COVID-19 y el desafío de la igualdad de condiciones

Análisis de María Teresa Badui, profesora Titular de Administración Financiera, de la carrera de Ciencia Políticas y Administración Pública - FCPyS - UNCUYO. Directora del Centro de Estudios Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible.

COVID-19 y el desafío de la igualdad de condiciones

El coronavirus empieza a verse reflejado en las diferentes economías del mundo. Foto: Twitter.

Sociedad Otras Miradas Nuevo coronavirus / / Publicado el 28 DE ABRIL 2020

El mundo, en el sentido más amplio de la palabra, está atravesando una pandemia, sin distinción acerca del grado de desarrollo de cada país afectado; no existen patrones comunes: el virus “afecta países”, independientemente de su ranking de desarrollo.

Tampoco podemos decir que enfrentan mejor este flagelo aquellos más desarrollados que otros. La intención es reflexionar acerca de cómo el COVID-19 afecta al interior de cada territorio.

Alexis de Tocqueville, cuando escribió su obra “La democracia en América” (1935), indicaba: …el desarrollo gradual de la igualdad de condiciones es un hecho providencial: ya que es duradero, universal, escapa siempre al poder humano; todos los acontecimientos, al igual que todos los hombres, sirven a su desarrollo…

Amartya Sen[1] indica que la deprivación relativa en materia de ingresos puede llevar a una deprivación absoluta en materia de las capacidades necesarias para acceder a una vida digna, como una consecuencia o como para completar su idea “La igualdad debe tener por horizonte razonable la igualdad de condiciones y resultados; y subordinado a ella, la igualdad de oportunidades.”

Por ejemplo, la educación pública (además de un derecho) puede ser gozada sin distinción de ningún tipo por cada uno de nosotros; pero no todos pueden aprovechar esa igualdad de oportunidades, porque, como dijimos, los puntos de partida son diferentes.

En un contexto como el actual, sumido en una gran recesión económica, con un virus que nos obliga a recluirnos y que les impide a miles de personas trabajar, esta desigualdad de condiciones queda dolorosamente expuesta y no hace más que profundizarla. Se adecúa la prestación de bienes públicos, como la educación, de manera tal que pueda ser impartida con el mayor grado de normalidad posible; pero ¿cuántos estudiantes tienen acceso a internet y a una PC?, ¿cómo quedan aquellos que no pudieron acceder a la modalidad virtual con respecto a quienes sí pudieron?, y claro está: una cosa es el acceso a la tecnología y otra, muy diferente, es su utilización; por lo tanto, la brecha digital -que implica alfabetización en el uso de las tecnologías- es mayor.

¿Cómo transcurre el día a día de aquellos que se encuentran en el 8,9%[2] que arroja la tasa de desocupación medida por el INDEC?. Y para qué hablar de la desigual distribución del ingreso. Solo a título informativo, el coeficiente de Gini para el tercer trimestre de 2019 fue de 0,449. La brecha de ingreso promedio entre el decil más bajo (decil n°1) de la población y el más alto (decil n° 10) en el tercer trimestre de 2019 fue de 23 veces[3]. La relación entre la distribución de ingreso e igualdad de condiciones acentuada por el COVID-19 son obvias y no entraremos en más detalle.

La lista de interrogantes y situaciones referidas a la desigualad de cara al COVID-19, lamentablemente, puede tornarse demasiado extensa y es, en esa lista, donde queda expuesta la ineficiencia asignativa del gasto que a lo largo de los años han tenido los gobiernos en materia del manejo de sus finanzas públicas.

¿De qué se trata la eficiencia asignativa del gasto? Se refiere a cómo los gobiernos asignan su gasto en diferentes funciones -educación, salud, promoción social, inversión, defensa; entre generaciones, en distintos niveles de gobierno-, con el fin de maximizar la productividad y el crecimiento de la economía[4].

Tal vez lo más ilustrativo sea definirla por su contrario: esto es, la ineficiencia asignativa. Es decir, cómo los gobiernos a través de las decisiones del gasto público dispusieron asignar recursos; por ejemplo, a la asignación universal, en lugar de pensar a largo plazo y diseñar e implementar un efectivo Ingreso Ciudadano. O cómo, en lugar de destinar recursos a la infraestructura hospitalaria y la mejora de tecnología, así como de sus recursos humanos, decidieron hacer estadios o financiar pautas publicitarias destinadas a difundir actos de gobierno y no fortalecer políticas públicas.

Los ejemplos son miles y, lamentablemente, atraviesan a la mayoría de las gestiones de gobierno, independientemente de sus colores partidarios.

Ahora bien, en momentos como los actuales, de tantos desafíos, nos centramos en uno: el manejo de las finanzas públicas. ¿Qué margen se tiene en un contexto de recesión como el actual? ¿Qué margen tiene el Estado cuando se reclama una intervención más activa a nivel de subsidios (siempre paliativos) o de exenciones impositivas cuando no tiene para cubrir las prestaciones mínimas?, precisamente, porque gran parte de la masa productiva está limitada para desarrollar sus actividades a causa del COVID-19.

Sin duda que uno de sus desafíos será, en el marco de la escasez reinante, mejorar de una vez por todas la eficiencia asignativa del gasto y, junto con ello, la eficiencia técnica del mismo; es decir, hacer lo que se debe hacer, pero de manera correcta, optimizando recursos y rediseñando procesos.

Saldar debates pospuestos

Ha llegado el momento, inclusive en este periodo de decisiones urgentes, de dar los debates pospuestos por décadas. Uno de ellos, que tiene conexión con las finanzas públicas, tiene que ver con que autoridades políticas a nivel provincial y nacional asuman los compromisos que la Constitución Nacional de 1994 viene solicitando con respecto a la coparticipación federal de impuestos. Hace 26 años que la República Argentina no puede cumplir con el mandato constitucional con respecto a las condiciones que debe cumplir la Ley de Coparticipación a sancionarse por el Congreso de la Nación. Desde 1988 tenemos el “Régimen Transitorio de Distribución entre la Nación y las Provincias”: 32 años sin poder ponernos de acuerdo en un sistema que, por concepto, debe tender a disminuir las diferencias interregionales. Es tal la deuda pendiente de ese compromiso pospuesto por décadas, que hoy la mayoría de las provincias argentinas se encuentran a la “espera” de las transferencias que desde el Poder Ejecutivo Nacional se “decidan” realizar sobre los Adelantos Transitorios del Tesoro, esos recursos que, en el marco legal vigente, carecen de un mecanismo establecido de distribución.

No se trata solo de estos dos temas; sin duda, avanzar en los presupuestos por programas es también clave para mejorar en las dimensiones de eficiencia del gasto a las que hemos hecho referencia.

Mucho habrá que revisar y liderar para que los esfuerzos sean conducentes en materia de eficiencia del gasto público. Una eficiencia asignativa del gasto público, sin duda, llevará a una mejora en la igualdad de condiciones; me permito terminar con una frase que titula el BID “un mejor gasto para mejores vidas”.

 

[1] Premio Nobel de Economía 1998

[2] INDEC. Mercado de Trabajo. Tasas e Indicadores socioeconómicos (EPH). Marzo 2020. Los datos se refieren al cuarto trimestre del año 2019 y se refiere a lo que se denomina “desocupados abiertos”. Argentina

[3] Informe Técnico Vol. 3 N°236. Evolución de la Distribución del Ingreso (EPH). Tercer Trimestre 2019. INDEC. Argentina

[4] Alejandro Izquierdo, Carola Pessino y Guillermo Vuletin: Mejor Gasto para mejores vidas. BID. 2018