Escala el caso del subsidio al pastor Bonarrico

El Gobierno demandará al exsenador por tentativa de fraude. En tanto, la oposición denunciará al ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, y a Bonarrico, que, además, presentó un comunicado alegando ofrecimiento de cargo público.

Escala el caso del subsidio al pastor Bonarrico

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

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Unidiversidad

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Publicado el 27 DE MAYO DE 2022

Este viernes 27 de mayo, el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, brindó una conferencia de prensa en la que consignó que demandarán al pastor Héctor Bonarrico por "tentativa de fraude a la administración pública" por el caso del subsidio (finalmente anulado) a la Fundación Acción Social que preside el exsenador provincial. 

"La transparencia de este procedimiento es evidente, es pública y tiene que ver con un expediente que sigue un trámite administrativo como tantos otros. Acá no hay nadie del gobierno de Suarez que no estuviera al tanto de todo, como así también, la intervención de todas las áreas que tienen que ver con estos asuntos", explicó el funcionario.

Sobre las declaraciones de Bonarrico, Ibañez deslizó: "Evidentemente, las manifestaciones del exsenador Bonarrico invierten el destino por el cual fue solicitado por esta asociación el subsidio. Eso es lo que motiva a la decisión del Gobierno de la provincia (ayer jueves) de dar de baja el convenio, dejando sin efecto el decreto, y de iniciar la acción penal. Vamos a iniciar la acción penal por tentativa de fraude a la administración pública”.

La denuncia del PJ

Días atrás, el pastor dio una entrevista radial cuando se conoció la entrega del subsidio tras la publicación del decreto 684 en el Boletín Oficial de la provincia. En esa nota dijo que la entrega de los fondos era parte de un "acuerdo político" como líder de su partido. Las declaraciones llevaron al Ejecutivo provincial a derogar la normativa.

Los hechos levantaron polvareda en la política local. La presidenta del PJ mendocino, Anabel Fernández Sagasti, confirmó este viernes que harán una denuncia penal por averiguación de delito contra el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, y el pastor Héctor Bonarrico por el convenio que otorgaba 18 millones de pesos a la fundación del exsenador, presuntamente a cambio de favores políticos.

Fernández Sagasti justificó la denuncia contra estos actores porque "fueron los que firmaron el convenio, el 23 de febrero, que fue ratificado por decreto posteriormente". Agregó la senadora nacional que incluirán en la denuncia al tesorero de la fundación de Bonarrico, Eduardo Erario, que también puso la firma.

"Igualmente, el fiscal tiene la facultad de involucrar a todos los que crea que participaron del potencial delito", completó Fernández Sagasti, en alusión a la presunta responsabilidad del gobernador Rodolfo Suarez, que –según la presidenta del PJ– estaba al tanto de la firma del convenio, más allá de que lo haya negado. "Es un hecho nunca visto en la política mendocina”, sumó.

Luego, el Partido Demócrata, de la mano de Mercedes Llano, solicitó un pedido de informe exigiendo al Gobierno que dé explicaciones sobre lo ocurrido con los fondos y el estado actual del convenio.

Ante estas denuncias de la oposición, el propio ministro de Gobierno dijo: "Hay oportunismo político. El PJ tiene todo el derecho de iniciar las acciones que correspondan. El convenio fue público, transparente, siguió todos los carriles administrativos, a los fines de otorgar subsidios a entidades de interés público. El expediente siguió un trámite administrativo y llegó a su publicación en el Boletín Oficial", explicó Ibañez.

El comunicado de Bonarrico 

En medio del escándalo generado por el subsidio millonario, Bonarrico afirmó este viernes, por medio de un comunicado, que también recibió el ofrecimiento de un cargo público.

“Deseo aclarar que dicho acuerdo se basó en un ofrecimiento que se me hiciera para crear, dentro de la estructura estatal, una dirección ‘interculto’ para que yo ocupara el cargo de director. Ofrecimiento que decliné por no querer engrosar el gasto público ni recibir un sueldo del gobierno provincial”, expresó el presidente del partido Masfe.

Según su relato, también le ofrecieron el cargo de director, que no aceptó. “Propuse entonces que, en vez de crear una dirección, la Fundación Acción Social pusiera la estructura, totalmente ad honorem, para coordinar y llevar a cabo los programas de los que se encargaría la dirección que pretendían crear”, relató.

 

El comunicado completo del pastor

En el día de ayer, distintos medios periodísticos de Mendoza publicaron el decreto por el cual el gobierno provincial destinaría fondos a la Fundación Acción Social, la cual presido y de la cual soy fundador. Esos fondos serían destinados a distintos programas sociales, educativos y de apoyo a las comunidades evangélicas de Mendoza. Sin embargo, una vez que se publicó, el gobernador Rodolfo Suarez procedió a derogar el decreto aduciendo que “desconocía” el acuerdo al que habíamos llegado con funcionarios de primera línea de su gobierno, el cual fue aprobado luego de varios meses de trabajo conjunto.

Deseo aclarar que dicho acuerdo se basó en un ofrecimiento que se me hiciera para crear, dentro de la estructura estatal, una dirección “interculto” para que yo ocupara el cargo de director. Ofrecimiento que decliné por no querer engrosar el gasto público ni recibir un sueldo del gobierno provincial.

Propuse entonces que, en vez de crear una dirección, la fundación Acción Social pusiera la estructura, totalmente ad honorem, para coordinar y llevar a cabo los programas de los que se encargaría la dirección que pretendían crear.

Nadie en la fundación cobraría por la organización y coordinación de los programas y el dinero, además de ir directamente (y no a través de una estructura estatal) a la ayuda social, sería auditado trimestralmente.

El gobierno provincial destina millones de pesos en otras direcciones que también generan programas para diversos destinatarios: por ejemplo, la dirección de Género y Diversidad, que tiene un presupuesto anual de $70 millones con los que sí se pagan sueldos a funcionarios y empleados públicos, pero cuyo destino no se audita cada tres meses como sí se hace en el caso de los fondos derivados a las fundaciones.

Es por eso que me sorprende la actitud del gobernador Rodolfo Suarez de derogar un decreto que iba destinado a financiar programas educativos y de ayuda social a través de las iglesias evangélicas, que cumplen un rol tan importante en la sociedad como cualquier otro culto religioso.

Me sorprende que el Gobernador dijera que “no estaba al tanto” del acuerdo al que había arribado no con un dirigente político sino con un Ministro de primera línea y que luego fuera refrendado por quien es su actual vicegobernador, el señor Mario Abed (a cargo del ejecutivo, por ausencia del Sr. Gobernador, quien estaba al tanto y había autorizado el decreto).

Si realmente el Gobernador no estaba enterado, alguien debería presentar su renuncia. O bien el gobernador que no se entera de lo que hacen sus ministros, o bien los ministros que actúan a espaldas del gobernador.

Me sorprende que algunos medios de comunicación hayan publicado la firma del decreto, calificando la suma acordada como “millonaria” cuando el mismo gobierno destina millones en pauta publicitaria para los distintos medios mendocinos. ¿Está bien que se usen fondos públicos para poner publicidad en los medios, pero está mal que se usen para solventar programas de ayuda social?

Puse a disposición la estructura de la fundación Acción Social para ahorrarle dinero a los contribuyentes y que los fondos sean utilizados no en sueldos sino en programas educativos para la comunidad. Y que, además, fueran auditados.

Tal vez para el gobierno sea mejor crear estructuras donde nadie controla los gastos ni adónde va a parar el dinero, pero mi intención fue, por el contrario, asegurar la transparencia y el efectivo uso de los fondos públicos.

Héctor Bonarrico, Fundación Acción Social

Fuente: Radio Mitre / Los Andes

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