El Gobierno provincial reafirmó los alegatos contra represores

Marcelo D´Agostino, el secretario de Justicia y Relaciones Institucionales, aseguró que no correspondían los pedidos de nulidad que presentó la defensa en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad.

El Gobierno provincial reafirmó los alegatos contra represores

El secretario de Justicia, Marcelo D´Agostino, en una de las audiencias en 2016. Foto: Prensa de Gobierno Mendoza.

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Publicado el 23 DE MAYO DE 2017

El secretario de Justicia y Relaciones Institucionales, Marcelo D´Agostino, se presentó este martes 23 de mayo como querellante por la provincia de Mendoza. En este contexto, el funcionario respondió a los planteos de la defensa, que había exigido la nulidad de las acusaciones en contra de su defendido por el cambio de gobierno.

La actitud de la defensa no es nueva porque ha pedido de manera reiterada que se consideren nulos los juicios. En las últimas presentaciones, Carlos Reig, abogado defensor del excomisario Antonio Indalecio Garro, insistió en la idea de que los delitos cometidos durante la dictadura no deben ser considerados de lesa humanidad. Fue durante esas presentaciones cuando el equipo de la defensa pidió que no se consideraran los planteos de Sergio Bonsangue, exsecretario de Justicia.

El 1.º de diciembre de 2015, el ahora exfuncionario señaló que antes de 1976 se desarrolló un “terrorismo ideológico" desplegado por el gobierno constitucional. En este sentido, hizo un repaso de los actos de represión que se vivieron en la provincia y pidió condenas para los responsables de los delitos de privaciones abusivas de la libertad, tormentos agravados, abusos deshonestos, violaciones agravadas y desapariciones. En ese momento, a ocho días del cambio de gestión, Bonsangue solicitó la pena de 12 años de prisión para Garro y otros miembros de la policía, al tiempo que reclamó que los vejámenes de la dictadura fueran considerados como delitos de lesa humanidad.   

D´Agostino explicó que uno de los argumentos de la defensa fue que se leyó el requerimiento de elevación a juicio y que no se habían valorado algunas pruebas. En los planteos de la defensa figura además que no se había cumplido con las especificaciones que dan los artículos 40 y 41 del Código Penal de la provincia. “No corresponden los planteos”, esgrimió de manera escueta el funcionario, quien aprovechó y valoró el rol del gobierno provincial en la continuidad de los juicios.

A pesar de las demoras de la defensa en los alegatos, los miembros de los colectivos de derechos humanos se esperanzan con la idea de que se conozcan las sentencias dentro de poco tiempo. La Megacausa concentra cerca de 20 causas por delitos cometidos durante la última dictadura militar y se juzga a 34 agentes policiales que tuvieron participación directa e indirecta en esos vejámenes.
 

El rol del defensor

En un artículo de opinión publicado en la página Juicios Mendoza, Fabiana Rousseaux, psicoanalista y coordinadora de Territorios Clínicos de la Memoria, criticó los argumentos que dio el abogado defensor Reig, quien en una de las alocuciones citó a la especialista. “El alegato del defensor de la Policía Provincial, Carlos Reig, no puede leerse sin el contexto de lo que está sucediendo en el país desde que asumió el gobierno de (Mauricio) Macri. Su alegato, y el de muchos abogados defensores, constituye una parte esencial y sistemática del descrédito que pretende imponerse sobre la figura de las víctimas del terrorismo de Estado”, sentenció la especialista en la publicación.

Según explicó, existe un “negacionismo” en las palabras del letrado, quien negó el hecho de que el Estado fue responsable de los actos que se juzgan y "provoca un discurso que anula esa responsabilidad" de los genocidas.

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