Valeria Pérez Chaca, trabajadora social, especialista en niñez y adolescencia y docente de la UNCUYO, señaló que estos casos de embarazos avanzados en niñas, producto de un abuso, demuestran que "hemos llegamos tarde como sistema". Y resulta, entonces, fundamental, activar los mecanismos de acompañamiento integral que posibiliten restituir la mayor parte de los derechos de estas niñas que ya fueron vulnerados.

Respecto de la prevención, la especialista dio cuenta de que Mendoza cuenta con programas específicos para la prevención del maltrato infantil y juvenil, pero en estos casos todos los actores de la órbita de la salud y la justicia son responsables. No hay que centrarse solo en el abuso sino en qué pasó para que una niña haya sido maltratada a ese nivel. Dado que algunas familias no advierten las situaciones de abuso, corresponde preguntarse qué sucedió en la escuela.  

Pérez Chaca formuló que la niña está gestando pero que tanto ella como su bebé son niños, por lo cual "esto no la constituye en madre sino en gestante". Destacó que "ella es es la punta del iceberg y la víctima más grave", pero hay una situación de vulnerabilidad en la familia. Advirtió, asimismo, que cada caso debe analizarse particular e integralmente.

Finalmente, en relación al aborto no punible, la especialista manifestó que estos casos más resonantes responden a "comunidades altamente vulnerables en términos sociales", ya que en otros sectores socioeconómicos se invisibiliza, procediendo a un aborto pago y seguro. Sin embargo, en un estadío avanzado de embarazo, debe analizarse cómo proceder. En los casos que han trascendido recientemente, someter a la niña a cualquier situación, un aborto o una cesárea, "es una huella para ella imborrable".