El problema con dimensionar el empleo público es siempre complejo pues se refiere a cuál es su tamaño. Pero, ¿en relación con qué? Siempre primero los objetivos, en función de eso: los instrumentos (J Tinbergen).

Algunos hablan de sustentabilidad: cuántos empleos privados son necesarios para sostener el empleo público. Pero en realidad, como siempre, la pregunta es ¿para qué?

El número en sí mismo es poco representativo: sirven o no. Son eficientes (hacen al cumplimiento de sus objetivos o no). Es similar al monto de la dieta que cobran los concejales: es poco o mucho depende de lo que hagan (el honor de la representación mucho tiempo fue ad honorem).

Si bien los indicadores no son los mismos que en el sector privado, el número está ligado a la satisfacción o no de los habitantes. Hoy hay una sensación generalizada de no cumplimiento de los objetivos. Estamos en presencia de un cambio de paradigma: del Estado como problema al Estado como parte de la solución del tema del desarrollo.

Si bien los municipios se han transformado en activo agente –y bien importante– en el desarrollo local, siempre corren el riesgo de convertirse en agencias de empleo. Por supuesto, esto nos lleva al tema de cómo se mide la productividad.

Se están produciendo grandes cambios en el mundo del trabajo, producto de los procesos ocurridos en el devenir de la humanidad y la producción de bienes y servicios, el impacto de las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comunicación. Por ejemplo, en el campo, el empleo rural no agropecuario (ERNA) es mayor al empleo rural agropecuario (ERA). Hay más comerciantes, peluqueros, docentes, policías, enfermeros, médicos en las zonas no urbanas, que agricultores.

En todo el mundo, el empleo agrario (primario) e industrial (secundario) cede ante los servicios (terciario). Sumado al proceso de globalización y deslocalización de plantas en busca de ganancias de competitividad vía salarios bajos, que deja atrasado el concepto de economías de escala frente al de economías de alcance (S Sassen).

En nuestro país, el Estado debe garantizar un correcto acceso y ejercicio de la justicia, la educación, la seguridad, el uso de espacios públicos, la justicia social, la convivencia ciudadana, el medio ambiente, la transparencia en el uso de los recursos de la comunidad, entre otros, y cada vez más esto se les reclama a la autoridad más cercana: el municipio.

El mayor o menor logro de sus objetivos legitimiza a los gobernantes, a los funcionarios y empleados públicos, y dota de sentido a su estructura y  tamaño.

Por Roberto Roitman

El autor es profesor de Economía Social y Politicas de Creación de Empleo en la Maestría en Políticas y Planificación Social de la UNCUYO.