La despenalización de drogas para consumo personal es uno de los grandes debates pendientes desde el 2010, cuando algunas marchas masivas lograron instalar el tema en la agenda pública, aunque no así en la legislativa, donde los proyectos de ley quedaron estancados.

Recientemente el panorama nacional se vio ilustrado con 60.000 personas en las calles del país. La Marcha Mundial de la Marihuana (MMM) en Mendoza convocó a 3 mil personas. El narcotráfico, los derechos individuales y la derogación de la ley de estupefacientes vigente fueron las consignas.

Al parecer este año el Congreso estará dispuesto a tratar las iniciativas, que proponen modificaciones a la ley 23.737, de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes.

 El próximo 12 de junio la Comisión de Prevención de Adicciones de la Cámara baja tratará el proyecto.

 La iniciativa despenaliza la tenencia personal siempre y cuando no perjudique a terceros. De esta manera,  se despenaliza el autocultivo ya que, según el argumento, de lo contrario e incentivaría al consumidor a que vaya a comprar y el objetivo es desarticular la red del narcotráfico.

En marzo de este año, el senador oficialista Aníbal Fernández ubicó en el centro de las miradas su proyecto de despenalización de la tenencia.

En la Cámara de Diputados, hace dos años atrás, fueron presentados nuevamente tres proyectos, los cuales deberán ser tratados por las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico (presidida por el radical Mario Fiad) y Legislación Penal (comandada por el kirchnerista Oscar Albrieu).

En esta oportunidad, las bancadas buscan unificar una estrategia que les permita darle impulso al debate y consensuar un solo proyecto, ya que las diferencias no son insalvables y los argumentos son similares con el objeto de acordar visiones y complementar propuestas. Proyectos destinados al debate en serio

 Los legisladores que han realizado aportes en este sentido, han estudiado y verificado datos reales y argumentos a tener en cuenta. En la búsqueda para que haya un abordaje legislativo están evaluando la complementariedad de las propuestas.

 En la Cámara baja, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Victoria Donda (representante de Libres del Sur), fue la que propuso debatir la despenalización de la marihuana. También presentaron iniciativas la diputada Diana Conti ( del Frente para la Victoria) y Ricardo Gil Lavedra ( de la UCR), acompañado por Manuel Garrido, Ricardo Alfonsín y Estela Garnero (miembros de Córdoba Federal).

 Estos proyectos se fundamentan en el artículo 19 de la Constitución Nacional, donde se estipula que "las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”, y que “ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe".

 En este sentido, el texto de Conti argumenta que “no cabe penalizar conductas realizadas en privado que no ocasionan peligro o daño a terceros” y que “los argumentos basados en la mera peligrosidad abstracta, la conveniencia o la moralidad pública no superan el test de constitucionalidad”.

 Para Donda “la actual ley de drogas criminaliza sistemáticamente a los usuarios, ya que los obliga a demostrar su inocencia una vez sometidos al proceso penal”, hecho que colapsa los juzgados con causas de este tipo. Del mismo modo, el texto impulsado por Gil Lavedra “evita la criminalización de conductas que pueden estar comprendidas dentro del ámbito de autonomía de cada individuo”

 El proyecto de Donda propone derogar el artículo 5 de la Ley de Estupefacientes, donde se establece que “será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a quince años y multa de seis mil a quinientos mil australes el que sin autorización o con destino ilegítimo siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes, o materias primas, o elementos destinados a su producción o fabricación”.

 Este artículo indica que “cuando por la escasa cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias, surja inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes para consumo personal, la pena será de un mes a dos años de prisión”. Mientras que Donda propone derogarlo, Conti alienta a mantenerlo, pero indicando que en ese caso “el hecho no será punible”.

En tanto, desde el radicalismo proponen una nueva redacción de este artículo, pero aclarando, al igual que Conti, que el consumo individual de drogas no constituye un delito.

 Del mismo modo, y con el objetivo de combatir el narcotráfico, la iniciativa de Aníbal Fernández propone “no estigmatizar ni perseguir a quien consume e ir detrás del distribuidor”.

 Olmedo: un caso “serio”

 El diputado Alfredo Olmedo criticó duramente el proyecto presentado que prevé la despenalización en el consumo personal de estupefacientes. "La legalización de la droga, incluso parcial, no conduce a una solución, sino que agrava aún más su control y erradicación”, aseguró.

 “Despenalizar la droga, es como apagar un incendio con nafta, la droga se combate con vida sana y no cultivándola en casa”, volvió a insistir Olmedo y argumentó que la mejor manera de combatirla es con una sólida base educativa.

 En este sentido, el diputado recordó su proyecto de ley de enseñanza contra la droga en la escuela primaria y secundaria de forma obligatoria, “para formar valores y crear conciencia del grave problema”.

 Lo anterior  se encuentra articulado con su “otro proyecto de salud”, donde se formula que la escuela realice exámenes para detectar adictos o consumidores.