Suspendieron por 15 días el segundo juicio por los abusos en el Próvolo

Es a raíz de la pandemia. La decisión ya fue notificada a las partes. Lo confirmaron los querellantes.

Suspendieron por 15 días el segundo juicio por los abusos en el Próvolo

La religiosa de origen japonés Kumiko Kosaka es una de nueve imputadas en el segundo juicio. Foto: Unidiversidad

Sociedad Unidiversidad Abusos en el Instituto Próvolo / por Verónica Gordillo / Publicado el 09 DE ABRIL 2021

La Justicia suspendió el inicio del segundo juicio por los abusos en el Instituto Antonio Próvolo por 15 días hábiles, a raíz de la pandemia de la COVID-19. Así lo confirmó a Unidiversidad el querellantes Sergio Salinas.

Las partes ya recibieron la comunicación oficial de la suspensión por 15 días hábiles del proceso (a contar desde el 13 de abril) que tenía  fecha de inicio el lunes 12 de abril.

A través de una comunicación electrónica, el Tribunal que llevará adelante el juicio informó a las partes la suspensión debido a la situación sanitaria provincial a consecuencia del rebrote del virus de la COVID-19.

En el comunicado se aclara que la decisión busca, además, adecuar los recursos técnicos a esta situación de excepción, con el fin de garantizar el distanciamiento social preventivo y obligatorio.

Pese a esta decisión, el Tribunal informó que las partes deberán estar presentes en forma virtual en la audiencia prevista para el lunes 12 de abril a las 8.

 

Un juicio complejo

El segundo juicio por los abusos en el Instituto Próvolo será largo y complejo. Las razones son múltiples: las restricciones impuestas por las pandemia, la cantidad de imputadas (nueve) y la unificación de tres causas en una.

El proceso, cuyo inicio se suspendió por 15 días hábiles, lo llevarán adelante integrantes del Tribunal Penal Colegiado N.º 2, presidido por Horacio Cadile. Actuarán como vocales Gabriela Urciuolo y Rafael Escot, y como suplentes, Belén Salido y Belén Rena. El Ministerio Público estará representado por Alejandro Iturbide, jefe de fiscales de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual.

 

Restricciones por la pandemia

La primera razón por la que este juicio será complejo son las restricciones impuestas a raíz de la pandemia. Por esto, se realizará en forma semipresencial, es decir que en la sala estarán el presidente del tribunal y las imputadas, que asistirán solo a las audiencias en que se lean las acusaciones en su contra, y luego podrán optar por ser representadas por sus defensores y defensoras. También estarán presentes en la sala intérpretes de lengua de señas de parte, es decir que integran la defensa de las acusadas.

Como en el primer juicio, la prensa no tendrá acceso a las audiencias, debido a que los hechos que se juzgan son de instancia privada y que los y las denunciantes son menores de edad. Ahora no se permitirá ingresar tampoco a los pasillos de Tribunales, con la intención de reducir la circulación de personas.

 

Nueve imputadas

Otra razón por la que será complejo este segundo proceso es la cantidad de imputadas, que son nueve: las religiosas Kumiko Kosaka (46) y Asunción Martínez (53), y las exdirectivas y trabajadoras del Instituto Graciela Pascual Ivars (65), Gladys Edith Pinacca Andrade (66), Cristina Fabiana Leguiza Funes (50), Valeska Elizabeth Quintana Valenzuela (48), Laura Alejandra Gaetan Sicardi (60), Cecilia Alejandra Raffo Andreotti (43) y Noemí del Carmen Paz Torrez (63).

La única que cumple prisión preventiva en modalidad domiciliaria es la religiosa Kosaka. El resto de las acusadas enfrentará el juicio en libertad.

Este elevado número de acusadas implica además un grupo de defensoras y defensores, una situación distinta al primer juicio, en el que los tres imputados tenían una misma letrada oficial. Ahora, las dos religiosas serán defendidas por Carlos Varela Álvarez, Lucas Fallet, Valeria Corbacho y Enoc Ortiz; Pascual, Leguiza, Funes y Paz, por Víctor Banco y Carolina Debeta, de la 12.ª Defensoría Oficial de Pobres y Ausentes; Pinacca, por Pablo Eduardo Ortiz y Pamela Farías; Raffo, por Pablo Ortiz y Alfredo Paturzo; Quintana, por Lilia Raia de Lascano, y Gaetan, por Alejandro Luis Moreno y Alberto Tonelli.

Además, se sumarán las intérpretes en lengua de señas oficiales y las de parte, que también estarán en el proceso. Estas últimas, debido a que la defensa de las dos religiosas cuestionó en diversas oportunidades el trabajo de las intérpretes oficiales, un reclamo que planteó en el primer juicio y que rechazó el máximo tribunal mendocino.

En cuanto a la querella, la defensa de un grupo de sobrevivientes estará a cargo de Diego Jorge Lavado, Sergio Salinas, Juan Carlos Dantiacq, Lucas Lecour, Francisco Machuca, Gonzalo Evangelista, Juan Manuel Lavado, Leandro Rodríguez Pons y María Mercedes Duberti (Xumek), mientras la de otro grupo correrá por cuenta de  Oscar Barrera y Leandro Lanci.

 

Tres causas en una

Otra razón por la que este nuevo proceso será complejo es que se unificaron tres causas en una, ya que se iniciaron a medida que avanzó la investigación que comenzó a fines de  2016.

En dos de las causas está acusada por siete hechos la religiosa de origen japonés Kosaka: como autora de un abuso gravemente ultrajante cometido contra un menor, por abuso sexual simple agravado, como partícipe primario en términos de comisión por omisión (es decir no proteger a niños y niñas a su cargo) y por tres hechos de corrupción de menores.

Además de esas dos causas contra la religiosa, en este juicio se integró una tercera en la que están las otras ocho imputadas. Pascual, Martínez y Paz serán juzgadas por participación necesaria en términos de comisión por omisión al deber de garante, es decir que no protegieron a los niños y niñas a su cargo, quienes fueron víctimas de abusos sexuales por parte de las personas que ya fueron condenadas por este delito en el primer juicio.

En cuanto a Pinacca, Leguiza, Gaetan, Quintana y Raffo están acusadas como partícipes secundarias en términos de comisión por omisión emergente de la violación al deber de garante, es decir que se las acusa de no proteger a los niñas y niñas a su cargo.

 

Cuatro condenados

La investigación judicial del caso Próvolo se inició en noviembre de 2016, cuando un integrante de la comunidad de personas sordas de Mendoza concurrió a un encuentro sobre niñez en la Legislatura y le pidió ayuda a la senadora Daniela García para que exestudiantes pudieran hacer las denuncias con todas las garantías del proceso. 

Por el caso, un acusado fue declarado inimputable y otros cuatro fueron condenados. En septiembre de 2018, Jorge Bordón aceptó su culpabilidad y fue sentenciado a 10 años de prisión, mientras que los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho y el jardinero Armando Gómez recibieron condenadas de 42, 45 y 18 años respectivamente, al finalizar el primer juicio el 25 de noviembre de 2019.