El Consejo de la Magistratura no impulsó la suspensión del juez federal Bento
El magistrado, con competencia electoral en Mendoza, está acusado de cobrar supuestas coimas para favorecer a presos.

La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió este jueves no impulsar el proceso de desafuero y suspensión del juez federal de Mendoza, Walter Bento, con prisión preventiva, acusado de cobrar supuestas coimas para favorecer a presos.
Bento, juez federal con competencia electoral en esta provincia, se encuentra imputado como presunto líder de una asociación ilícita, cohechos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El magistrado fue imputado en los primeros días de mayo pasado por el fiscal Dante Vega. Meses después, el juez Eduardo Puigdéndolas, su colega de San Rafael, dictó el procesamiento.
Tras la votación y reunión virtual, los integrantes de la comisión decidieron rechazar el pedido de su par Pablo Tonelli para el desafuero y suspensión, y que el magistrado continúe en su cargo en la justicia Federal, además de poseer competencia electoral. La mayoría de los integrantes votó en contra al considerar que aún falta conocer los resultados de numerosas medidas de prueba que vienen demoradas.
El legislador del PRO fue el único que votó a favor de su propuesta. En tanto, Diego Molea, presidente del Consejo de la Magistratura, se abstuvo.
Bento, a quien la justicia le embargó una suma de $ 177 610 000, está acusado de ser jefe u organizador de una asociación ilícita y de haber cometido los delitos de cohecho pasivo en calidad de autor en al menos once hechos; de ser penalmente responsable del delito de retardo de Justicia, de haberse enriquecido ilícitamente y por lavado de activos.
A mediados de este año, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó el procesamiento de 22 personas, entre las que se encuentran el juez federal 1 y su esposa Marta Boiza, suspendida de su cargo como empleada judicial y también investigada por enriquecimiento ilícito.
La investigación se inició luego de que la Fiscalía Federal 2 de Mendoza remitió para ello las constancias de un peritaje al teléfono de un detenido por narcotráfico en el que aparecían mensajes con su abogado, los que daban cuenta de la existencia de maniobras judiciales irregulares sobre la liberación de personas detenidas a disposición del juez Bento.
Fuente: Télam
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