa

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