Mendoza se conmocionó esta semana con la noticia de tres niñas abusadas sexualmente. Dos de ellas cursan embarazos avanzados (seis y ocho meses de gestación); una tiene diez años y la otra, trece; una vive en La Favorita y la otra, en Tupungato. La adolescente de Maipú, de 15 años, denunció por su cuenta al abusador y está internada.

Estos casos no son aislados e incrementan los datos arrojados por el documento de Unicef (Jornada sobre Políticas para la disminución de embarazos en adolescentes, junio 2017), donde se observa que en 2015 hubo 2787 nacimientos de madres menores de 15 años.

Dicho documento advierte:

"Resulta preocupante la naturalización de las situaciones de acoso y coerción por parte de las adolescentes, así como las actitudes de descreimiento, ocultamiento y culpabilización por parte de sus familias. Una explicación posible frente a esta problemática es que, en determinados contextos, las adolescentes y sus familias no cuentan con herramientas para identificar y comunicar a los organismos del Estado las situaciones de abuso sexual. Los embarazos en menores de 15 años agudizan la vulnerabilidad de este grupo de adolescentes frente a la pobreza, la exclusión" (página 14).

Los embarazos de niñas menores de 15 años implican, según datos cualitativos, el abuso sexual y/o violación. Generalmente este tipo de vejamen es perpetuado por personas adultas y cercanas al ámbito cotidiano y relacional. Cabe destacar que, en este tipo de abusos, las víctimas no son sólo niñas, sino también los niños, y la situación se recrudece cuando las víctimas son niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

El mencionado documento ofrece algunas recomendaciones. Entre ellas, destacamos:

• Desnaturalizar el abuso sexual a nivel comunitario y comunicar claramente las vías posibles de intervención para la población en general. Generar espacios de diálogo y escucha donde los niños, niñas y adolescentes puedan expresarse sobre estos temas.
• Lograr que todos los agentes del Estado en contacto con adolescentes brinden una escucha atenta, respetuosa y libre de prejuicios. Es necesario capacitarlos en las prácticas y procedimientos que corresponden ante sospechas o abusos confirmados según su rol y funciones.

Por tanto, es imperiosa la aplicación efectiva de la Ley N.º 26150 que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, de aplicación en todos los niveles educativos, tanto de gestión estatal como privada, ya que, de momento, se implementa de forma irregular y son escasos los datos y la evaluación de dicho programa. Además, leyes como la N.º 26061, de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes, y la N.º 24417, de Protección Contra la Violencia Familiar, indican el deber de denunciar casos de abuso sexual. 

Como sociedad debemos poner en discusión las políticas de prevención y protocolos integrales de atención –prácticamente inexistentes– ante casos de embarazos y abusos sexuales.