Después de 30 años, Argentina se apresta a aprobar una nueva ley de VIH

El proyecto está enmarcado en la perspectiva de género y los derechos humanos. La sesión del Senado será desde este medio día. Los aspectos distintivos.

Después de 30 años, Argentina se apresta a aprobar una nueva ley de VIH

El proyecto fue elaborado en conjunto por organizaciones que impulsan desde 2013 la reforma de la ley vigente. Foto: Camila Godoy /Télam

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Publicado el 30 DE JUNIO DE 2022

El Senado de la Nación se apresta a aprobar este jueves una nueva Ley de VIH que remplace a la actual 23798 y su "enfoque biomédico" por un nuevo texto "con perspectiva de género y derechos humanos", que fue elaborado en conjunto con organizaciones que vienen impulsando esta reforma desde 2013. El proyecto de ley nacional de respuesta integral, además, no está solo referido al VIH, sino que incorpora en una misma normativa a las hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y la tuberculosis.

"La ley de 1991 es muy buena porque ofrece la gratuidad de la prevención, del diagnóstico y del tratamiento, pero en estos 30 años, hemos aprendido que no es suficiente, que hay que prestar atención también a los determinantes sociales de la salud", dijo Matías Muñoz, coordinador del capítulo Argentina de la Alianza Mundial contra el Estigma y la Discriminación Asociados al VIH, esta semana durante el webinar "Nueva Ley de VIH y hepatitis, de Argentina al mundo".

Es que el proyecto apunta a la erradicación de las prácticas discriminatorias; la prohibición definitiva de la prueba del VIH y otras ITS como parte de los exámenes preocupacionales; el impulso a la producción pública de medicamentos e insumos; la participación activa de las personas con diagnóstico positivo en el diseño de políticas, y la posibilidad de jubilarse anticipadamente o de acceder a una pensión no contributiva de carácter vitalicio en caso de situación de vulnerabilidad social.

"La de 1990-91 era una ley de emergencia de vida, mientras que la que proponemos es una ley de calidad de vida, de acceso a los derechos que nos corresponden", dijo a Télam el periodista y activista VIH+ Lucas Fauno Gutiérrez.

"Así como fue en los 90, fuimos pioneros. Hoy no hay otros países que estén trabajando en leyes así y hay mucha expectativa, porque lo que se dice es: 'Si Argentina lo logra, nosotros también podremos'", dijo a Télam Andrea Rotela, de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH/Sida (ICW Argentina).

 

Aprobación en la Cámara Baja

El pasado 5 de mayo, Diputados dio media sanción, por 241 votos positivos y solo 8 negativos, a la "Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y tuberculosis (TBC)" después de que el proyecto perdiera estado parlamentario en 2017, 2019 y 2021.

En forma unánime y con más fuerza desde entonces, organizaciones de la sociedad civil y de personas viviendo con el virus reclaman la "urgente" sanción del proyecto porque "no hay más tiempo". Hoy, el Frente Nacional por la Salud de las Personas Viviendo con VIH, que conforman más de 40 organizaciones, se manifestará en el Congreso a partir de las 12 para acompañar el desarrollo de la sesión prevista para las 14.

Desde el Frente, aseguran la necesidad de la aprobación. Es que el 17 % de las 140 mil personas que conviven con el virus en Argentina desconocen el diagnóstico, mientras que cada año se registra un promedio de 4500 nuevos casos diagnosticados y más de 1300 muertes relacionadas con el Sida. Pero, además, los años de medicalización producen un envejecimiento prematuro, mientras que la discriminación histórica obstaculiza derechos básicos, como el empleo, y con ello, la posibilidad de acceso a una vivienda y una vejez digna.

La iniciativa destina todo un capítulo a "las mujeres y personas con capacidad de gestar". En él, consagra los derechos que les asisten en relación con el acceso a la información (sobre su propia salud y la del bebé, pero también sobre las opciones de parto "favoreciendo el derecho al parto vía vaginal"), así como a la atención integral durante el embarazo y posparto.

En ese sentido, establece que los programas de promoción de la salud y prevención del VIH, hepatitis virales y otras ITS deben tener en cuenta las discriminaciones y violencias que sufren las mujeres. "Siempre fuimos un sector invisibilizado porque a la sociedad todavía le hace ruido que una mujer heterosexual viva con VIH, porque la pandemia tuvo un inicio muy vinculado a las personas gays y travesti/trans. Por eso, para nosotras, que nos hemos sumado sin ser protagonistas, tener una ley que nos nombra y nos defiende es importantísimo", dijo Rotela.

 

Contra la violencia obstétrica

"Estamos tratando de garantizar aspectos que hoy no están, como la protección frente a la violencia obstétrica, que es mucha, porque el sistema de salud no está capacitado y pasa muy seguido que nos desalientan de tener hijos o de tener un parto vaginal, cuando tranquilamente lo podemos hacer", agregó Rotela.

Un estudio realizado en Argentina por parte de la Iniciativa Spotlight y ICW reveló que al 20 % de las mujeres se le ha negado algún servicio de salud por tener VIH, y que casi 3 de cada 10 recibieron alguna vez el consejo de "no tener hijos" por parte de personal de salud.

La iniciativa también plantea la creación de dos nuevos regímenes de la seguridad social para personas con VIH o hepatitis B o C: una jubilación anticipada para quienes tengan más de 50 años, 20 de aportes y al menos 10 años como persona positiva, y una pensión no contributiva igual al 70 % del haber mínimo para aquellos mayores de 18 años que se encuentren en situación de vulnerabilidad social. "Son dos medidas para tratar de reducir los indicadores de mortalidad porque sabemos que, en nuestro país, aquellas personas que mueren por causas vinculadas al Sida lo hacen también por causas relacionadas con la pobreza y la discriminación", dijo Muñoz.

Además, el proyecto focaliza en las cinco "poblaciones clave y/o en mayor vulnerabilidad" identificadas por Onusida (personas transgénero, personas que ejercen el trabajo sexual, varones que tienen sexo con otros varones, personas en situación de encierro y/o personas que usan sustancias psicoactivas), aunque sin enumerarlas; fija sanciones para distintos incumplimientos de la ley, y crea el Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación en relación con la condición de persona positiva.

"Si yo me paro y digo que soy una persona diabética, no genera ningún ruido o situación, más allá del comentario: 'Uy, qué cagada', pero no es así cuando uno dice: 'Soy VIH+': la mirada del otro cambia, y más si estás queriendo conseguir trabajo o relacionarte sexoafectivamente con otra persona. Lamentablemente, nos pasa seguido", dijo Rotela.

El texto también deroga el Decreto 906/95, que establecía la obligatoriedad del test para ingresar o permanecer en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y generaba instancias para combatir la "criminalización por la sola condición de la infección". "Si bien no reforma las leyes penales existentes, es una antesala fabulosa hacia la eliminación de la criminalización. Argentina es un país que, lamentablemente, tiene tres condenas por la supuesta transmisión del VIH: una de 2000, otra de 2015, y la última, de 2021. Varias organizaciones estamos trabajando en la capacitación de agentes del Poder Judicial para poder mejorar esta situación, algo muy importante ante el avance conservador", dijo Muñoz.

Fuente: Télam

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